La incertidumbre que deja un tribunal colombiano al anular la definición del espacio sagrado que rodea a la Sierra Nevada

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Entre los pueblos indígenas que viven y rodean la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, la de ayer fue una jornada de expectativa. Sus líderes se reunieron en la capital de Magdalena para recibir al presidente Gustavo Petro y así empezar a construir una hoja de ruta que establezca una nueva norma que defina la Línea Negra, una red que conecta los espacios sagrados para los cuatro pueblos que habitan la Sierra: arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. Se trata de un territorio ancestral que abarca parte de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, comprende 348 puntos sagrados, 25 municipios, tres resguardos indígenas y tres parques nacionales.

Para ellos, las últimas semanas han sido de incertidumbre. El 12 de febrero de este año, el Consejo de Estado —una de las tres altas cortes de Colombia— anuló un decreto de 2018, expedido durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, que reconocía este límite espiritual, así como su autonomía y gobierno propio. “Fue una decisión regresiva”, comenta al respecto Miguel Ángel Chaparro Izquierdo, parte del apoyo técnico de los líderes arhuacos. “El decreto era un faro en cuanto al pluralismo político y su anulación manda un mensaje negativo”.

Tras lo que el Gobierno llamó un “diálogo interétnico y multicultural”, sobre las diez de la noche, el presidente de Colombia anunció que quedaba abierto el “proceso de consulta de los pueblos étnicos de la Sierra en pos de la Línea Negra”. Agregó que esperaba que fuera un proceso que terminara bien y rápido, “y que no existan demasiados obstáculos ficticios, o artificiales”, para sacar la nueva definición del espacio sagrado adelante.

La Línea Negra, explica José Mario Bolívar, gobernador del cabildo wiwa, “es la base del universo, donde nació la tierra para regarse como semilla”. Su reconocimiento no se buscó solo por lo ancestral, sino porque, a través de sus saberes, se protege la Sierra y sus diversos ecosistemas —que van desde el nivel del mar, en el Caribe colombiano, hasta los 5.775 metros del pico nevado Colón—. La lucha para que dentro de ese territorio primaran las lógicas propias de los pueblos se remonta hasta 1973, con una resolución que demarcaba el “área circular”, y se fue fortaleciendo hasta 2018, cuando se empezó a crear una cartografía específica de los sitios sagrados junto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Pero el fallo del Consejo, siete años después de que el decreto fuera demandado por Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, actual viceministro de Promoción de la Justicia, encontró dos problemas: que, a la hora de expedir la norma, no se tenía una cartografía oficial, y que no se hizo consulta previa con comunidades indígenas y afro que, aunque no habitan la Sierra, sí lo hacen dentro del polígono de la Línea Negra.

Para Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), con esta decisión el Consejo perdió la oportunidad de reivindicar otros sistemas de conocimiento y otras cosmogonías desde el derecho. “El decreto de 2018 justamente establecía un diálogo entre el gobierno de los pueblos y el gobierno nacional”, explica. “El Consejo no entendió que el territorio es un concepto dinámico y multicultural”, y que lo “que se planteó nunca fue una exclusión de los derechos de otras comunidades u otros pueblos, sino una herramienta que permitiera otras formas de diálogo intercultural para solucionar controversias”.

El fallo además trajo sensación de desprotección. No solo para los cuatro pueblos de la Sierra. La firma de abogados Brigard Urrutia, por ejemplo, publicó una nota en su página web aclarando que la nulidad “genera un vacío normativo que impacta directamente la seguridad jurídica de las inversiones en la región” y ofreciendo sus servicios legales a empresas que tengan dudas sobre la nueva situación.

Pero el objetivo tanto del Gobierno como de los pueblos es que esa incertidumbre cese pronto. El diálogo con Petro es la primera piedra para lo que, esperan, se convierta en un nuevo decreto que delimite la Línea Negra sin los ‘peros’ que encontró el Consejo. En la noche del miércoles, de hecho, siete pueblos indígenas ya habían publicado una declaración ratificando que actuarán en unidad para la protección del espacio sagrado. Además de líderes de los cuatro pueblos de la Sierra, también la firmaron; los ette ennaka, los wayuu y los taganga, algunas de las comunidades que, según la demanda contra el decreto de 2018, no tuvieron consulta previa. “Esta misión de cuidado no funciona sola, necesita de los que habitan la parte baja”, aclara Bolívar. En el documento, aunque no se alcanzaron a sumar los consejos comunitarios de las comunidades negras, sí estuvieron presentes durante el diálogo con Petro.

Lo que resulte de este ejercicio tiene “muchos ojos puestos encima”, recuerda Rodríguez. El litigio alrededor de la Sierra y lo que han logrado los pueblos indígenas es una referencia en otros países de América Latina. “Va a ser importante demostrar que Colombia no se permite la regresión en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas”, asegura. También, ad portas de que Petro deje el poder en agosto, hay una presión para que sea un documento que se firme justamente antes de su salida.