El poder del Estado en Guatemala

Guatemala atraviesa un momento en el que el Estado está siendo puesto a prueba no solo por la violencia criminal, sino por la fragilidad acumulada de sus propias instituciones. La oleada en enero de motines carcelarios y asesinatos de policías no es solo un desafío de seguridad: recuerda hasta qué punto la corrupción, la captura del sistema judicial y el abandono social han erosionado la autoridad pública durante décadas. El Gobierno de Bernardo Arévalo se enfrenta hoy a las pandillas, pero también a un país que heredó un Estado deliberadamente debilitado.

Las pandillas no surgieron en el vacío. Son el producto de barrios marginados, deportaciones masivas desde Estados Unidos y un sistema penitenciario que durante años funcionó como centro de operaciones del crimen organizado. Combatirlas exige más que despliegues militares: requiere reconstruir capacidades estatales básicas, desde cárceles funcionales hasta un sistema judicial independiente. En ese sentido, reducir la actual crisis de seguridad a una supuesta impotencia gubernamental supone una lectura superficial que ignora el punto de partida.

Arévalo llegó al poder con un mandato incómodo para las élites tradicionales. Sin mayoría legislativa, con una Fiscalía hostil y bajo la presión constante de actores enquistados en el aparato judicial, su margen de maniobra ha sido estrecho desde el primer día. La violencia reciente no ocurre al margen de ese contexto: es también una rea­cción política, una advertencia de grupos criminales que han convivido, y en ocasiones colaborado, con redes de poder acostumbradas a la impunidad.

La respuesta del Gobierno, que incluye el estado de sitio y una ofensiva contra los privilegios carcelarios de los líderes pandilleros, apunta a una consolidación necesaria del monopolio de la fuerza. Afianzar el poder del Estado no es lo mismo que abdicar de los principios democráticos. Guatemala no necesita importar recetas autoritarias disfrazadas de eficacia. La bukelización de la seguridad produce resultados inmediatos en reducción de homicidios, pero a un coste profundo para el Estado de derecho.

Ese dilema atraviesa hoy a toda América Latina. Sociedades agotadas por la violencia están dispuestas a sacrificar libertades a cambio de seguridad. Pero la experiencia regional también demuestra que los atajos autoritarios tienden a consolidarse, no a revertirse, y terminan ampliando la arbitrariedad que dicen combatir. En Guatemala, donde la justicia ha sido una herramienta de persecución política, ese riesgo resulta especialmente alto. El reto de Arévalo es doble: contener una violencia organizada capaz de desestabilizar al país y, al mismo tiempo, evitar que la respuesta erosione aún más unas instituciones ya frágiles. Resistir la tentación autoritaria, reconstruyendo el Estado desde dentro, es más lento y más incierto, pero es la única vía que no condena al país a repetir, una vez más, su propia historia.