Bolsonaro, en el alegato final: “No hay pruebas del golpe imaginado por la acusación”

Jair Messias Bolsonaro, el militar de extrema derecha que presidió Brasil y está en prisión domiciliaria, se declara inocente de todos los cargos en el alegato final del juicio por liderar un complot golpista que se sigue contra él en el Tribunal Supremo. El anterior presidente (2019-2022) sostiene en el escrito presentado el miércoles a última hora que “no hay pruebas del golpe imaginado por la acusación”, añade que ninguna prueba lo relaciona con el supuesto plan para matar a las principales autoridades de la república o al asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia. Con los alegatos finales de los acusados —Bolsonaro, tres antiguos ministros-generales, el excomandante de la Armada y el exjefe de los servicios secretos— el proceso judicial entra en la fase crucial, la elaboración de la sentencia.

“No existe texto, decreto o borrador que prevea la detención de ninguna autoridad. No existe decreto firmado. No existe orden de movilizar tropas”, afirman en su alegato los abogados de Bolsonaro, que se desvincula totalmente del plan esbozado por los conspiradores, según la fiscalía, para arrestar y asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente, Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, que ahora instruye y juzga el caso, pero es desde hace años el archienemigo del bolsonarismo por su cruzada contra el populismo extremista en redes sociales. En su alegato final, Bolsonaro evita criticar al polémico Moraes.

La defensa del expresidente añade que la confesión de su entonces secretario personal, el teniente coronel Mauro Cid, piedra angular del proceso, debería ser anulada por falta de credibilidad. Recalca que el presidente ordenó la transición al Gobierno entrante. También reitera su crítica a que sea juzgado por la primera sala del Tribunal Supremo, y no por los 11 magistrados que integran la máxima corte. La primera sala incluye dos togados nombrados por Lula (su antiguo abogado personal y el que fuera su ministro de Justicia), y ninguno del par designado por Bolsonaro. El recurso que en su día presentaron con ese argumento fue rechazado por el tribunal.

La defensa de Bolsonaro solicita que este sea absuelto de los cinco delitos por los que se sienta en el banquillo: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro de patrimonio protegido. Los cinco delitos le pueden suponer una pena total de 43 años de cárcel. Bolsonaro ya está inhabilitado en otro caso, por lo que está inhabilitado para concurrir a las elecciones hasta 2030.

Todos en Brasil, desde los analistas, al Gobierno y la oposición, dan por supuesto que la sentencia será condenatoria. La incógnita es el calibre de la pena y si sería una condena a prisión domiciliaria o en una cárcel militar, por su condición de capitán del Ejército en la reserva.

Bolsonaro se encuentra confinado en el chalé familiar de Brasilia desde el pasado día 4. El juez Moraes ordenó que quedara en prisión domiciliaria por desobedecer medidas cautelares previas, como el veto a usar redes sociales después de que le colocara una tobillera electrónica por riesgo de fuga. El juez también confiscó el celular del expresidente y le prohibió hablar por teléfono.

El diputado Eduardo Bolsonaro lidera desde Estados Unidos una intensa campaña para presionar a los magistrados que juzgan al patriarca. El presidente Donald Trump y su administración se han sumado con entusiasmo al esfuerzo: Washington ha impuesto un arancel del 50% a las importaciones desde Brasil (el mayor del mundo, que comparte con la India), sanciones económicas al juez Moraes y ha retirado los visados, o sea, veta su entrada en EEUU, a ocho jueces de la máxima corte y a dos altos funcionarios que implantaron en Brasil el programa Mais Médicos, para enviar profesionales sanitarios a los rincones más desatendidos de Brasil. La mayoría eran cubanos y parte de su salario, pagado a través de la Organización Panamericana de la Salud, iba a las autoridades castristas.

Los brasileños están profundamente divididos sobre la situación de Bolsonaro. La mitad (51%) está de acuerdo con la prisión domiciliaria, mientras un 39% está en contra, según la encuesta Datafolha publicada este jueves. El apoyo a las decisiones del juez Moraes se reparte en porcentajes similares.