La decisión del CNE contra la campaña de Petro dificulta las apuestas electorales de la izquierda

El fallo del Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Gustavo Petro por haber sobrepasado los topes legales de financiación es un golpe político y jurídico contra las aspiraciones de la izquierda a las elecciones del próximo semestre. La máxima autoridad electoral de Colombia determinó, después de una investigación de más de un año, que la campaña del actual presidente había gastado 5.300 millones de pesos más de los permitidos durante la primera y la segunda vuelta presidencial. Además, encontró el ingreso de dineros de personas jurídicas, algo prohibido en estas campañas, provenientes del sindicato de maestros Fecode, del sindicato del sector petrolero Unión Sindical Obrera y de la empresa Ingenial Media. Por eso, halló responsables al gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; a la auditora, María Lucy Soto; a la tesorera, Lucy Aidee Mogollón; y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), por haber avalado la campaña y no hacer las verificaciones requeridas.

Las consecuencias de la decisión aún son inciertas porque es la primera vez que el CNE sanciona a una campaña presidencial por violar los topes de dinero y la fuente de recursos. De acuerdo con Alejandro Muñoz Castillo, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), el fallo “es un hito”, que muestra la capacidad de vigilancia de la autoridad electoral y sirve como alarma para que estas conductas no se repitan en las próximas elecciones.

Varios políticos opositores ya han celebrado la decisión, e incluso han afirmado que lo ocurrido en 2022 fue una forma de corrupción: “Como se llega al poder, así se gobierna. La sanción del CNE a la campaña del presidente Petro nos muestra que la corrupción empezó antes de llegar a la Casa de Nariño. Lo mínimo es que Ricardo Roa salga del Gobierno”, dijo el candidato presidencial de centro Sergio Fajardo en diálogo con medios de comunicación. La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial Paloma Valencia fue más allá, y propuso la salida del cargo del presidente: “Petro rompió los topes electorales en su elección a presidente y la Constitución es absolutamente clara: quien obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales tiene como sanción la destitución”.

Para personas cercanas al presidente, como su ministro del Interior, Armando Benedetti, la decisión es una persecución política al Gobierno. Recuerda que el órgano electoral refleja intereses políticos por su composición. “El CNE siempre ha sido adverso al Gobierno, al presidente Petro y al Pacto Histórico. El fallo sobre la financiación es un ataque político en época de campaña. Ellos son elegidos por el Congreso, de listas de partidos políticos, y si esos partidos quedan en la oposición, sus magistrados también”. En esa línea, el presidente Petro se pronunció en la noche del jueves mostrando lo decidido como una victoria: “No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición con mayoría en el CNE y no encontraron un peso”, dijo, en referencia a acusaciones más graves que enfrentó en su momento su campaña. Petro, además, dijo que no acepta la decisión, y resaltó que es administrativa -es decir, que puede ser demandada ante la justicia.

Más allá de esas interpretaciones políticas abiertas a debate, no hay duda de las consecuencias jurídicas para la estrategia electoral de la izquierda. Si un partido tiene investigaciones o sanciones no resueltas en el CNE, como ahora es el caso de la UP y la Colombia Humana, no puede fusionarse con otros, y la intención de esas dos formaciones es unirse a otras en una gran estructura de izquierda, el Pacto Histórico, con listas unificadas para las elecciones legislativas de marzo. Justamente este jueves, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela presentada por los senadores Iván Cepeda y Carlos Alberto Benavides, y la exministra Carolina Corcho, para tumbar los condicionamientos que ha impuesto el CNE para reconocer la fusión del Pacto Histórico.

La UP y la Colombia Humana tiene dos opciones. Una es aceptar que cometieron la irregularidad y pagar la multa de más de 1000 millones, para así cerrar el caso y lograr esa unión a tiempo. La otra opción, pelear la decisión, implicaría llevar listas separadas, algo que pone en riesgo que superen los umbrales de votación que no solo son requisitos para obtener curules, sino para mantener la personaría jurídica. La decisión de conformar un gran partido de unidad pasa por lograr que más votos se traduzcan en congresistas, por lo que la división iría contra esa parte central de la estrategia. Las directivas de los dos partidos sancionados se reunieron este jueves después de recibir la noticia, pero hasta la hora de publicar esta nota no han anunciado su decisión.

La mayor complicación es que la fecha límite para formalizar las candidaturas es el 8 de diciembre, fecha para la que restan menos de diez días hábiles. El exsenador Gustavo Bolívar, que se ha convertido en uno de los líderes más visibles de la izquierda colombiana, ha explicado esa la doble dificultad. “Se puede complicar el proceso de las listas al Congreso del Pacto Histórico porque el CNE impone unas multas bien caras, cercanas a los $5.000 millones, y hasta que no se subsanen todas esas deudas y esos problemas que tienen los partidos, no va a haber una personería jurídica que garantice su participación en el 2026″, dijo en W Radio.