Petro amenaza con la cárcel a los alcaldes y gobernadores que no cumplan sus órdenes para reducir el impuesto predial

“Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”, ha dicho el presidente Gustavo Petro. Lápiz en mano y pañuelo en la otra para limpiarse la gota que constantemente se le escurría de la nariz en la alocución en la que ha hablado del paro campesino. Este paro mantiene, por quinto día consecutivo, bloqueos en varios departamentos de Colombia. “No por orden nuestra”, ha matizado inmediatamente en la noche de este lunes, “porque es de la justicia [esa atribución]”, pero se ha reafirmado varias veces en que “la Constitución, las leyes y sentencias” lo respaldan en su amenaza de remover a los mandatarios locales “si no son capaces de hablar con su pueblo”.

A lo largo de una alocución en la que saltó entre el paro, la crisis arancelaria con Ecuador, su conocimiento para hacer salsa de tomate y la verdadera receta de la pasta amatriciana, el mandatario de izquierdas ha repetido varias veces el mensaje que esta tarde había publicado en su canal favorito de difusión, su cuenta de X. “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, había escrito entonces. Se refería a que son los concejos municipales y distritales los responsables de definir la tarifa del impuesto predial que tiene a miles de campesinos bloqueando carreteras y vías claves del país, en una manifestación que comienza a desabastecer a varios municipios. Sin embargo, ese impuesto se establece a partir de una base que, en alrededor de la mitad de los municipios del país, determina el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), una entidad del orden nacional, sobre el valor de cada inmueble.

Sobre destituir a los alcaldes que no siguieran su orden de iniciar inmediatamente el proceso necesario para ajustar las normas locales y reducir la tarifa o dar ayudas a los más pobres, la ley es clara en que el presidente no tiene el derecho de retirarlos. “Estamos explorando los caminos jurídicos, pero la Constitución dice que pueden salir por problemas de orden público. Quién da la orden, discutible”, ha dicho el mandatario, quien hace más de una década fue suspendido de su cargo como alcalde de Bogotá por orden del entonces procurador general, quien en la ley tenía ese derecho, y dio una prolongada batalla jurídica que finalmente ganó en la justicia internacional, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que solo un juez puede remover de su cargo a un funcionario elegido popularmente.

Vistiendo unas gruesas gafas de sol que, dijo, le impedían ver bien la “exuberante belleza” de Colombia, el político de izquierdas ha insistido en que “a los alcaldes y gobernadores se les olvida que son ellos mismos quienes tienen la facultad de presentar un acuerdo al concejo de exonerar del impuesto predial, no a los ricos amigotes uribistas, sino al pueblo trabajador”. Se trata, ha remarcado, de “una competencia exclusiva” de los gobiernos locales y “no del Gobierno Nacional”, como efectivamente determina la Constitución.

Sin embargo, como las reglas vienen de una ley nacional, y como el IGAC determinó los aumentos de los avalúos para 2026 apenas un día antes del fin del año anterior, las autoridades locales aducen que no tuvieron tiempo suficiente para prepararse. Esa división de competencias ha diluido la responsabilidad política de los incrementos, que los campesinos denuncian han sido hasta de un 500%, y que han criticado por la falta de claridad en el proceso. Entre otras cosas, piden revisar o suspender el incremento del avalúo catastral, congelar el impuesto y que los incluyan en la toma de esa decisión.

Petro, sin embargo, insiste en que los manifestantes no se movilizan por su cuenta, sino que están siendo instrumentalizados por “ricos y terratenientes”, así como por la oposición de derechas, a menos de siete semanas de la elección para definir a su sucesor. “Estos sinvergüenzas en plena campaña quieren que nos matemos entre Colombia”, ha manifestado desde Nariño, departamento ubicado en el extremo contrario de los paros de Santander, pero que sufre otra crisis: la guerra comercial con Ecuador. Allí, el presidente ha llegado a comparar los bloqueos en las carreteras con los asesinatos extrajudiciales perpetrados por militares y grupos paramilitares durante el conflicto armado, conocidos como falsos positivos. “Acá están haciendo lo mismo”, ha dicho, después de citar la cifra de los 6.402 casos que documentó la Justicia Especial para la Paz.

“La comida se libera sí o sí”, ha añadido, en referencia a los productos que no han podido pasar a causa de los bloqueos, más puntuales y muchos menores que los que sacudieron al país en 2021 y que en ese entonces defendía. “Policía y ejército tienen la orden de actuar frente a las manifestaciones en caso de que no se levanten”, ha dicho el presidente, agregando que si no son esos cuerpos, serán “las guardias libertadoras que habrá que configurar [...] Tienen que liberar la comida para que pase”. El presidente también se ha dirigido al comandante de la Policía Nacional, William Rincón Zambrano, y le ha ordenado “no sacar ningún ojo” (en referencia a lo ocurrido en el estallido social, cuando decenas de manifestantes fueron heridos en ellos por los uniformados) y no tomar ningún preso, “a menos de que sean los alcaldes y el gobernador, que la Constitución lo dice”.

Asimismo, Petro ha expresado que mañana al mediodía se reunirá su ministro del Interior, Armando Benedetti, con los alcaldes de los municipios donde hay bloqueos para “explicarles” que “a los campesinos se les exonera de esos impuestos por acuerdo presentado por el alcalde a su concejo municipal”. El mandatario también ha aprovechado para atacar a su predecesor, Iván Duque, y a su padrino político, Álvaro Uribe, y ha dicho que las protestas están motivadas por la “militancia uribista”.

Entretanto, la mesa de diálogo que se instaló en la tarde del lunes en Bogotá con siete representantes de los manifestantes e integrantes de los gobiernos departamentales y locales, del Gobierno nacional y del IGAC, culminó su primera jornada sin un acuerdo. Al contrario, cerró con las tensiones elevadas. “El director del IGAC dijo que todo estaba muy bien y que lo habían hecho bajo la norma”, aseguró un vocero de campesinos del departamento de Casanare, al oriente del país. “Entonces dígame por qué una persona de estrato uno paga 5 millones en Yopal (la capital departamental), y el alcalde de Yopal paga 800.000 pesos en su casa”. El vocero ha expresado que cuenta con “varias personas movilizadas allá tomando pacíficamente las vías”. Ha enfatizado en que no retrocederán y que, incluso, tomarán los aeropuertos de Yopal, y de las capitales cercanas de Villavicencio y Arauca, “si es necesario”.

Por su parte, el gobernador de Santander, el departamento más afectado por los bloqueos y contra quien el presidente había arremetido esta tarde, Juvenal Díaz, le respondió a Petro con un mensaje en su cuenta de X. “Advertido de qué señor presidente (tengo que aumentar mi seguridad?) sea claro”, aseguró el político opositor. Insistió en que el problema es la Resolución 2057 de 2025 del IGAC, que convierte a los campesinos en “ricos de papel” al definir los avalúos. Por ello, remarcó, es el Gobierno nacional el responsable de suspender la resolución y coordinar nuevas mediciones de los valores de los inmuebles.