La “guerra por la basura” se cobra dos muertos en Bolivia

La gestión pública de la basura en Bolivia es arcaica. Sin sistema de separación en origen ni compostaje a gran escala, el reciclaje depende de iniciativas particulares y la mayor parte de los residuos se arroja a vertederos o rellenos sanitarios a cielo abierto. El tercer departamento más poblado del país, Cochabamba, exacerba estas deficiencias por la rápida expansión de la mancha urbana del municipio capital, Cercado, que depende de un solo depósito. El problema rebasa a las ciudades satélite, como se vio la semana pasada en Colcapirhua, donde dos vecinos murieron a manos de la Policía, que intentaba reabrir el vertedero de la zona, cerrado por los manifestantes. Un oficial de 28 años ha sido imputado por los homicidios, aunque alega que actuó en legítima defensa al haber recibido disparos de los comunarios.

Cuatro días antes de la intervención policial ya había ocurrido un enfrentamiento entre los vecinos que se manifestaban contra funcionarios públicos de Colcapirhua y algunos habitantes de ese municipio que intentaban desbloquear el vertedero. La disputa entre palos, piedras y petardos dejó varios heridos, entre ellos una persona de 47 años que falleció el sábado después de permanecer varios días en terapia intensiva. El hecho todavía está siendo investigado y no se sumará a las muertes de las que se acusa al policía, que espera su audiencia de medidas cautelares.

Las consecuencias de la improvisada administración de desechos en vertederos supuestamente temporales son evidentes desde fines del siglo pasado. Los problemas, además de medioambientales, son también sociales, porque los pobladores de los alrededores obstruyen regularmente los basurales para hacer oír sus demandas. Nunca, sin embargo, se habían alcanzado las cuotas de violencia del lunes.

El sociólogo Fernando García señala que los homicidios marcan un punto de quiebre en un conflicto ambiental marcado por la ausencia del Estado. “Miles de familias han convivido con humo tóxico, olores nauseabundos, contaminación persistente y enfermedades respiratorias mientras el municipio sostenía la ficción de una ‘solución temporal’ o reproducía la salida convencional del neoliberalismo: tercerizar, desplazar, racializar y clasificar la carga ambiental sobre los mismos territorios pobres de siempre”, escribió en sus redes. La complejidad del problema ha llevado a arrojar diferentes versiones sobre por qué el botadero donde ocurrieron las muertes permanecía bloqueado desde hace 10 días.

En lo que coinciden los testimonios es en que mucho tiene que ver la conflictiva ubicación de este basural, situado en la región de Cotapachi, una triple frontera entre los municipios de Cercado (capital), Colcapirhua y Quillacollo. El espacio recibe los desechos de estos dos últimos y de la capital en casos de emergencia. Los comunarios, mayormente ganaderos y agricultores, prohibían desde finales de noviembre la entrada de los camiones de basura, exigiendo aclarar la jurisdicción sobre el espacio. Las bolsas de desechos se acumulaban en calles y mercados, en escenas parecidas a las ocurridas en Cercado cuando, entre abril y mayo, 7.000 toneladas de basura inundaron la vía pública.

Una orden judicial determinó el desbloqueo de Cotapachi, que pronto se convirtió en un campo de batalla. Los vecinos denuncian excesos de la Policía y esta afirma que fueron sorprendidos con petardos, dinamita y hasta armas de fuego. El saldo fue de más de 10 heridos, entre ellos gendarmes, y dos fallecidos, ambos hombres habitantes de los alrededores. Uno tenía 39 años y el otro 47; su intervención en el conflicto fue fortuita.

El inspector de la Policía, Gunther Agudo, aseguró en conferencia de prensa que el operativo fue sorprendido por una emboscada. “Se genera una confusión mayor y se hace uso de agentes químicos, como establece el manual de operaciones (…) En el marco de las investigaciones, un oficial habría usado su arma de fuego en una situación donde la necesidad le obligaba”. Agudo recordó que está prohibido que los servidores policiales vayan armados en intervenciones de este tipo y que el efectivo acusado incurrió en una falta disciplinaria por la que será investigado. Las exigencias de justicia repercutieron rápidamente en la familia de los fallecidos y en el vicepresidente Edman Lara, que pidió la pena máxima para el gendarme acusado.

Los representantes de los uniformados, no obstante, sostienen que en el botadero se libró una guerra entre ambos bandos. Afirman que el subteniente imputado recibió una bala de escopeta y que había sido rodeado por los comunarios, quienes lo amenazaban con quemarlo. Esta versión fue respaldada con un vídeo en el que también se ve al agente manipulando una pistola que cargaba de forma irregular. Como producto de la investigación, se detuvo a ocho personas que llevaban un dron para supuestamente vigilar la zona y que estaban en posesión de cerca de 3.000 dólares.

Las autoridades municipales y departamentales, la Policía y los allegados de los fallecidos aseguran la existencia de grupos irregulares armados, de uno y otro bando. Contra ellos apuntó el hijo de una de las víctimas durante el velorio: “Le declaro la guerra a [el municipio de] Colcapirhua y [a su alcalde, Nelson] Gallinate. Asesino, tú mandaste a tus matones”. El edil coincide en la intervención de organizaciones parapoliciales, pero dice que operaban en su contra: “Es necesario investigar quién financia estos hechos de violencia. Hay que aclarar a los autores intelectuales”, dijo en una entrevista televisiva.

Un supuesto autor tras bambalinas con interés en mantener abierto o cerrado el vertedero es, por el momento, una teoría sin respaldo oficial. Pero las voces apuntan a empresas interesadas en urbanizar los alrededores o a aquellas industrias que buscan adjudicarse proyectos de industrialización de la basura y que habrían puesto sus ojos en Cotapachi. El asambleísta departamental Sergio De la Zerda asegura que, si bien la gestión de residuos es una competencia municipal, en Cochabamba el problema ha trascendido a todo el departamento. “Cochabamba es prácticamente una sola región urbana, las fronteras son ficticias y los problemas son compartidos por quienes habitamos esta gran mancha urbana”, sostuvo a EL PAÍS.

De hecho, una de las demandas sostenidas de los comunarios de Cotapachi es que no se use su vertedero para recibir, en casos de emergencia, residuos de la capital, Cercado. Como ocurrió entre marzo y abril de este año, cuando el relleno sanitario de Cercado, K’ara K’ara, permaneció bloqueado ante la exigencia de los vecinos de hacer cumplir la postergada orden de su cierre por su falta de garantías en salubridad. La periodista Melissa Revollo cuenta que este depósito sanitario, encargado de recibir más del 30% de la basura del departamento, ha causado problemas desde su aparición, en 1987.

“No ha existido un planeamiento adecuado, por lo que empezaron los asentamientos en la zona. Los vecinos se movilizaban exigiendo obras de compensación por los pesimistas informes de salubridad del botadero. Con ese argumento lograron asfalto, postas de salud y servicios básicos: de cada bloqueo conseguían la firma de convenios o actas de entendimiento”, explica Revollo. Desde entonces, ofrecer un manejo integral de la basura ha sido la principal promesa de todos los alcaldes. El más reciente, Manfred Reyes Villa, prometió solucionar el problema en tres meses; su gestión de cinco años acaba en mayo y el asunto parece estar más latente que nunca.