Así incumplió el Gobierno de Cuba el acuerdo con el Vaticano sobre presos políticos

El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, aterrizó a inicios de junio en La Habana con un mensaje: “La Santa Sede no puede dejar de promover tanto los derechos y libertades como su fundamento en la dimensión trascendente del hombre”. Se cumplían 90 años de las relaciones diplomáticas entre Cuba y el Vaticano, y el prelado llegaba como primer enviado desde el nombramiento de Robert Francis Prevost como papa León XIV. Unos días después de la visita, la opositora política Donaida Pérez entraba a la cárcel de mujeres de Guajamal, en Santa Clara, de la que había salido en enero, como parte del grupo de 553 personas excarceladas tras las negociaciones del Gobierno cubano con la Iglesia católica.

Hace poco menos de un mes, las autoridades citaron a Pérez en la prisión. Querían advertirle que se callara la boca, que dejara de reclamar la liberación de su esposo, Loreto Hernández, detenido como ella hace cuatro años, por su participación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021. Querían que estuviera tranquila, su silencio a cambio de no regresarla a la cárcel. Tras repetírselo más de una vez, los oficiales le pusieron un ultimátum: “¿Te callas o te quedas?”. Donaida les dijo que se quedaba. El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara confirmaría después su condena de ocho años de privación de libertad ―de la que ha cumplido cuatro― y que quedaba revocada su libertad condicional por el “incumplimiento de las obligaciones”. Pero Donaida, de 54 años, había dicho antes que, en realidad, la liberación de enero nunca fue tal, que ella nunca se sintió libre, solo había dejado de estar en la cárcel para estar en casa.

“Las condiciones que le pusieron, los requisitos de la supuesta libertad condicional, ella nunca los aceptó”, aseguró a EL PAÍS su cuñado Jorge Luis García Pérez Antúnez. “Nunca dejó de denunciar, ni de tener presencia en las redes sociales, ni de tener comunicaciones con organizaciones de los derechos humanos”. Incluso, la policía llegó a decirle que, si se mantenía en silencio, le garantizarían la libertad condicional de su esposo, pero, según Antúnez, “ella nunca lo aceptó”. Dice que Pérez siempre supo que su vuelta al penal era una posibilidad. “Cuando se enteró de que a José Daniel Ferrer lo habían devuelto, pensó que le iba a pasar lo mismo”.

Casi un mes antes, la policía entró por asalto, de madrugada, a la casa de Ferrer en Santiago de Cuba. Revolcaron su ropa y su cama, robaron alimentos y otras pertenencias, y se llevaron a su esposa e hijo. A él lo llevaron hasta la prisión, donde recientemente hizo una huelga de hambre y donde, según pudo constatar su familia tras una visita, fue brutalmente torturado hasta desmejorarlo físicamente.

Ferrer siempre se ha negado a usar el uniforme de preso común, con la convicción y el recordatorio de que es un preso político. Su gesto molesta a las autoridades penitenciarias de Mar Verde, el mismo penal en el que estuvo hasta que lo excarcelaran en enero de este año. Según el Tribunal Supremo Popular, la revocación de su libertad condicional se debe al incumplimiento de “lo establecido en la ley” tras la excarcelación. Las autoridades pretendían que el líder santiaguero rindiera cuentas periódicamente, algo a lo que él se opuso desde su salida de prisión. “No solo no se presentó, sino que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial”, dice la declaración del tribunal.

También fue detenido Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El hombre, de 72 años y en delicado estado de salud, fue otro de los excarcelados a inicios de año. La causa que le dieron para regresar a la cárcel fue similar: “violaciones reiteradas” a las pautas impuestas por el tribunal, entre ellas, que Navarro salió en siete ocasiones del municipio de Perico, en Matanzas, sin autorización.

En abril, además, fue revocada la libertad condicional de Jaime Alcide Firdó Rodríguez, de 25 años, quien permanece ahora en la prisión 1580, de San Miguel del Padrón, en La Habana. El día en que lo detuvieron, a su padre le dijeron que debía presentarse en la estación policial para una verificación. “Lo mandé y cuando llegó le dijeron que estaba revocado”, cuenta Alcide Firdó Veranes. “Lo regresaron a la prisión porque les dio la gana”, insiste el padre, quien cuenta que los oficiales de la Seguridad del Estado pretendían que su hijo “trabajara con ellos y él se negó”.

Cuatro de vuelta a prisión y “vigilancia férrea” sobre otros

Según los registros de la organización Prisoners Defenders, estas son las cuatro personas que el Gobierno cubano ha vuelto a encarcelar de las más de 500 excarceladas en enero, entre ellas 230 presos políticos y el resto presos comunes. A casi seis meses del acuerdo con la Santa Sede, La Habana no solo ha devuelto a algunos a prisión, sino que mantiene una férrea vigilancia sobre muchos de los excarcelados. Desde entonces, han denunciado acoso por parte de las autoridades cubanas, persecución, amenazas de la Seguridad del Estado a cuentapropistas para que no los contraten, propuestas de colaboración con el Gobierno, la imposibilidad de viajar al extranjero, reiteradas citaciones por parte de la policía política o la vigilancia a las afuera de sus viviendas.

Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), asegura que si bien “una diplomacia tan antigua y experimentada como la vaticana conoce bien esta situación y actúa consciente de las limitaciones del escenario cubano”, es una realidad que “La Habana ha faltado a su compromiso y su falta de generosidad ha dejado en evidencia la utilización de los presos políticos y sus excarcelaciones como monedas de cambio”.

Aun así, la versión oficial cubana vierte sobre Estados Unidos el peso de la violación del pacto hecho en su momento con el papa Francisco en el marco del espíritu del Jubileo Ordinario de este año. Johana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo en redes sociales que fue el Gobierno estadounidense quien “incumplió compromisos asumidos con el Papa Francisco”, y que “Cuba sí cumplió con su parte del acuerdo”.

Aunque La Habana nunca ha declarado que la Administración de Joe Biden participara en las negociaciones, la decisión de los excarcelamientos llegó el mismo día en que el Gobierno estadounidense retiró a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, seis días antes de que este dejara el cargo como presidente. En su primer día en la Casa Blanca, Donald Trump devolvió a Cuba a la lista, entre otras cosas, por refugiar en La Habana a personas como Joanne Deborah Chesimard (la conocida Assata Shakur) o Charles Hill, prófugos de la justicia a quienes consideran “terroristas”. Desde enero, la Administración de Trump ha seguido dictando una serie de decretos encaminados a asfixiar y aislar económicamente al país y, en su último memorándum, insistió en la exigencia de una revisión sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba e informes sobre presos políticos.

Aunque, en su paso por La Habana, el arzobispo Paul Richard Gallagher dijo que “el pueblo cubano podrá contar con la Santa Sede por el bien común de todos los cubanos”, se desconoce aún cuál será la posición de León XIV, quien viajó a la isla en dos ocasiones y se le vio en fotos compartiendo la mesa de una familia cubana. Los tres papas que le antecedieron en el cargo han prestado atención a la isla. Con la visita de Juan Pablo II en 1998, Fidel Castro excarceló a unas 200 personas. Un total de 75 disidentes de la llamada Primavera Negra fueron liberados en 2010 tras diálogos mediados por la Santa Sede. Lo mismo sucedió en vísperas de la visita de Benedicto XVI en 2011 a Cuba y luego del Papa Francisco en 2015. Con motivo de la elección de León XIV, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, le dejó saber en un mensaje que compartían “la voluntad de promover el diálogo y la paz”.

En medio de la situación de crisis que atraviesa la isla, varias instituciones religiosas han alzado la voz ante el llamado de “hacer algo para salvar a Cuba”. Miembros del Arzobispado de Santiago de Cuba recientemente hicieron un reclamo “a los que tienen responsabilidades más altas a la hora de tomar decisiones para el bien de la nación”. “Es el momento de crear un clima, sin presiones ni condicionamientos internos y externos, donde se puedan llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita”, dijeron.

Yaxis Cires, del OCDH, por su parte, cree que es “crucial” que la Santa Sede “respalde de alguna manera” el mensaje de los obispos cubanos, “que subraya la necesidad de cambios estructurales en los ámbitos político, económico y social. ”Es fundamental encontrar las vías para que la dignidad y la libertad de los cubanos sean respetadas”, insistió.