“Tuvimos que decidir entre la cárcel o el exilio”: Cristosal, la principal organización humanitaria de El Salvador, abandona el país

Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos en El Salvador, ha detenido sus operaciones en el país centroamericano y se ha visto forzada al exilio debido al asedio por parte del Gobierno de Nayib Bukele. Así lo confirmó el miércoles a EL PAÍS su director ejecutivo, Noah Bullock. “Tuvimos que decidir entre la cárcel o el exilio y decidimos que no servimos de nada a las víctimas estando presos”, dijo. La salida de la organización, con 25 años de trayectoria, marca un precedente en la historia del país centroamericano y en la autocracia de Bukele.

El exilio de Cristosal ocurre en medio de una desbandada de defensores de derechos humanos y periodistas independientes que han huido del país por temor a ser capturados. Solo entre junio y julio, al menos 20 activistas y 40 periodistas han salido de manera preventiva. A finales de junio, decenas de voces críticas, activistas y periodistas recibieron mensajes de diferentes fuentes en las que se les advertía de la supuesta existencia de una “lista negra” con nombres de las personas capturar, lo que provocó la huida de muchos.

Durante el último mes, EL PAÍS ha hablado con quince exiliados de este grupo y todos aseguraron haber sido informados de estar en esa supuesta lista. El equipo de Cristosal también recibió esa información. “Hay rumores de listas negras que, ciertas o no, terminan siendo una amenaza directa a las personas”, dijo Bullock.

Otra importante defensora de derechos humanos, Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, anunció a principios de julio que se exilió por temor a ser capturada luego de enterarse de que padece cáncer. Escobar denunció que, días antes de salir del país, un grupo de policías se habían apostado fuera de su casa y le habían dado seguimiento durante varias semanas. En una de sus publicaciones en X mostró un video de las cámaras de seguridad de su domicilio donde se ve a un grupo de uniformados llegar en motocicletas y luego irse.

El temor de ser detenidos se sustenta en la última embestida autoritaria de Bukele en contra de las voces disidentes. En junio, durante su mensaje a la nación al iniciar su séptimo año en el poder, Bukele se dedicó cerca de una hora a atacar a medios de comunicación y organismos de defensa de los derechos humanos y añadió que le tiene sin cuidado que lo llamen “dictador”. En las semanas siguientes aprobó de manera exprés una ley mordaza con la que su Gobierno podrá decidir cuáles organizaciones o periódicos independientes pueden trabajar en el país o no bajo pena de ser acusados de lavado de dinero si siguen recibiendo fondos del exterior sin autorización.

En esas mismas semanas, Bukele capturó a un líder comunitario, un activista por la defensa del derecho al agua y dos abogados, entre ellos Ruth López, una de las principales directivas de Cristosal. López había liderado investigaciones denunciando desapariciones, torturas y muertes en el sistema de prisiones al que ahora ha sido enviada. Las capturas arbitrarias se extendieron también a doce empresarios de transporte colectivo por supuestamente desobedecer la órden del mandatario de dar transporte gratis a toda la población el pasado 7 de junio. Uno de ellos murió tras cinco días en prisión.

Enrique Anaya, una de las voces disidentes capturada por Bukele en estos meses criticó al mandatario en un programa de televisión días antes de ser arrestado. “Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, se va preso”, dijo Anaya. “Usted está hablando y está criticando”, le respondió el entrevistador. “Sí, y por supuesto que tengo miedo”, respondió Anaya. Cuatro días después fue detenido.

“En El Salvador existe un ambiente de terror [para las voces disidentes]. Tenemos que entender que Ruth no es la primera presa política de El Salvador. Desde los primeros días de la administración de los hermanos Bukele se ha utilizado el sistema de justicia para castigar a sus adversarios”, dijo Bullock. Un reporte de El Faro publicado a principios de julio señala que en el país hay al menos 28 presos políticos y más de cien en el exilio desde 2021 a la fecha.

El director de Cristosal aseguró que la organización mantendrá su personaría jurídica en El Salvador, pero ha decidido sacar a todo su personal hasta que tengan garantías jurídicas en el país. “Ya nos hemos presentado para la inscripción en el registro de agentes extranjeros. Y lo hemos hecho porque el derecho a defender derechos no es renunciable” añadió.

Bullock aseguró que no dejarán de defender a su compañera Ruth López, quien ha sido trasladada a una prisión de alta seguridad e incomunicada desde hace dos semanas. Mientras tanto, mantendrán sus operaciones desde sus oficinas en Guatemala y Honduras, donde han trabajado desde hace siete años.

En los últimos tres años, Bukele ha gobernado bajo un régimen de excepción que, en la práctica, permite a la Policía capturar de forma indefinida a cualquier persona con solo parecer sospechosa. Algunas acusaciones fiscales a las que ha tenido acceso EL PAÍS señalan que muchas personas fueron detenidas simplemente por parecer nerviosas. El régimen de excepción fue aprobado desde marzo de 2022, luego de que las pandillas organizaran la masacre de 87 personas en un solo fin de semana. Aunque en principio su justificación fue la guerra a las pandillas, su uso se ha extendido para capturar a voces disidentes y críticos del gobierno. En este tiempo, las autoridades salvadoreñas han apresado a más de 85.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas y cerca del 2% de la población adulta está bajo prisión.

En junio, un informe del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) reveló que la mayoría de los salvadoreños tienen miedo de criticar a Bukele y consideran que de hacerlo podrían tener consecuencias como ir a prisión.

“El equipo de Cristosal ha vivido ese ambiente de terror. La gran pregunta que nos hacemos es ¿y ahora a quién le toca?, ¿quién será el próximo? Creo que su objetivo, además de encarcelar a las voces críticas, es que nos vayamos”, dijo Bullock.

Periodismo independiente en el exilio

El pasado 1 de julio, el medio salvadoreño El Faro informó de que todo su equipo se ha visto obligado a exiliarse de El Salvador luego de ser alertados sobre la posible captura de once de sus miembros. La alerta surgió tras una publicación en junio pasado en la que entrevistaron a dos líderes pandilleros que daban detalles sobre sus pactos con el gobierno de Bukele.

Tres días después del anuncio de su exilio, Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, aseguró en una transmisión en vivo que habían recibido información de una fuente de Inteligencia del Estado sobre un plan para capturarlo a él y a otro miembro del equipo tras aterrizar en El Salvador. De acuerdo con Martínez, el plan era detenerlos e implantarles droga para acusarlos de tráfico ilícito. El pasado 13 de junio, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el desplazamiento forzado de al menos 40 periodistas por temor a represalias. Entre ellos se encuentra su director, Sergio Arauz, quien también es subjefe de redacción del periódico El Faro.

Miembros de otros periódicos independientes que han señalado casos de corrupción como Factum, Redacción Regional y Gato Encerrado también han confirmado su exilio tras amenazas de captura. Ezequiel Barrera, director del medio Gato Encerrado, dijo a El PAÍS que la mitad de su equipo está fuera y que han disuelto la personería jurídica en El Salvador, aunque continuarán reportando sobre lo que ocurre en ese país. “Estamos en una incertidumbre porque creemos que varios de nuestros cooperantes no van a seguir apoyando medios, aunque estén afuera, que sigan trabajando sobre El Salvador”, afirmó.

Venezolanos en el Cecot

Cristosal es una organización humanitaria que ha sido crítica con diferentes gobiernos. En 2018, mientras gobernaba el partido de izquierda FMLN, logró que el Estado salvadoreño reconociera el desplazamiento forzado por violencia generalizada, algo que se negaba a hacer, y acompañó a miles de víctimas de las pandillas hasta lograr que la Asamblea Legislativa aprobara una ley para su protección. Tras la llegada de Bukele al poder documentó decenas de casos de compras irregulares durante la pandemia y logró revertir algunas medidas que castigaban con prisión a quienes salieran a la calle sin justificación durante la pandemia de covid-19.

Desde que inició el régimen de excepción ha documentado más de 3.700 denuncias por detenciones arbitrarias y ha interpuesto cientos de recursos ante la Corte Suprema de Justicia denunciando desapariciones forzadas. También ha documentado más de 400 casos de muertes de privados de libertad en manos del Estado con evidentes signos de tortura. Ha elevado sus denuncias ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Todos estos casos han sido presentados a las instituciones de control y justicia y ahí tienen para la justicia a futuro”, dijo Bullock.

“No es casual que Cristosal sea un blanco de la persecución y la represión. La persecución de Cristosal es para enviar un mensaje a toda la población que no se va a tolerar en El Salvador personas que piensen diferente al gobierno. Cristosal es el ejemplo y con esto el régimen está anunciando a la población y a todo el mundo que se acabó la democracia en El Salvador”, señaló.

Cristosal, además, ha respaldado la causa de los más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos y recluidos en la megaprisión de Bukele, el Cecot. “Fue precisamente nuestra compañera Ruth López fue quien lideraba el equipo que representaba a los venezolanos y ahora ella está en prisión”, añadió Bullock.

La organización además es la principal querellante en varios casos de justicia histórica por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Entre los casos más relevantes que defiende está la conocida como Masacre de El Mozote, perpetrada por la Fuerza Armada salvadoreña en diciembre de 1981 en la que fueron asesinadas cerca de mil personas, la mayoría mujeres y niños.

“Lo que nos da cierta fuerza en esto es la experiencia con los casos históricos como El Mozote que fueron negados durante décadas, pero tarde o temprano la verdad de las víctimas se impone ante la desinformación y la represión”, señaló Bullock.