Guatemala honra a las víctimas de los motines carcelarios en medio del aumento de la violencia

Las calles de Ciudad de Guatemala se veían casi desiertas este lunes en una imagen inusual para un día laboral, como consecuencia del estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo la víspera, luego de una jornada de violencia que dejó nueve agentes policiales muertos en ataques simultáneos atribuidos a pandilleros del Barrio 18 y motines en al menos tres cárceles del país. Arévalo y altos mandos de seguridad despidieron como héroes a los oficiales, mientras el presidente culpó, sin dar detalles, a “mafias político-criminales” de estar detrás de los hechos violentos para intentar desestabilizar su Gobierno.

Arévalo participó la mañana del lunes en las honras fúnebres de los agentes asesinados. En el transcurso del acto, la Policía Nacional Civil informó del fallecimiento de otro oficial que permanecía hospitalizado, confirmando así un total de nueve víctimas. “El ataque que sufrieron los agentes no fue solo contra ellos ni contra la Policía Nacional Civil, sino contra todo el país, contra un pueblo digno que está cansado de los criminales violentos”, afirmó el mandatario. Tras decretar el estado de sitio, Arévalo culpó a “mafias políticas” de estar detrás de los hechos para desestabilizar un Ejecutivo ya de por sí bastante débil. “Es importante que reconozcamos que nada de esto es casualidad. Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción que crece en las sombras. Son las mafias político criminales que se resisten y buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia y están fracasando”, dijo el presidente.

Los hechos violentos han generado una ola de indignación en un país cuya población está sometida a la violencia de las pandillas y el crimen organizado. A finales de diciembre las autoridades localizaron 12 cadáveres en Santa Lucía Los Ocotes, un poblado rural ubicado a unos 15 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades atribuyeron los hallazgos a un posible “reacomodamiento” de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que se disputan el control de varias zonas del país centroamericano. Arévalo decretó ese mismo mes el estado de prevención en comunidades indígenas del sur del país tras un ataque contra un destacamento militar que dejó al menos cinco muertos y 12 heridos.

El mandatario, sin embargo, ha intentado este lunes enviar un mensaje de firmeza en medio de un incremento de la violencia que demuestra la incapacidad del Gobierno de hacer frente al crimen organizado y las actividades criminales de grupos como la pandilla Barrio 18, nombrada como organización terrorista transnacional por Estados Unidos. De hecho, la Embajada estadounidense en Guatemala censuró los hechos del fin de semana a través de sus redes sociales. “Estados Unidos condena la violencia perpetrada por organizaciones terroristas contra agentes de la Policía Nacional Civil y en las prisiones en Guatemala. (…) Estos terroristas, y quienes cooperen o estén vinculados con ellos, no tienen lugar en nuestro hemisferio”, señaló la sede diplomática.

La crisis de seguridad se produce en un contexto de alta tensión política. Durante el primer trimestre del año, Guatemala deberá elegir a un nuevo fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país. Ante ese escenario, el presidente Arévalo solicitó a finales de 2025 el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) para estos procesos, previendo un periodo de fuertes disputas institucionales.

El Ministerio Público es encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, a quien el presidente Arévalo ha acusado de intentar, sin éxito, fraguar un golpe de Estado para impedir su investidura en 2024. Porras figura además en la lista de actores corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalada por presuntamente “socavar la democracia”, y es una de las principales antagonistas del actual Ejecutivo.

Exfuncionarios y expertos en seguridad consultados en Guatemala coincidieron en respaldar la hipótesis del mandatario sobre las “mafias político-criminales” que intentan desestabilizarlo. Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y exdirector de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP), recordó que, tras la victoria electoral de Arévalo en agosto de 2023, el MP entregó al entonces presidente electo un informe que advertía sobre un posible atentado en su contra por parte del Barrio 18, amenaza que el mandatario denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según el exfiscal, también circuló información de que al menos cuatro partidos de oposición —entre ellos la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), liderada por Sandra Torres, tía política de Ochoa— habrían considerado “utilizar a las pandillas” para impedir la toma de posesión del nuevo Gobierno.

“Está claro que es esa mafia, ese pacto de corruptos que luego se transformó en pacto de golpistas, la que está detrás de estos hechos”, dijo en referencia a un acuerdo entre sectores políticos, económicos y del poder judicial que prosperaron durante los períodos de los exmandatarios Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. “Resulta sumamente extraño que, a estas alturas, el Ministerio Público no se haya pronunciado. En la Unidad de Métodos Especiales debió haberse detectado información relacionada con la planificación de los atentados”, señaló por su parte Francisco Rivas, exministro de Gobernación.