El grupo de sindicalistas de ‘Las seis de la Suiza’ obtiene el tercer grado penitenciario

El grupo de sindicalistas de ‘Las seis de la Suiza’ ha obtenido el tercer grado penitenciario, según ha anunciado CNT en un comunicado. En el mismo, el sindicato explica que los seis condenados por protestar frente a una pastelería de Gijón cumplirán su pena en régimen abierto. “Desde CNT seguimos, como hemos hecho desde el primer día, exigiendo la libertad de las compañeras condenadas por hacer sindicalismo”, se añade en el texto.

Los conocidos como ‘Las seis de la Suiza’ (en realidad cinco mujeres y un hombre) entraron en la prisión asturiana de Villabona el pasado jueves 10 de julio para cumplir una condena de tres años y seis meses de cárcel por coacciones graves y un delito contra la administración de justicia al tratar de defender los derechos laborales de una de ellas.

Los hechos por los que han sido condenados se remontan al 15 de junio de 2015 cuando una de las trabajadoras de la pastelería La Suiza comenzó a sentirse mal, según se recoge en la sentencia. CNT explica que pidió a su jefe irse a casa, pero este se negó. La empleada, que estaba embarazada y temía perder al bebé, llamó a su pareja, que acudió al establecimiento y durante una discusión con el dueño estropeó uno de los frigoríficos de un manotazo. El propietario denunció a la pareja y la mujer se cogió una baja por riesgo de aborto.

Dos años después, la empleada, que estaba de baja de maternidad, acudió a la CNT para que la ayudaran a negociar su despido porque no quería volver a trabajar en La Suiza. El sindicato pidió una indemnización de poco más de 6.000 euros (en concepto de pago de horas extras, días de vacaciones, despido improcedente...) y la retirada de la denuncia contra la pareja, pero el propietario no aceptó.

La CNT decidió presionarlo organizando 15 concentraciones frente a la pastelería, situada en una larga calle comercial de dos carriles por sentido, la avenida Schultz, desde mayo a septiembre de 2017. En ese tiempo, los miembros de la CNT se reunieron frente al local, un negocio pequeño, donde trabajaban —además del propietario, su mujer y su hija— dos empleados más. La mitad de las protestas fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno. La otra mitad, no. A las primeras iba solo una docena de personas (todas de la CNT). Después se fue sumando gente, muchas veces vecinos del barrio. Hubo ocasiones que frente a la pastelería se congregaron más de 80 manifestantes.

La sentencia, que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, considera que el propietario se vio obligado a cerrar el negocio por la presión y a cambiar de ciudad, con el consiguiente quebranto económico y psicológico. Los sindicalistas, por su parte, aseguran que la pastelería ya estaba en venta antes de que se sucedieran los hechos. “Debido a lo que pasó, la malvendieron deprisa y corriendo, perdiendo dinero: por eso la sentencia pide una indemnización de 120.000 euros”, explicó el hijo de los propietarios, Pablo Álvarez Meana. Un importe que fue abonado en parte por el sindicato y en parte a base de conseguir fondos a base de rifas, donativos y conciertos, según la CNT.

Los abogados de los condenados argumentan que los hechos ocurrieron en 2016 y 2017 y que todos los encausados están en la actualidad insertados en la sociedad, con trabajo, familia, hijos y una vida que se iba a ver interrumpida por el ingreso en prisión. Pero el juez no tuvo en cuenta sus alegaciones y acordó su ingreso en prisión de manera inmediata. Más de una veintena de organizaciones sindicales han firmado una solicitud de indulto, petición apoyada por el Gobierno de Asturias.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se entrevistó con los acusados la semana pasada, aseguró que se iba a encargar de que el Ejecutivo tramitará dicho indulto en cuanto sea posible. La familia del propietario ha anunciado que si el Gobierno concede el indulto, recurrirá la medida al día siguiente ante el Tribunal Supremo.