La nación u’wa y su histórica victoria jurídica en los tribunales internacionales

Desde la cuna, Daris María Cristancho comprendió que su destino era hacer justicia. Nació en 1971 del mestizaje entre un padre campesino, que abusó de su madre indígena y no la reconoció como hija. Sucedió en Bachira, en la Sierra Nevada del Cocuy, Boyacá, llamado Zizuma por la comunidad u’wa. Poseer “dos sangres” le significó el destierro durante sus primeros cinco años de vida. Su madre la envió lejos para evitar agresiones por su origen. La descendencia campesina era vista como una marca de maldad. Cuando regresó, hablaba español y aprendió la lengua de su comunidad, que hoy le permite ser intérprete para su pueblo.

A los 14 años se rebeló al levantar la voz frente a la opresión campesina, la de su propia familia, que operaba bajo el sistema de la Tercia: de cada diez bultos, tres eran para el indígena que trabaja la tierra y siete para el campesino. “Salí de mi comunidad a Bogotá para participar en una movilización donde escuché sobre la defensa de nuestra cultura. Más adelante, cuando no fuimos consultados para elaborar una resolución que sometía a nuestro territorio a la explotación de hidrocarburos, renuncié a mi trabajo como maestra para dedicarme exclusivamente a defenderlo y sacar a la Oxy de nuestro territorio”, rememora durante un viaje a Bogotá, antes de regresar a Cubará, municipio boyacense donde reside, en la frontera con Venezuela y a doce horas de camino desde la capital del país.

Cristancho se refiere a la licencia que el Estado colombiano otorgó a la petrolera Occidental Petroleum Corporation (Oxy) para adelantar estudios de exploración en parte del territorio de la nación u’wa sin garantizar el derecho a la consulta previa, como lo ratificó en 1997 la Corte Constitucional. Desde entonces, se han opuesto a la explotación que arrasa con sus recursos naturales, desconoce su propiedad sobre la tierra, afecta su desarrollo cultural y los expone a contextos de violencia: desde la presencia de grupos armados y ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas, hasta el control militar del territorio. Para esta comunidad indígena, Zizuma les fue entregado por Sira, su dios, para protegerlo como fuente de provisión y sentido espiritual.

Casi 30 años después de aquellos hechos, en diciembre de 2024 alcanzaron el resultado más contundente. Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de un pueblo indígena en Colombia y condenó al Estado por violar sus derechos territoriales, culturales y ambientales, al permitir la minería, la extracción de petróleo y gas, así como proyectos de turismo en tierras sagradas. “El litigio internacional fue una herramienta, no el fin. La lucha nace y termina en el territorio. El fallo de la Corte Interamericana le da la razón a un pueblo cuyo reclamo es previo a cualquier sistema jurídico occidental”, explica la abogada Juliana Bravo. Esta bogotana de 45 años es la directora para Latinoamérica en EarthRights International (ERI), la organización global que forma parte de los peticionarios del caso de la nación u’wa ante la Corte Interamericana, junto con Cajar, Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

A pesar del triunfo, persiste un sabor agridulce e incierto, hasta tanto no exista cumplimiento por parte del Estado. “Ninguna de las medidas de reparación ordenadas por la Corte se ha cumplido a cabalidad, inclusive aquellas que debían ejecutarse a los seis meses y al año”, afirma Bravo, quien ha trabajado en casos emblemáticos como la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.

La sentencia ordena al Estado ejecutar acciones para garantizar el derecho de propiedad colectiva sobre su territorio ancestral; asegurar que la administración del Parque Nacional Natural El Cocuy –Zizuma– se haga en conjunto con las autoridades indígenas y se respete su cosmovisión; además, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

“Esperamos que el Estado cumpla todas las medidas de reparación en el corto plazo, que no dilate su cumplimiento y lo haga de manera integral, respetando y garantizando todos los derechos colectivos de este pueblo y su cosmovisión”, aclara Bravo, a un año de la sentencia. Su reflexión es inquietante: “Cuando acompañamos estos procesos, les decimos a las comunidades: ustedes creen que el punto de llegada es la sentencia, pero apenas empieza otra etapa. Hasta que no haya un proceso de implementación, nos quedamos en lo descriptivo y retórico, a pesar de que la sentencia en sí misma ya es una medida de reparación”.

El reconocimiento de su cosmovisión

“Nosotros no estamos luchando solo por los u’wa, sino por la vida en el planeta. El hombre blanco piensa que la plata es todo. Cuando no haya agua, naturaleza ni comida, no podrá comer plata”, expresa Cristancho con la paciencia de su voz y la contundencia de su espíritu guerrero.

Con esa fuerza, se presentó a la audiencia en Santiago de Chile, junto con Berito Kuwaru’wa, líder histórico u’wa, y Evaristo Tegría, el primer abogado u’wa que presentó el caso ante el Sistema Internacional, en 1998. Juntos representaron a los 11.000 indígenas asentados en Boyacá, Arauca, Santander, Norte de Santander y Casanare.

Cristancho narró ante los magistrados uno de los episodios más dolorosos, ocurrido en el territorio de Cedeño, en los límites entre Norte de Santander y Boyacá, donde fue documentada la expulsión por parte del Ejército Nacional de indígenas que protestaban por el ingreso de maquinaria petrolera. “Teníamos 21 días de estar secuestrados, porque no nos dejaban comunicar con otros miembros de la comunidad y estábamos custodiados por la Policía antimotines y el Ejército. Éramos 25 personas, contando niños y ancianos, cuando llegó el Ejército y acordonó la zona. Nos sacaron en helicópteros hacia el batallón de Samoré. No nos querían dejar salir. Les dije a las mujeres que hiciéramos un cordón y saliéramos. Nos quedamos en la carretera y duramos seis meses en la vía, con cinco intentos de desalojo donde murieron niños y abuelitos. En el último nos pusieron armas en la cabeza”. Hoy, en esa zona de desalojo, funciona el gasoducto Gibraltar. Para Juliana Bravo, parte del éxito del proceso fue la capacidad de los magistrados para comprender la cosmovisión u’wa, donde el petróleo es la sangre de la tierra.

Una de las tareas del Estado debe ser blindar al Nevado del Cocuy del turismo que ha amenazado su supervivencia: es una de las zonas glaciares más relevantes de los Andes colombianos, con ecosistemas que regulan el agua, la biodiversidad y el equilibrio de las cuencas. En 2018, el Parque estuvo cerrado varios meses como parte de un acuerdo entre las autoridades locales y la nación u’wa, tiempo que fue aprovechado por los indígenas para realizar ceremonias y pagamentos. La nieve volvió a vestir los picos después de 20 años de ausencia. Justo hace unos días el país amaneció con una noticia similar: nevó en Zizuma durante 12 horas ininterrumpidas.

La sentencia no fue una victoria individual. Es fruto de la lucha de los líderes que comenzaron en los años 90 y la heredaron a las nuevas generaciones, y de la unión con EarthRights, la organización que ha hecho un trabajo meticuloso de investigación y documentación. Este fallo es un legado que los u’wa entregan a la humanidad, porque, fieles a sus creencias, la convivencia respetuosa con la tierra implica entenderla no como paisaje, sino como ser viviente. Estas tres décadas no han sido una batalla por los intereses de una comunidad indígena: se trata de un llamado desesperado por la supervivencia de toda la especie humana.