Disidencias, UNGRD y sanciones del CNE: una semana de escándalos sacude al Gobierno de Gustavo Petro

A pocos meses de las elecciones, el presidente Gustavo Petro atraviesa, una vez más, días de escándalos y vértigo. La misma semana que comenzó con las revelaciones de la infiltración del Ejército y la inteligencia por parte de las disidencias de las FARC que todavía negocian con el Gobierno en el marco de la paz total, acabó con las sanciones a su campaña por ocultar gastos y sobrepasar los límites permitidos. En el medio, la Fiscalía anunció que se propone imputar cargos y pedir cárcel para dos poderosos exministros por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Incendios políticos y judiciales que configuran un momento crítico para el mandatario de izquierdas, con golpes a la manera en que llegó al poder, la forma en que gobierna y se relaciona con el Congreso, y su desgastada política bandera, que buscaba negociar en simultaneo con todos los grupos armados.

La semana no había arrancado aun cuando una investigación de Noticias Caracol reveló que un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia le filtraron información reservada al llamado Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), las disidencias encabezadas por alias Calarcá Córdoba, que siguen sentadas en una mesa de diálogos, para que pudieran evitar operativos militares y facilitar sus desplazamientos. Mientras políticos de derecha, centro e izquierda coincidían en la gravedad de las denuncias contra el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, director de operaciones de la DNI, el presidente Petro las descartaba como “falsas”, ventilaba sus dudas y ordenaba un examen forense de los chats y los correos en cuestión antes de tomar cualquier decisión. El viernes, en una alocución televisada, insistió en su “desconfianza” frente a las denuncias.

“Petro suele caer en la tentación de querer suplantar a los otros poderes públicos”, y lo vuelve a hacer en el escándalo de los llamados Archivos de Calarcá, escribió la periodista y analista Yolanda Ruiz. “Ante unos indicios graves que pueden comprometer la seguridad del Estado, el presidente en pocas horas ‘dicta sentencia’ para decir que todo es falso. Si así fuera, es una conclusión a la que deben llegar los organismos de investigación que sean competentes después de un trabajo riguroso”, advertía la columnista.

La Procuraduría suspendió a los dos implicados, mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió ponerle límites a la paz total. “Hoy enfrentamos dos imágenes contrapuestas del proceso con el EMBF: la que muestran las decisiones formales de la mesa de diálogo y la que revela la realidad de los territorios”, se lamentaba la Defensoría. “¿A cuál darle mayor credibilidad? En el papel, el EMBF se comprometió a suspender el reclutamiento, concentrarse en una zona de ubicación temporal, respetar el proceso electoral y avanzar hacia la paz”, añadía. “En la realidad, observamos el aumento de sus hombres en distintas regiones del país, dificultades para garantizar su concentración (…) continúa el reclutamiento, así como una expansión territorial y un control poblacional creciente”. Es necesario exigir hechos que demuestran una auténtica voluntad de paz, concluía la entidad encargada de velar por los derechos humanos.

La noticia llega en medio de una crisis de seguridad que opacó los nueve años de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC, que se cumplieron el miércoles. Diversas organizaciones han activado las alarmas. “El fuerte deterioro de la situación humanitaria que se vio este año en el país debería servir como advertencia para redoblar los esfuerzos en cuanto al respeto del derecho internacional humanitario (DIH) y la protección de la población civil”, advirtió la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, en el cierre de su visita al país, en la que se reunió tanto con Petro como con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En ese clima enrarecido, la tensión política se disparó aun más el martes, cuando la Fiscalía anunció que pedirá detención preventiva para los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior, por su supuesta participación en la trama de corrupción de la UNGRD, que desvió dinero hacia congresistas para asegurar lealtades. El ente investigador les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer en la audiencia programada para este lunes. Los señala de haber ordenado a quien fuera director de la entidad, Olmedo López, dirigir recursos a contratistas aliados de varios congresistas, a cambio de que votaran a favor del Gobierno. Ellos se suman a una lista de señalados que incluye al subdirector, Sneyder Pinilla, y la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Además, siguen prófugos tanto Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la propia DNI, como Cesar Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de Función Pública.

Aunque no es seguro que Bonilla y Velasco terminen en la cárcel, el simple anuncio de la Fiscalía afecta a Petro en un flanco particularmente sensible en Colombia, el de la corrupción. Como reclamaba un editorial de El Espectador, “la justicia está en mora de contarle al país si Bonilla, Velasco y los demás políticos involucrados hicieron un pacto de repartición de los recursos de la UNGRD a cambio de favores en el Legislativo”.

Aun faltaba el último golpe político y jurídico que encajó Petro en la semana. El jueves, el Consejo Nacional Electoral sancionó a su campaña por ocultar gastos y sobrepasar los topes de financiación electoral en más de 5.300 millones de pesos (1,4 millones de dólares) en la primera y la segunda vuelta de las presidenciales. Aunque las consecuencias son imprevisibles, pues es la primera ocasión en que el CNE sanciona a una campaña presidencial, la decisión tiene varias ramificaciones.

Para empezar, la máxima autoridad electoral, después de una investigación de más de un año, también sancionó a los partidos que avalaron la campaña: Unión Patriótica y Colombia Humana. Ahora deberán pagar una multa, lo que complica la accidentada fusión como partido único del Pacto Histórico, la variopinta coalición de fuerzas progresistas que respalda al Gobierno y busca llegar unida a las elecciones. La fusión requiere que los partidos hayan sorteado cualquier proceso sancionatorio.

Aunque las sanciones tocan al círculo más cercano a Petro, él está protegido por el fuero presidencial. El CNE no tiene potestad para investigarlo, solo puede remitirle copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero la decisión sí señaló como uno de los responsables a Ricardo Roa, el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, y le pidió a la Fiscalía investigarlo. Para empezar, Roa deberá responder –junto con la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora María Lucy Soto– por una multa de unos 6.000 millones de pesos. Su situación puede golpear la reputación de la petrolera, la empresa más grande de Colombia.

“No aceptamos esa decisión”, reaccionó Petro al reivindicar que a su campaña no ingresó un solo peso del narcotráfico. La senadora María José Pizarro, uno de los liderazgos más visibles del Pacto Histórico, lo secundó: “Quieren instalar una mentira: que hubo dinero ilegal en nuestra campaña. Eso es absolutamente falso. Están mezclando procesos distintos para fabricar un escándalo donde no lo hay”, aseguró. Desde el oficialismo insisten en denunciar una persecución política desde el opaco organismo encargado de regular los partidos y las elecciones, cuyas confusas resoluciones han entorpecido la ruta electoral que se había trazado la izquierda.

La lectura es diametralmente opuesta desde la oposición. Mientras que la precandidata del Centro Democrático Paloma Valencia invoca una eventual destitución, el centrista Sergio Fajardo ha desempolvado su bandera anticorrupción, que el Gobierno parece haber perdido del todo. “Como se llega al poder, así se gobierna. La sanción del CNE a la campaña del presidente Petro nos muestra que la corrupción empezó antes de llegar a la Casa de Nariño. Lo mínimo es que Ricardo Roa salga del Gobierno”, ha pedido el exalcalde de Medellín. De momento, el presidente Petro se atrinchera.