Petro insiste en señalar de corrupto al dueño de Coosalud pese a la multa que le impuso la justicia por no retractarse

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reiterado este miércoles los señalamientos de corrupción contra el exgerente de la entidad promotora de salud (EPS) Coosalud, Jaime Miguel González, pese a la multa de 15 salarios mínimos que le impuso el martes un juez administrativo de Bogotá por incumplir la tutela en que se le exigía retractarse de sus acusaciones, que de momento no han sido sustentadas con prueba alguna. “El exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la Fiscalía, así sean familiares de expresidentes”, ha escrito el jefe del Estado en su perfil de X, como respuesta a la noticia de su sanción.

La multa ha sido ordenada por el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá, firmado por el juez Yimi Alejandro Sánchez, en un documento expedido este martes. En él se explica que el mandatario incurrió en un desacato de la tutela del 11 de noviembre de 2025, por lo que tendrá que pagar algo más de 26 millones de pesos.

Pero el presidente insiste, y menciona una auditoría forense que, según él, demuestra manejos indebidos de recursos en la EPS, una de la veintena de instituciones públicas y privadas encargadas de afiliar y asegurar la salud de los colombianos. “Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la Alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”, ha añadido. También ha instado a Rafael Santos y a Jaime Pastrana –hermanos, respectivamente, del exvicepresidente Francisco Santos y del expresidente Andrés Pastrana–, miembros de la junta directiva de la EPS, a que respondan por el préstamo “leonino” a Jaime Miguel González. “El juez no leyó el informe de auditoría forense hecho a Coosalud que me da la razón”, concluyó Petro en su mensaje, que se da en el marco de una prolongada batalla del mandatario por cambiar de raíz el sistema sanitario de Colombia y eliminar las EPS, o reducir sustancialmente su función.

Las acusaciones del presidente nacieron en diciembre de 2024, cuando la Superintendencia de Salud denunció a Coosalud por desviar recursos a una empresa de las Islas Caimán, un paraíso fiscal, y por haber creado un esquema para pagar con dineros públicos un crédito al banco GNB Sudameris por 226.000 millones de pesos (cerca de 46 millones de dólares), en condición de fiadora de otra empresa, Coosalud Inversa. El entonces superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, afirmó: “El banco notificó el incumplimiento del crédito, activando las cláusulas de aceleración para recuperar la obligación (...) lo que redundó en la transferencia de 226.000 millones de pesos”. Desde ahí comenzaron las acusaciones del presidente, quien ha insistido en mencionar los vínculos familiares de algunos miembros de la junta directiva de la EPS con dirigentes políticos opositores a su Gobierno. Para entonces, el presidente ya había convertido la reforma al sistema de salud en una de sus mayores apuestas políticas.

Por ese episodio, ese mismo mes, Petro dijo, sin pruebas, que los miembros de la junta directiva de la EPS “refundieron” 200.000 millones de pesos que debían ser destinados a atender a los afiliados. Los siete acusados enviaron una solicitud de rectificación por los señalamientos que “de manera injuriosa y calumniosa” había hecho el presidente en su contra. La dirigencia de la EPS añadió: “La ignorancia y el afán de agradar al nominador han hecho que el superintendente nacional de Salud haga unas afirmaciones que son abiertamente contrarias a la verdad”. El mandatario se mantuvo en sus posturas: “No tengo nada de qué retractarme. Las irregularidades de la EPS Coosalud deben investigarse penalmente”.

A mediados de 2025, en una alocución presidencial, Petro reiteró sus acusaciones y tildó a González de “bandido”. En ese momento, dijo: “Se robaron la plata de Coosalud, que nace en Cartagena y que es una cooperativa de verdad. Sus dueños, tenemos que hacer algo, pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas, por cometer el error de nombrar a un señor como gerente, que es un bandido”. Por esas acusaciones, el juzgado 24 administrativo de Bogotá mantuvo en firme la orden que exigía al presidente retractarse y pedir disculpas públicas a Jaime Miguel González. Casi tres meses después, y con una multa en su contra, el presidente se mantiene, así como mantiene su intención de sacar adelante una reforma a la salud que ha negado el Congreso y que lo llevó a romper la coalición mayoritaria que impulsó sus primeros meses en el cargo.