Hernán Penagos: “El sistema electoral colombiano no da lugar a alteración o fraude”

Sobre el escritorio de Hernán Penagos (Samaná, Caldas, 54 años) reposa el grueso tomo de Capital e ideología, del académico francés Thomas Piketty. El registrador nacional del estado civil de Colombia, el nombre completo de su cargo, es el encargado de gerenciar toda la logística para las elecciones en el país. A menos de dos semanas de realizar las primeras de alcance nacional desde que llegó a su cargo, en diciembre de 2023, el abogado enfrenta una serie de críticas por parte del presidente Gustavo Petro. El mandatario de izquierdas ha venido cuestionando, de manera creciente, varias de las decisiones de Penagos y de la otra institución fundamental en las votaciones colombianas, el Consejo Nacional Electoral. El funcionario, antiguo congresista del Partido de La U, niega cualquier irregularidad. “No hay manera de alterar los resultados, ni informática ni manualmente”, dice.

Recibe a EL PAÍS sentado en la cabecera de la larga mesa de juntas de su despacho, ubicado en la zona de edificios estatales llamada Centro Administrativo Nacional o CAN. Armado de documentos que le sirven para sustentar sus argumentos, un poco más lejos reposa la copia de un libro con titular elocuente para el debate actual, firmado por uno de sus antecesores: La desinformación en la era de la democracia digital (Temis, 2026), la tesis doctoral de Juan Carlos Galindo Vácha, registrador entre 2015 y 2019.

Pregunta. Arranquemos por lo básico: ¿Colombia puede estar tranquila para las elecciones?

Respuesta. Desde el punto de vista de la organización de las elecciones, sí, muy tranquilos. Tenemos a punto todos los componentes del proceso electoral, hemos llevado a cabo simulacros de preconteo, de digitalización y de escrutinio, sin mayores dificultades. Ya avanza la impresión del material electoral e inicia la distribución. Tenemos activos todos los puestos de votación y las cerca de 125.000 mesas. Desde el punto de vista organizacional no tenemos ninguna dificultad.

P. Eso en lo organizacional, pero el presidente ha puesto en duda la confianza en los comicios. ¿En eso también está tranquilo?

R. No, me inquieta. No recuerdo una circunstancia así. He hablado con exregistradores, incluido alguno que lo fue hace casi medio siglo, y ninguno da cuenta de algo parecido. He tratado de responder una a una las inconformidades o dudas sobre un proceso, partiendo de mi certeza de que el sistema electoral colombiano no da lugar a alteración o fraude, porque siempre queda evidencia física de los votos y de las actas de mesa.

P. ¿A qué se refiere cuando dice “no hay espacio para fraude”? Hemos relatado en los medios, y muchos jueces han encontrado, fraudes en las mesas, compra de votos...

R. Pero el presidente se refiere a un fraude sistémico y, tal y como está diseñado el proceso electoral colombiano, no hay lugar a él. Primero, por la cantidad de actores: tenemos unos 860.000 jurados, ciudadanos de todo tipo que prestan un servicio cívico el día de las votaciones; más de 9.600 jueces hacen luego el escrutinio; los partidos pueden designar hasta un testigo por cada mesa —y, con 28 partidos, es un potencial de varios millones de personas—; está la observación internacional y los órganos de control. Segundo, porque el momento más importante es el que tiene más ojos, es la mesa de votación: allí se cuentan los votos y los jurados diligencian a mano las actas. La Registraduría no puede divulgar un resultado contrario a ellas. Lo que hace el software que procupa al presidente es solamente consolidar esos datos. Los testigos y los jurados pueden tomar fotos de esas actas, conocidas como formularios E14, que tienen tres copias diferentes y que la Registraduría publica. Eso me da la tranquilidad de que no hay manera de alterar los resultados, ni informática ni manualmente.

P. El presidente cita un antecedente reciente, los votos que no aparecían inicialmente para la lista de su partido al Senado en 2022. Eso efectivamente ocurrió en la noche de ese domingo electoral. ¿Qué le responde?

R. Recordaría dos cosas. Primero, los datos que se emiten el día de las votaciones tras cerrar las urnas, el llamado preconteo, no son el resultado final. Son una información que se recoge en la mesa para informar rápido, pero que no tiene valor legal; lo tiene el escrutinio, el que luego hacen los jueces. Aunque un candidato esa noche diga que ganó, y su rival lo conceda, son solo hechos políticos. Luego, en el escrutinio, los jueces revisan las actas, atienden las reclamaciones de candidatos y partidos, y finalmente declaran los resultados oficiales en cada municipio. Hace cuatro años, los encargados de dictar por teléfono los datos del preconteo de un número importante de mesas, olvidaron transmitir los votos de un partido. Digo olvidaron porque no se ha demostrado la mala fe, y porque el diseño gráfico de las actas indujo al error. Los votos estaban en las actas, como quedó claro en el escrutinio. Si hubiera sido fraude, no habrían aparecido allí. Yo no estaba entonces, pero admito que fue una circunstancia penosa, y aclaro que ese diseño ya se corrigió desde las elecciones locales de 2023.

P. ¿Dice que el sistema tiene varias etapas, lo que permite corregir errores de las fases iniciales?

R. Exacto. El proceso electoral no es solo la mesa y el preconteo: va desde allí hasta el escrutinio, y eventualmente hasta las decisiones del Consejo de Estado.

P. El presidente retoma esa última etapa. Recuerda que, en 2017, el Consejo de Estado encontró que el escrutinio de 2014 había desconocido miles de votos del partido cristiano MIRA. ¿Qué ha cambiado para asegurar que no ocurra algo similar?

R. Conozco a detalle ese fallo y lo que ocurrió no tiene nada que ver con el software, como señala el presidente. Lo que evidenciaron los magistrados fueron circunstancias de naturaleza humana. El MIRA tenía testigos en múltiples mesas, y presentaron reclamaciones en más de 2.900 de ellas: pidieron un reconteo, señalaron tachaduras o enmendaduras. Esas reclamaciones pasaron a las comisiones escrutadoras de los jueces, que aceptaron unas y otras no. El MIRA, inconforme, demandó; los consejeros de Estado revisaron miles de mesas y concluyeron que muchas comisiones escrutadoras habían errado. Es allí que encontró votos. No en el software, que solo recibe información conforme la digitan seres humanos. Lo que pasó fue algo ordinario, aunque muy alto en volumen, pues es usual que haya diferencias que los jueces corrigen.

P. Pero el Consejo de Estado sí dijo algo sobre el software, ¿no?

R. Sí: aprovechó para hacer un exhorto - no una orden, una invitación- para que la Registraduría tuviera un software de su propiedad para hacer la consolidación nacional de todos los datos de las comisiones escrutadoras que mencionamos. El registrador anterior adquirió ese software a la firma española Indra, y se lo entregó al Consejo Nacional Electoral, que es la entidad competente para consolidar. Eso se mantiene: Indra lo actualizó y le da soporte; el Consejo Nacional Electoral lo opera. En todo caso, la sentencia del MIRA no tiene nada que ver con un software alterando resultados ni con algoritmos “sumando mal”. Eran diferencias entre E-14 y E-24, y reclamos que se resolvieron. Son errores humanos que pueden darse en un sistema con cientos de miles de jurados, miles de jueces y millones de testigos potenciales. Y agrego algo clave: la Registraduría gerencia, organiza, provee los servicios, entrega los equipos y el material, da herramientas a los jurados y observadores internacionales... pero no participa del conteo de votos ni del escrutinio. Solo da la infraestructura y las garantías.

P. Me dice que está tranquilo en lo organizacional, pero ¿este ruido no afecta al resto de actores de las elecciones, como los jurados, los jueces o los testigos?

R. Sin duda altera los nervios de todos. Entre los 860.000 jurados, quienes prestan un servicio ciudadano sin pago, que pueden temer resultar señalados de corruptos. Lo mismo los testigos, jueces de la República que deben hacer los escrutinios sin que sea su tarea usual, observadores… Una entidad como la Registraduría solo tiene un activo: la confianza. Si se degrada, ¿cómo validamos los resultados? Eso es preocupante, porque puede generar disturbios y tragedias como la de Gamarra: en las elecciones locales de 2023, alguien dijo que habría fraude y terminaron quemando viva a una mujer en la sede de la entidad, otra más quedó en estado vegetativo y una registradora sufrió quemaduras gravísimas.

P. Ante ese reto, ¿usted siente que hay confianza?

R. Le respondo con un dato: los partidos pueden designar testigos electorales e incluso proponer jurados de votación, postular sus “árbitros”. Pero de los 860.000 jurados actuales, solo postuló el 2%. Si un partido no confía, ¿por qué no propone jurados? ¿Por qué solo cuatro o cinco de los 28 partidos acuden a los simulacros? Para mí, porque en la práctica, confían, aunque en las redes se diga otra cosa.

P. Además de contestar las dudas, ¿qué están haciendo para reforzar la confianza?

R. La Registraduría no está inventando nada, pero sí profundizando. En el último año hemos avanzado en la biometría dactilar y facial, en estas elecciones publicaremos las tres copias de las actas de cada mesa, los E14, no solo una. La observación internacional lleva semanas con acceso a la información; los órganos de control nos acompañan desde el año pasado; los partidos han asignado auditores de sistemas; los testigos pondrán fotos de los E14 para comparar con lo publicado. Hemos desplegado muchas acciones para dar tranquilidad, bajo la premisa de que no existe un sistema perfecto, sino que es el que genera más confianza en cada país. En Colombia tenemos controles como en pocos países de Latinoamérica, tenemos un preconteo que es referente regional por su velocidad. Tenemos fortalezas y errores; no se puede decir que sea un sistema “podrido” o sin garantías.

P. La defensora del Pueblo ha dicho que es bueno que se explique todo, pero hay un punto donde ningún registrador puede “blindar” la conversación en un contexto global de dudas sobre la democracia.

R. De acuerdo. La democracia no pasa por su mejor momento. Más del 70% de las personas en el planeta no sienten que resuelva sus necesidades; en Colombia, los datos dicen que 20 de cada 100 personas prefieren un régimen autoritario. La desinformación y las noticias falsas erosionan las instituciones. A mí no me preocupa si va a haber elecciones: claro que las va a haber. Pero me inquieta cuánto le van a costar socialmente al país, cuánto se degradan las instituciones, cuánto se golpean los poderes públicos, cuánto se afecta la democracia, cuánta violencia puede haber.