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Lula veta la ley que rebaja las penas de Bolsonaro y el resto de los golpistas en Brasil

El Congreso tiene el poder de revertir la decisión presidencial y el Supremo tendría la última palabra

En el tercer aniversario del ataque bolsonarista contra la democracia brasileña, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha vetado, este jueves 8 de enero, la ley que el Congreso aprobó para rebajar las penas de cárcel a los golpistas, incluido su predecesor, el encarcelado Jair Bolsonaro. Lula ha anunciado su veto en el acto para conmemorar la victoria de la democracia frente al intento de subvertirla. De todos modos, Lula no tiene la última palabra sobre las condenas. La decisión presidencial, que supone mantener las sentencias de la justicia, puede quedar en el ámbito de lo simbólico porque el Congreso tiene el poder de revertirla.

En última instancia, el encargado de dirimir ese pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo sería el poder judicial, en concreto, la misma corte que juzgó y sentenció en un proceso histórico el fracasado intento de golpe.

“Todos los golpistas fueron juzgados de manera transparente e imparcial, y al final del juicio fueron condenados con base en pruebas contundentes”, afirmó Lula en el evento. La ceremonia oficial de aniversario se celebró en el palacio presidencial de Planalto, que junto al Congreso y al Supremo fue invadido por una turba de bolsonaristas en el séptimo día de mandato.

Reflejo de la tensa relación de Lula con el Congreso, donde el bolsonarismo tiene mayoría, los presidentes de ambas Cámaras declinaron la invitación para participar en el aniversario oficial. Tras el acto, el presidente ha descendido a la plaza de los Tres Poderes, donde ha sido rodeado por representantes de los movimientos sociales al grito de “Sem amnistía” (Sin amnistía). El evento ha adquirido un tono electoral, con la vista puesta en los comicios de octubre. El senador Flávio Bolsonaro pretende medirse con Lula, que buscará la reelección.

Lula ya había avisado que vetaría la decisión de los parlamentarios, que según los cálculos más optimismas podría acortar la sentencia de Bolsonaro de 27 años a dos años. Mientras los tres poderes están enzarzados en ese tira y afloja, el expresidente de extrema derecha cumple condena desde noviembre en una comisaría de policía en Brasilia. Una reclusión salpicada de visitas hospitalarias.

La primera sala del Tribunal Supremo le condenó a 27 años, en septiembre, junto a los militares y policías con los que integraba la cúpula del complot contra la democracia, castigados casi todos a largas penas.

En el acto, el presidente Lula hizo una enfática defensa de la democracia. “No tenemos derecho a olvidar el pasado. Por eso no aceptamos ni la dictadura civil ni la militar. ¡Viva la democracia brasileña!“, proclamó el mandatario. “El 8 de enero quedará marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia. Victoria sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, ignorando la voluntad popular expresada en las urnas”.

El bolsonarismo emuló, el 8 de enero de 2023, el asalto trumpista al Capitolio, ocurrido en Washington dos años y dos días antes. Lula llevaba una semana de vuelta al poder. Y Bolsonaro estaba en Florida, adonde marchó para evitar dar el relevo al izquierdista. Durante los dos meses de transición, tras un reñido resultado, miles de seguidores de Bolsonaro acamparon ante los cuarteles para reclamar una intervención militar con el falso argumento de que les habían robado las elecciones.

Dos años y medio después, el expresidente Bolsonaro fue declarado culpable, por cuatro votos contra uno, de liderar un complot para aferrarse por la fuerza al poder tras su derrota en las urnas. Junto a él fueron castigados tres generales de cuatro estrellas y un almirante, que también están encarcelados.

Entre aquel domingo 8 de enero y el día siguiente fueron detenidas unas 2.000 personas en Brasilia, de las que 1.200 fueron juzgadas y condenadas en el proceso judicial más trascendental de los últimos años en Brasil. Medio centenar aceptó un acuerdo para evitar la cárcel a cambio de no usar redes sociales y hacer un cursillo de democracia.

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Sobre la firma

Naiara Galarraga Gortázar
Es corresponsal de EL PAÍS en Brasil. Antes fue subjefa de la sección de Internacional, corresponsal de Migraciones, y enviada especial. Trabajó en las redacciones de Madrid, Bilbao y México. En un intervalo de su carrera en el diario, fue corresponsal en Jerusalén para Cuatro/CNN+. Es licenciada y máster en Periodismo (EL PAÍS/UAM).
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