“Golpes, aislamiento y privación del sueño”: los castigos infligidos por manifestarse en Cuba

Golpes, régimen de aislamiento, privación del sueño, vigilancia permanente, falta de atención médica, alimentación insuficiente y condiciones insalubres. Los castigos infligidos a los detenidos durante las protestas que se iniciaron el 11 de julio de 2021 en Cuba, de las que este viernes se cumplen cuatro años, abarcan un amplio abanico de atropellos documentados por Human Rights Watch (HRW) a través de entrevistas a 17 personas que estuvieron detenidas en seis cárceles para hombres y en dos prisiones para mujeres. “Los manifestantes detenidos por participar en las protestas mayoritariamente pacíficas de julio de 2021 en Cuba han sufrido graves abusos en prisión”, denuncia la organización.

Los relatos de estos presos políticos, que salieron en libertad el pasado enero gracias a las negociaciones con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel lideradas por el Vaticano y en las que participó Estados Unidos, describen una persecución sistemática tras las rejas. Aseguran “que fueron golpeados”, detallan “condiciones carcelarias antihigiénicas, incluyendo acceso completamente inadecuado a alimentación y agua” y señalan que “permanecen bajo vigilancia constante y en condiciones estrictas, algunas de las cuales parecen haber sido impuestas de manera informal”. “Muchos temen ser enviados nuevamente a prisión y al menos tres de las personas liberadas han sido detenidas otra vez”, indica HRW.

“Hace cuatro años, el Gobierno cubano desató una estrategia represiva contra miles de cubanos que salieron pacíficamente a las calles para exigir derechos y libertades”, afirma Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la ONG, quien recuerda que hoy cientos permanecen detenidos “en condiciones deplorables”

“Varias personas que estuvieron detenidas describieron haber sufrido abusos físicos por parte de los guardias penitenciarios. Señalaron que los guardias las golpeaban por gritar consignas contra el Gobierno o protestar por las condiciones de detención. Muchas dijeron haber sido sometidas a posturas de estrés como la bicicleta, también conocida como carretilla, en la que los detenidos son obligados a correr, esposados, con los brazos levantados por encima de la cabeza”, continúa Human Rights Watch.

Uno de ellos, José Daniel Ferrer, líder del movimiento opositor Unión Patriótica Cubana (UNPACU), cuenta que los guardias intentaron llevarlo a un hospital de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, por una herida en el brazo. El activista afirma que se negó a ir debido a un brote de tuberculosis. La reacción de los guardias fue la violencia: un puño en la cabeza y en el brazo herido. “Estuve sangrando todo el día por la herida”, relata Ferrer, que asegura que lo obligaron a hacer la “bicicleta” para después forzarle a subir a un carro para trasladarlo al centor hospitalario. El mismo preso político también rememora lo ocurrido en diciembre de 2022, cuando siete guardias le propinaron unos golpes por gritar “abajo [el presidente Miguel Díaz] Canel, abajo la tiranía” durante una visita familiar. “Estaba tirado en el piso, [un oficial de la prisión] me propinó una patada y me fracturó el tabique nasal, estaba sangrando de la nariz”.

“Comida inhumana”

En los testimonios recogidos por la organización hay elementos recurrentes, además de las agresiones físicas. Entre ellos, el hacinamiento en las celdas y un acceso limitado a alimentos y agua potable para todos los detenidos. “Si tu familia no te trae comida, te mueres de hambre” , afirma uno de ellos. “La comida que te dan es inhumana. Tenía gusanos”, explica otro.

Además, los relatos documentan brotes de sarna, tuberculosis, dengue y covid-19 que, aseguran los entrevistados, no fueron atendidos. “Quienes protestaban por estas condiciones relataron que con frecuencia eran enviados a celdas donde permanecían en régimen de aislamiento o les negaban las visitas, las llamadas telefónicas o el acceso a los paquetes que les enviaban sus familiares”, afirma HRW.

Muchos de los manifestantes liberados fueron obligados a aceptar trabajos asignados por el Estado, aseguran, y a presentarse regularmente ante agentes de seguridad y solicitar permiso para salir de sus municipios. “Al menos en algunos casos, estas condiciones parecen haber sido impuestas de manera informal y arbitraria, ya que no figuran en una orden escrita ni en las condiciones de excarcelación impuestas por los tribunales”, continúa el informe. Es decir, es la llamada seguridad del Estado, el servicio de inteligencia, la que mantiene bajo la lupa a los manifestantes. “Aunque fui excarcelada, sigo estando presa”, aseguró una de las entrevistadas. “Es como estar presa en la calle”.