Las deportaciones de Trump de migrantes a Centroamérica se topan con trabas legales

Los acuerdos alcanzados por distintos países centroamericanos para recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos se están topando con nuevas trabas legales. En El Salvador, una carta firmada por 12 expertos de la ONU que se ha conocido esta semana demanda con urgencia al presidente Nayib Bukele que explique la situación jurídica y de salud de 238 venezolanos recluidos desde el pasado 15 de marzo en su prisión de máxima seguridad, el CECOT, y le ha advertido que podría estar incurriendo en los delitos de tortura y desaparición forzada. Mientras, en Costa Rica, la Corte Suprema ha exigido liberar a 28 de los 200 inmigrantes de diferentes nacionalidades enviados por el Gobierno de Donald Trump que permanecen en albergues de los que no tienen permitido salir. La justicia exige ahora que queden libres en un plazo máximo de 15 días.

En el caso de El Salvador, la ONU envió una carta de 22 páginas dirigida a Bukele a través de canales diplomáticos el 17 de abril, pero no se ha hecho pública hasta esta semana. El documento es un llamado de atención de parte de ocho relatorías especiales de la ONU, entre ellas la Relatoría Especial para la Protección de derechos humanos de los migrantes, la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles y la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales; además de dos expertos y dos grupos de trabajo con mandatos especiales de la misma organización.

En la comunicación, la organización dice estar “preocupada” porque la detención de venezolanos en el CECOT “no sea compatible con el derecho internacional de los derechos humanos (…), la prohibición de desaparición forzada (y) la libertad frente a la tortura”, entre otros derechos. “Nos preocupa que las deportaciones y las detenciones conexas en El Salvador se llevaran a cabo de una manera que podría haber implicado desapariciones forzadas, incluidas desapariciones de corta duración”, dice la carta.

El documento también recuerda que la desaparición forzada está prohibida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la cual El Salvador forma parte. Además, establece un plazo máximo de 60 días al mandatario para responder por los canales oficiales. La respuesta debería haber llegado este 17 de junio; pero se desconoce si sucedió.

Limbo legal

La organización señala en su misiva que los venezolanos detenidos en la megacárcel de Bukele se encuentran en un limbo jurídico. Esta situación ya ha sido advertida por otros organismos defensores de derechos humanos locales, así como por los abogados asignados a su defensa en el país. Además, la carta dice que esta circunstancia podría constituir el delito de detención arbitraria. Por ello, solicita al Gobierno salvadoreño que cumpla con las leyes y prácticas internacionales, “incluyendo la liberación inmediata de cualquier persona detenida arbitrariamente y facilitando su salida voluntaria de El Salvador”.

 “Ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han revelado los nombres ni la situación legal de los detenidos, ni han facilitado información sobre sus presuntas asociaciones con bandas o sus actividades delictivas. Aunque el CECOT es un centro penitenciario, se desconoce si los detenidos son objeto de algún tipo de investigación penal en El Salvador, si están recluidos en virtud de la ley de detención de inmigrantes o de algún otro marco jurídico”, se lee en la carta.

Corte de Costa Rica dice que el Gobierno violó los derechos de los migrantes

Desde su regreso al poder, Donald Trump empujó a varios países de la región centroamericana, entre ellos El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala, a firmar acuerdos para convertirse en “terceros países” y poder recibir deportados mientras se solventa su situación legal en Estados Unidos. Estos acuerdos se firmaron en la primera gira del secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero de este año.

En ese mismo mes, Costa Rica recibió a 200 migrantes de diferentes nacionalidades que fueron alojados en albergues sin que se les permitiera salir. De ellos, 28 aún permanecen detenidos. Este martes, la Sala Constitucional de ese país ordenó al Gobierno liberar a los migrantes en un plazo máximo de 15 días.

Los magistrados del Supremo señalaron que el Gobierno costarricense violó los derechos de los migrantes al no brindarles información oportuna y suficiente, no permitir su contacto con los medios de comunicación ni informales sobre su posibilidad de solicitar refugio en ese país.

En El Salvador, la situación de los deportados por Trump es mucho más grave, ya que han sido recluidos en una prisión de máxima seguridad al lado de los criminales más peligrosos del país miembros de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS13) y Barrio 18.

 La carta enviada por la ONU señala que los venezolanos podrían estar siendo víctimas de detención arbitraria y desaparición forzada, ya que no se sabe bajo qué leyes salvadoreñas están detenidos o si están siendo objeto de una investigación penal. Lo único que se sabe es que existe un acuerdo entre ambos países, pero ese documento tampoco es público. La ley salvadoreña establece que este tipo de acuerdos deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa, pero hasta el momento no se ha emitido ninguna ley ni modificado las ya existentes para ello.

La ONU también señala estar preocupada por la prohibición del acceso a abogados y organismos independientes de derechos humanos que puedan dar fe de las condiciones en las que se encuentran los venezolanos. Y recuerda que, a pesar de que El Salvador está gobernado desde hace tres años por un régimen de excepción, “no podrá invocarse circunstancia alguna, ya sea amenaza de guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, para justificar las desapariciones forzadas”.

 “En este sentido, el Grupo de Trabajo reitera que, sea cual sea su calificación, la práctica de los Estados de recurrir a la privación de libertad de individuos y negarse a reconocerla o a revelar la suerte o el paradero de la persona afectada, por cualquier motivo o duración y en cualquier contexto, constituye una desaparición forzada, y es violación de una norma de jus cogens del derecho internacional de los derechos humanos”, dice.

El documento también subraya que el Gobierno salvadoreño ha violado el derecho a la protección consular de los venezolanos prisioneros, debido a que ambos países rompieron relaciones en noviembre de 2019, cuando Bukele expulsó de su país al cuerpo diplomático venezolano, argumentando que no reconocía la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro. Esta semana, el fiscal general de Venezuela, Tarek Wiliam Saab publicó un comunicado oficial en el que calificó de “cínica” la respuesta del Gobierno salvadoreño al haberle negado su intervención oficial a favor de sus connacionales, argumentando que su petición no se había hecho por la vía diplomática sino a través de un correo particular.

Un grupo de abogados contratados por el gobierno de Venezuela presentó hace un mes un recurso de habeas corpus en el que solicitaban su inmediata liberación y poder tener contacto con ellos. En una respuesta emitida el viernes pasado, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador respondieron con evasivas. En dos de sus apartados llegan a preguntar a los abogados cómo saben a qué se refieren cuando dicen que sus defendidos fueron sometidos por la fuerza pública y cómo están seguros de que se encuentran en el CECOT cuando el mismo presidente salvadoreño lo hizo público a través de un spot publicitario que tuvo alcance mundial.

Aunque el acuerdo entre Bukele y Trump es secreto, varias investigaciones periodísticas han revelado que el interés real del mandatario salvadoreño no es la remuneración económica, como él lo dijo en sus redes sociales, sino la devolución de nueve líderes pandilleros de la MS-13 que podrían revelar detalles sobre sus negociaciones secretas con el Gobierno en una corte de Nueva York. Hasta la fecha, el Gobierno de Trump se ha mostrado complaciente en ese sentido con Bukele y ha deportado a dos de esos líderes, botando así años de trabajo de las entidades estadounidenses que lograron capturarlos. Está por verse si este trato puede seguir operando.