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La condena a Bolsonaro, ¿un punto y aparte en su carrera política o el punto final?

El expresidente de Brasil, castigado a una pena de 27 años por un intento de golpe de Estado, batalla para no ir a la cárcel y mantenerse al frente de la derecha

Jair Bolsonaro en Brasilia, Brasil, en octubre de 2022.
Naiara Galarraga Gortázar

Desde que Brasil enterró a 700.000 de sus hijos durante la pandemia mientras el presidente de la República banalizaba la grave amenaza, se han escrito muchos epitafios políticos de Jair Messias Bolsonaro. Pero él supo jugar sus cartas. Pese a los múltiples escándalos, los achaques y a un cerco judicial que se ha ido estrechando como una soga al cuello, sobrevivió. No solo eso: siguió como protagonista de la vida pública, aunque lleva dos años inhabilitado para ser candidato electoral.

La política brasileña era, al menos hasta este jueves, 11-S, un mano a mano entre Bolsonaro, 70 años, y Luiz Inácio Lula da Silva, 79, actual presidente. Desde ese día, el capitán del ejército en la reserva, diputado bufón, nostálgico del régimen militar, el primer presidente de extrema derecha al que Brasil eligió en las urnas, es un golpista convicto. El peor momento de sus cuatro décadas en política.

Carmen Lucía Antunes Rocha en el juicio contra Bolsonaro.

La incógnita es si la condena a 27 años que el Tribunal Supremo le impuso por liderar una conspiración golpista —y su eventual ingreso en prisión— supone un punto y aparte en su carrera política. O el punto final.

Para cuando cumpla la pena, tendrá 97 años. Aunque la sentencia supone un golpe colosal, Brasil ha presenciado otras resurrecciones inverosímiles (véase, Lula). La salud física y mental sin duda influirán. Los abogados de Bolsonaro van a apelar a las crisis gastrointestinales y de hipo que padece desde que fue apuñalado para convencer al juez de que le permita cumplir la pena en familia, preso en un chalé de Brasilia, como está ahora. Aunque los cálculos varían, no iría a prisión antes de un par de meses. Y serían como máximo seis años recluido, según la ley. Confinado en casa y sin redes sociales por orden del juez Alexandre de Moraes, solo puede comunicarse con el mundo a través de terceros.

Lucha por la sucesión

Los fieles al ultraderechista han acelerado las maniobras en el Congreso para neutralizar, con una amnistía, la amenaza de prisión. “Espero que aprobemos la amnistía en 30 días, para que no vaya preso”, explicaba este sábado al diario O Globo el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. El PL, una sigla de la vieja política que Bolsonaro prometía erradicar, lo salvó de la destitución parlamentaria cuando el coronavirus. Sellaron un matrimonio de conveniencia. “El debate sobre un nombre para sustituir a Bolsonaro en 2026 solo ocurriría una vez agotado el tema de la amnistía. Aún puede ser candidato”, añade optimista. Obvia que el tribunal avisó en la sentencia de que el golpismo no es uno de esos delitos que sus señorías tienen potestad de perdonar.

El enorme capital político que aún atesora Bolsonaro se ha convertido para la derecha brasileña —la conservadora, la liberal, la más radical…— en un gran botín a conquistar. Conserva fuerza, pese al desgaste por el juicio y el castigo arancelario de Trump contra Brasil. Lula ganaría con holgura a Bolsonaro (47% frente a 35%) en 2026, según una recienten encuesta de Quaest. Pero su discurso cala. El 45% opina que el país está bajo “una dictadura judicial”.

Todo indica que Bolsonaro tendrá la última palabra para decidir el candidato de la derecha que se medirá con Lula dentro de 13 meses. La guerra para heredar el enorme caudal de votos del líder golpista se ha intensificado en las últimas semanas. Se libra en varios frentes. Está la batalla entre los aspirantes que llevan el apellido Bolsonaro y los que no; y está el pulso fratricida dentro del clan.

Entre las perlas del teléfono móvil confiscado a Bolsonaro padre, hay mensajes de Eduardo, el hijo y diputado emisario ante la Administración Trump. Revelan sus celos y desconfianza hacia el pupilo más aventajado de su padre, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. “Tarcísio nunca te ayudó en nada ante el Tribunal Supremo. Siempre se quedó de brazos cruzados, viendo cómo te jodían y preparándose para 2026”. De Freitas —formado en el ejército, pero ya en democracia— acaba de saltar a la trinchera. Como otros gobernadores, ha prometido indultarlo si tuviera ocasión y se ha implicado en la misión amnistía. Gran decepción para quienes veían en él a un tipo más técnico que ideológico.

Dentro del clan, Eduardo Bolsonaro quiere emular al padre, pero requeriría regresar a Brasil y algo más difícil, quitarse la mancha de traidor por instigar el chantaje trumpista. Los nombres de la esposa de su padre, Michelle, y su hermano Flávio Bolsonaro, senador, suenan también.

Los bolsonaristas más ultras, los que no se pierden una marcha, han empezado a compartir el temor a que los problemas de salud y el bajón anímico —no los jueces— dobleguen al líder de la oposición. Lo ven frágil. “Creo que pasará el balón a uno de sus hijos”, decía Claudinei Pinaffi, el domingo pasado en la manifestación por el Día de la Independencia, en São Paulo, convencido de que la enfermedad jubilará al político que sacó del armario a la derecha brasileña. Una escolta policial acompañará este domingo al expresidente al hospital para una intervención cutánea.

La extraordinaria presión de Trump no amilanó al tribunal, que votó 4-1 para condenarlo por cinco delitos, incluidos golpe de Estado, liderar una organización criminal y daños al patrimonio. Sus cómplices —cuatro generales y dos policías— recibieron penas de 16 a 26 años. Y dos años para el teniente coronel, secretario de Bolsonaro, que delató a sus colegas de complot.

Al desgranar sus argumentos para emitir el voto decisivo, la jueza Carmen Lúcia Antunes Rocha, de 71 años, recordó que cuatro de los imputados, incluido Bolsonaro, fueron los autores del proyecto de ley que alumbró en 2021 el delito de abolición violenta del Estado de derecho, que castiga un autogolpe. “Sus firmas están en la ley. Por lo tanto, sabían bien lo que hacían”, remachó. Su intervención combinó Víctor Hugo, poesía —la decisión “es un encuentro de Brasil con su pasado, su presente y su futuro”— y una ardiente defensa de la democracia, conquistada en 1985.

Alexandre de Moraes durante el veredicto en Brasilia, el 11 de septiembre 2025.

El juez Moraes, de 56 años, simboliza como nadie la batalla del Brasil institucional contra el autoritarismo. “Lo que vimos fue una organización criminal liderada por el presidente Bolsonaro, con un plan para romper el orden constitucional y poner fin al Estado de derecho”.

Quizá esa ferocidad con la que aplica la ley para combatir el golpismo obedece a un hecho casual. El juez, que antes fue político de centro-derecha y ministro, nació el 13 de diciembre de 1968. Ese día, los generales aprobaron el decreto AI5 (Acto Institucional número 5). Cerraron el Congreso, endurecieron la represión y emprendieron los años de plomo. Quién sabe si en cada cumpleaños Moraes tiene presente aquel decreto dictatorial y los horrores que trajo.

Complot documentado

La sentencia destaca que los golpistas dejaron un nutrido rastro de pruebas: mensajes de WhatsApp, borradores de decreto con medidas de excepción, un croquis sobre el magnicidio (planearon matar a Lula, a su vicepresidente y al juez Moraes), audios, vídeos… No era incompetencia, se creían impunes. Estaban convencidos de que las instituciones no osarían castigarlos. Jamás había ocurrido.

En Brasil, un país de telenovelas, la sorpresa nunca se descarta. Los izquierdistas de Brasilia celebraron la victoria de la justicia sobre el golpismo en el bar Pardim. Elvio Souza, de 44 años, con Christiana Moura, de 39, festejaba con baile y cerveza. Él alabó el fallo como una “muestra clara de la fortaleza de la democracia”. Su amiga celebraba el instante, pero es escéptica. “Creo que él no entra en la cárcel. Y los generales tampoco. Es más, creo que en la próxima elección veremos a su mujer o a uno de sus hijos. Y me temo que van a ganar”. Un pesimismo que asustó a Souza. Siguieron bailando.

Personas celebran la condena a Bolsonaro el 12 de septiembre de 2025 en Río de Janeiro.

La sentencia significa que Bolsonaro puede volver a ser preso. Quince días detenido en un cuartel en 1986 —sancionado por reclamar en un artículo de la revista Veja mejoras salariales para la tropa— fueron la antesala de su salto a la política. Cuando coqueteó con la idea de colocar bombas en cuarteles, la justicia militar lo condenó. Tras apelar, fue absuelto. El ejército prefirió enseñarle la puerta de salida a expulsarlo. Un apaño en la época en que Brasil enfilaba la senda de la democracia. Aún estaba fresca la dictadura.

Tras tres décadas de mediocridad en el Congreso, Bolsonaro conquistó en 2018 la Presidencia para sorpresa general. Formó un Gobierno con más generales que mujeres y sus tics autoritarios preocuparon desde primera hora. Cuando vislumbró la derrota ante Lula, “instrumentalizó el aparato del Estado para provocar inestabilidad social y perpetuarse en el poder”, según el juez Moraes. La justicia le castiga, junto a sus cómplices, con un mensaje claro. Acabó la histórica impunidad. Brasil espera expectante los siguientes capítulos.

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Sobre la firma

Naiara Galarraga Gortázar
Es corresponsal de EL PAÍS en Brasil. Antes fue subjefa de la sección de Internacional, corresponsal de Migraciones, y enviada especial. Trabajó en las redacciones de Madrid, Bilbao y México. En un intervalo de su carrera en el diario, fue corresponsal en Jerusalén para Cuatro/CNN+. Es licenciada y máster en Periodismo (EL PAÍS/UAM).
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