El Consejo Nacional Electoral halla culpable a la campaña presidencial de Petro por rebasar los topes de financiación

El Consejo Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad electoral de Colombia, ha votado este jueves a favor de sancionar la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por haber violado los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos (1,4 millones de dólares) durante la primera y segunda vuelta electoral. La Sala Plena ha resuelto declarar culpables, con una mayoría absoluta de 6-3, a los coordinadores de la campaña: Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol; la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aidee Mogollón. Además, sanciona con millonarias multas a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que apoyaron la candidatura de Petro. Las penalizaciones no incluyen al hoy mandatario porque está protegido por el fuero presidencial.

Es la primera vez que se imponen sanciones contra los responsables financieros de una campaña electoral en Colombia. La investigación, que duró más de un año, fue liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Según la ponencia de los jueces, aprobada ahora por la Sala, la campaña de Petro no reportó los aportes hechos por la Unión Sindical Obrera (379 millones de pesos) y por el sindicato de maestros Fecode (500 millones). Tampoco notificó de varios gastos como una publicidad política en Caracol Televisión o los pagos a testigos electorales. En total, las irregularidades de las dos vueltas presidenciales suman 5.355 millones de pesos.

Pese a que las sanciones tocan al círculo más cercano de Petro, no lo alcanzan directamente. La Corte Constitucional resolvió el pasado junio que el CNE no tiene la potestad para investigarlo, pues el fuero presidencial también incluye las posibles irregularidades como candidato. Es por eso que en su fallo de este jueves, el organismo electoral ha ordenado emitir una copia del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el único órgano que puede juzgar a un presidente en Colombia.

Desde el 13 de noviembre, la Sala Plena ya contaba con cinco votos a favor de la ponencia para sancionar a la campaña de Petro: Altus Baquero (Partido Liberal), Alfonso Campo (Partido Conservador), Maritza Martínez (Partido de la U) y los propios ponentes, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada Artunduaga (Centro Democrático). Pero aún faltaba un último Sí para alcanzar la mayoría absoluta, después de que fueran apartados del caso los magistrados Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry.

Por lo tanto, el CNE eligió a Jorge Iván Acuña y a Majer Abushihab como conjueces. El conjuez Abushihab votó a favor y así se obtuvo la mayoría absoluta necesaria para esta decisión. En contra estuvieron Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y el conjuez Acuña.

Las multas que ha impuesto el CNE son millonarias. Roa, Soto y Mogollón deben pagar de manera solidaria casi 6.000 millones de pesos, mientras que los partidos Colombia Humana y la UP deben pagar cada uno más de 1.000 millones, los cuales serán descontados del monto de financiación estatal. La Sala argumenta que la UP “no auditó adecuadamente el cumplimiento del proceso de rendición de cuentas, al no haber verificado de manera diligente y cuidadosa el volumen, origen y destino de los recursos administrados en las campañas”. Por su parte, la colectividad de Petro “permitió el ingreso de aportes económicos de fuentes prohibidas”.

La UP ha rechazado “de manera enérgica” el fallo y ha defendido que el proceso de supervisión de la campaña política “fue cumplido a cabalidad”. “Esta decisión se convierte en una herramienta de carácter político cuyo efecto es sembrar incertidumbre jurídica sobre el proceso electoral que condujo a la elección del actual presidente”, ha señalado la formación política en un comunicado.

Varias figuras del Pacto Histórico también han manifestado su repudio a la decisión del CNE, como la senadora Isabel Zuleta, que la ha tachado de ser una “persecución política” contra Petro y el “proyecto político” creado por el mandatario. “¿Cómo es que después de tantos ataques al presidente Gustavo Petro perpetrados por su cliente Fico [el alcalde de Medellín], el abogado Majer Abushihab no se declaró impedido?”, ha cuestionado la congresista sobre el conjuez que tuvo el voto definitivo.

En paralelo, la derecha se muestra complacida. La senadora uribista Paloma Valencia ha calificado la determinación como un “hecho muy importante” que puede conducir a la destitución de Petro como presidente. La precandidata presidencial Vicky Dávila ha señalado: “Violar topes en una campaña es corrupción. Petro llegó así a la presidencia. Así ha gobernado”.