El segundo puesto para la vuelta final en las elecciones de Perú se dirime en los tribunales

Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular que acaba de pasar por cuarta vez consecutiva a la segunda vuelta en Perú, solicitó en 2021 la anulación de 200.000 votos para revertir los resultados que le otorgaron la presidencia a Pedro Castillo. Aquellos votos, repartidos en 802 actas, procedían de dos regiones de la sierra y una de la selva peruana. Las autoridades electorales declararon improcedente el pedido al no hallar sustento alguno, pero quedó constancia de cómo se intentó desaparecer la voluntad popular del interior del país.

Esta práctica se repite cinco años después. En una primera vuelta reñida con 35 candidatos presidenciales —que aún no se resuelve a una semana de los comicios—, el partido Renovación Popular, del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, ha presentado un centenar de pedidos de nulidad electoral contra 98 mesas de votación de la región Cajamarca, en la sierra norte. Se trata de mesas donde su principal rival por el segundo lugar, el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ha obtenido un respaldo mayoritario con 4.116 votos.

Con las actas contabilizadas al 93,3% por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori tiene el boleto asegurado a la segunda vuelta, programada para el 7 de junio, con el 17% de los sufragios. Eso no ha peligrado en ningún momento. Su rival, en cambio, es un enigma que mantiene en vilo y enfrentado a Perú. Se trata de dos aspirantes que entienden la política desde orillas opuestas: Roberto Sánchez (12%) y Rafael López Aliaga (11,9%). La diferencia entre ambos fluctúa a diario: el jueves se acortó a 7.000 votos, pero este viernes volvió a estirarse a más de 13.000.

La ONPE ha informado hasta el viernes que 5.645 actas, que representan un 6% del total, deberán ser observadas por el Jurado Electoral Especial. Es un bolsón significativo que moverá la aguja en una contienda tan apretada. Las actas son impugnadas por presentar inconsistencias o irregularidades, y se calcula que el proceso podría tardar entre una semana y diez días, pues debe pasar por dos instancias. La incertidumbre no se marchará pronto.

Cada voto cuenta y, por eso mismo, el pedido de anulación de Renovación Popular contra las 98 mesas de Cajamarca ha despertado el rechazo de un gran sector de la población. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señala que “cuestionar el voto del interior no es un hecho aislado: reproduce históricas relaciones de exclusión que han marginado a poblaciones indígenas, rurales y andinas”.

“Cuando un candidato como Rafael López Aliaga afirma que ‘en provincias no saben llenar un acta’, no estamos ante una opinión, sino ante una expresión de racismo y discriminación que vulnera la dignidad de millones. Y peor aún, estos discursos están siendo replicados por sus seguidores a través de insultos como ‘cholos’ o ‘serranos’, lo cual no es libertad de expresión; es violencia que reactiva una herida histórica en el país”, explica Pariona.

López Aliaga puso en duda, durante una reciente entrevista con el argentino Agustín Laje, que los ciudadanos de la serranía tuviesen la “formación” adecuada para procesar las actas. El exalcalde de Lima convocó a un mitin para denunciar un presunto fraude y exigir la anulación de los comicios. Amenazó con violentar al jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y anunció una recompensa de casi 6.000 dólares para todo aquel funcionario electoral que le provea pruebas para demostrar las supuestas irregularidades. Alertado porque su propuesta de pagar por información podría configurar un delito, borró el comunicado original y publicó otro donde se dirigía a la ciudadanía en general y ya no a los trabajadores de la ONPE o el JNE.

El voto rural fue el que logró la remontada transitoria de Roberto Sánchez, debido a que las actas se procesan conforme a su llegada y, dadas las brechas sociales, el sufragio del campo es de los últimos en contabilizarse. Ciertamente, el voto del extranjero —que tiende hacia la derecha— es el que podría revertir la tendencia, y los partidarios de López Aliaga mantienen la esperanza en ello. No obstante, la resolución de las actas impugnadas también marcará la diferencia.