El Supremo de El Salvador reconoce el uso del régimen de excepción contra críticos de Bukele, según la CIDH

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador reconoció el uso del régimen de excepción, la medida más radical contra las pandillas, en procesos judiciales contra dos críticos del Gobierno de Nayib Bukele. Así lo revelan dos medidas cautelares emitidas la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la defensora Ruth López y el abogado Enrique Anaya, detenidos entre mayo y junio de este año.

Tanto López como Anaya fueron acusados de delitos sin ningún vínculo con las pandillas. López es acusada de enriquecimiento ilícito, mientras fue empleada pública del Tribunal Supremo Electoral entre 2014 y 2019, mientras que Anaya es acusado también de enriquecimiento ilícito, un delito presuntamente cometido entre 2015 y 2024.

El régimen de excepción es una medida radical contemplada en la Constitución salvadoreña en caso de guerra, calamidad o perturbaciones al orden público y fue aprobado por la asamblea bajo el control de Bukele a finales de marzo de 2022, luego de que las pandillas organizaran la matanza de 87 personas en un fin de semana.

La medida limita los derechos constitucionales a la libre asociación, la legítima defensa, la inviolabilidad de las comunicaciones y el plazo máximo de 72 horas en prisión preventiva para cualquier detenido antes de ser presentado ante un juez. El Gobierno de Bukele lleva más de tres años renovando la medida con el argumento único de perseguir a pandilleros prófugos de la justicia. Sin embargo, desde su inicio, diversos organismos han denunciado su uso con fines políticos.

Las dos resoluciones de la CIDH fueron emitidas el pasado 22 de septiembre a favor de López y Anaya, luego de considerar que sus vidas se encuentran en “grave riesgo”. Ambas resoluciones revelan detalles de la comunicación del organismo con los demandantes y los defensores.

En ambos casos, las organizaciones de derechos humanos demandantes aseguran que los detenidos están siendo víctimas de posible desaparición forzada, ya que desconocen su paradero y no les permiten tener contacto con sus abogados defensores ni con su familia.

Los demandantes, además, sostuvieron que el plazo de 72 horas para ser presentados ante un juez fue excedido por las autoridades, ya que ambos pasaron 15 días sin ser presentados ante un juez.

El organismo supremo, en calidad de demandado, respondió a la CIDH que los plazos procesales de los acusados han sido modificados debido al régimen de excepción. “Con respecto a la omisión de presentación del requerimiento fiscal y de ser puesta a la orden judicial, no obstante, el tiempo transcurrido, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el Decreto Legislativo N. 333 del 27 de marzo […] cuya ampliación fue el 6 de mayo de 2022, se encuentra vigente el régimen de excepción en todo el territorio nacional (sic)”, respondió la CSJ, según la CIDH.

El régimen de excepción también ha sido aplicado a los defensores José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, detenidos el pasado 14 de mayo por protestar frente a la entrada principal de la colonia privada de Bukele. Durante la protesta pacífica, unas 300 familias de la comunidad El Bosque pedían con pancartas no ser desalojadas de sus tierras en disputa. La Fiscalía, bajo el control de Bukele, acusó a ambos defensores por los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva.

La vida de Ruth Lopez “está en riesgo”

La resolución de la CIDH a favor de la defensora Ruth López señala que la incomunicación con sus familiares supone por sí misma “formas de trato cruel e inhumano” y aseguró que su vida se encuentra en grave riesgo.

López es directiva de la Fundación Cristosal, una oenegé que ha documentado miles de casos de detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción, cientos de muertes de prisioneros en manos del Estado salvadoreño, muchos de ellos con señales de tortura, y decenas de casos de corrupción. Tras la captura de López, la fundación decidió exiliarse del país.

Según el documento, la defensa no pudo tener acceso a López, quien fue llevada primero a una delegación policial, donde pudo ver a su familia y a sus defensores durante diez minutos. Luego de eso, la defensora estuvo incomunicada hasta el día de su audiencia inicial, el 4 de junio.

Ese fue también el último día que fue vista públicamente en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador. En esa ocasión, a preguntas de EL PAÍS, López respondió que se consideraba una presa política por su labor de denuncia a la corrupción del gobierno de Bukele. De acuerdo con Cristosal, la abogada lideró hasta cincuenta denuncias públicas -entre ellas varias denuncias judiciales- por presuntos casos de corrupción en los últimos seis años. Entre esos casos, se encuentran denuncias por compras irregulares durante la pandemia del COVID-19, abusos policiales y presunto espionaje del Gobierno a periodistas y defensores de derechos humanos en El Salvador.

La Comisión pidió a El Salvador garantizar la vida, integridad y salud de Ruth Eleonora López Alfaro; mejorar sus condiciones de detención conforme a estándares internacionales, incluyendo el fin de la incomunicación y el acceso a familia y abogados; revisar la necesidad de mantener la prisión preventiva y considerar medidas alternativas; acordar las acciones con ella y sus representantes; e investigar los hechos vinculados a su labor como defensora de derechos humanos para evitar su repetición.

Por su parte, el Estado salvadoreño respondió diciendo que los señalamientos en su contra por parte de los demandantes son de carácter “político” y señaló que no le corresponde a la CIDH cuestionar “la institucionalidad del país”. Sostuvo que la condición de defensora de derechos humanos de López no otorga inmunidad ni exime de responsabilidad penal, por lo que la beneficiaria debe enfrentar los procesos judiciales como cualquier otra persona privada de libertad.