La Corte Constitucional suspende el proceso del CNE contra Petro por la financiación de su campaña en 2022

La Corte Constitucional ha ordenado este jueves la suspensión de una decisión del Consejo de Estado que daba al Consejo Nacional Electoral (CNE) la potestad de investigar al presidente Gustavo Petro por la supuesta violación de los topes electorales en su campaña de 2022. La decisión, si bien no es definitiva, sí es determinante, pues el proceso que avanza en la autoridad electoral se acerca a su prescripción y la Corte se tomará varios días en fallar de fondo.

La decisión es el resultado de la petición del magistrado Vladimir Fernández ―exsecretario jurídico de Petro en la Casa de Nariño y cercano al presidente desde su época de alcalde de Bogotá―, quien solicitó suspender la investigación mientras la Corte define si el proceso administrativo que adelanta el CNE se vulnera el fuero presidencial. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la decisión solo frena el caso contra Petro, por lo que seguirán su curso las que afecten a otros directivos de la campaña, como su gerente, el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Poco después de anunciada la decisión de la Corte, el presidente reaccionó a través de X, su red social predilecta: “La Corte Constitucional frena un golpe de Estado”. Según ha dicho el jefe del Estado en varias ocasiones, la investigación del CNE –un organismo administrativo que no tiene facultades para removerlo del cargo y que en todo caso máximo podría imponerle una multa- representaba una violación al debido proceso, toda vez que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la única instancia que tiene la facultad de iniciar una investigación contra un presidente de la República.

Según el CNE, la campaña de Petro obvió reportar varios datos en la primera vuelta electoral: los 500 millones de pesos (unos 120.000 dólares) en aportes hechos por Fecode, el sindicato de maestros; los 379 millones (85.000 dólares) de la Unión Sindical Obrera (USO); un préstamo solicitado por el partido Polo Democrático Alternativo –miembro del Pacto Histórico- por 500 millones (120.000 dólares); el reporte de los pagos a los testigos electorales por 921 millones (200.000 dólares); 356 millones (80.000 dólares) en gastos de propaganda, y los pagos de 500 millones más al movimiento Colombia Humana. La autoridad electoral, además, aclaró que personas jurídicas como Fecode o la USO tienen prohibido aportar en campañas.

También estudia presuntas irregularidades en la segunda vuelta, con la omisión del reporte del pago por el uso del Movistar Arena de Bogotá para celebrar el triunfo (100 millones de pesos, o 23.000 dólares), del pago a los testigos electorales (177 millones; 41.000 dólares), de los gastos de transporte aéreo (926 millones; 201.000 dólares), de gastos a Colombia Humana (530 millones; 125.000 dólares) y, de nuevo, de aportes hechos por la USO (379 millones; 85.000 dólares). El total de las irregularidades entre ambas vueltas presidenciales son 5.355 millones de pesos, o alrededor de 1,2 millones de dólares.

El comienzo del vendaval político ocurrió en mayo del año pasado, cuando el Consejo de Estado resolvió que el CNE -una entidad conformada por delegados de las bancadas en el Congreso- sí tiene potestad para investigar la financiación de la campaña del presidente. Sin embargo, recordó que la entidad electoral no es un órgano judicial, que solo el Congreso podría juzgar a un presidente por su fuero y que el CNE no podía suspenderlo ni retirarlo del cargo. La decisión fue tomada días después de que dos miembros de ese órgano, el uribista Álvaro Hernán Prada y el liberal Benjamín Ortiz, presentaran una ponencia a sus compañeros en la que buscaban formular cargos contra Petro por saltarse los topes de financiación de su campaña. En ese momento, el mandatario reaccionó acusándolos de impulsar un intento por derrocarlo: “Ha comenzado el golpe blando”, escribió en la misma red social.

El siguiente mes de octubre, la sala plena del CNE decidió abrir una investigación formal y formular cargos a la campaña que llevó a Petro a la casa presidencial. En aquella ponencia, aparte del mandatario, aparecieron señalados Roa, el exgerente de la campaña; Lucy Aydée Mogollón, la tesorera; los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemos, y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP). Todos ellos estaban acusados por haber incurrido en la “presunta violación al régimen de financiación de las campañas electorales”. De los nueve magistrados del CNE, siete votaron a favor de la ponencia de Álvaro Hernán Prada. Solo se abstuvieron los elegidos por la bancada petrista del Congreso.