Un millón de hipotecados en el limbo

El problema de la vivienda tiene múltiples aristas. Una de las que ha ocasionado más malestar social es la profusión de condiciones abusivas incluidas en las hipotecas. Los ciudadanos han pagado unos sobrecostes de decenas de miles de millones de euros que han agravado el difícil acceso a la vivienda. La multitud de abusos cometidos se han corregido en parte por la aplicación de la legislación y jurisprudencia europea que ha puesto de relieve la extrema desprotección legal de los españoles en materia de vivienda. El aluvión de demandas judiciales invocando la legislación de la Unión ha colapsado los tribunales.

De todos estos litigios sigue muy vivo el de las hipotecas en las que el coste de los intereses está referenciado al índice IRPH. Sobre estos préstamos, que en la inmensa mayoría de los casos son más caros que los que utilizan el euríbor, pesa la enorme sospecha de que son abusivos. Es un asunto que afecta a un millón de hogares y lleva más de ocho años de toma y daca entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo (TS). Desde 2018 jueces y juezas de Barcelona, Ibiza, Palma de Mallorca y San Sebastián han preguntado a la Corte Europea para que aclarase si se trataba de una práctica abusiva.

Las seis resoluciones del TJUE (entre 2020 y 2024) han sido posteriormente reinterpretadas por el alto tribunal español con resoluciones favorables a la banca salvo un caso excepcional. Pero no se han resuelto las cuestiones de fondo relativas a si estas hipotecas eran transparentes y abusivas por el empleo del IRPH.

Ante las dudas, un séptimo viaje al TJHE. El pasado 11 de marzo el juez Rafael de la Fuente, de un Juzgado de Palma de Mallorca, preguntó al TJUE que fijara criterios para medir la abusividad. El juez expresó sus dudas de que la diferencia de 1 punto porcentual entre el IRPH cajas más diferencial (6,294 %) y el tipo medio hipotecario (5,290%) “no alcanzara el umbral de “desproporción muy evidente” para declarar su abusividad, a pesar de que implicaba una diferencia real de 68.000 euros a lo largo de la vida del préstamo. El caso analizado se refería a una hipoteca de 206.000 euros otorgada por Unión de Créditos Inmobiliarios (Santander y BNP) en 2008 a 40 años. Para el juez “resulta cuestionable que un sobrecoste de más de 68.000 euros, en un contrato de financiación de vivienda habitual pueda considerarse jurídicamente irrelevante”.

Esta es una larga historia que ilustra muy bien el gran desequilibrio entre los derechos de los bancos y de los ciudadanos que hemos visto en numerosos frentes (preferentes, cláusulas suelo y desahucios). Los ciudadanos han contado con el respaldo de destacados juristas como los entonces magistrados del Tribunal Supremo Javier Orduña y Javier Arroyo, que en 2017 ya reputaron la abusividad del IRPH por falta de transparencia al no haber dado el banco la información completa. Ahora la pregunta es bien sencilla: ¿Quién hubiera aceptado un préstamo con IRPH si previamente le hubieran explicado el sobrecoste? También la respuesta: los menos informados, los más humildes y más necesitados.