Una nueva visión de la territorialidad

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha pedido al Congreso de la República incluir en la Ley de Competencias, Autonomía y Descentralización mayores facultades a las autoridades territoriales en materia de seguridad y en la conducción de procesos de paz. Solicita un “parrafito” que dote a gobernaciones y alcaldías de mayor autoridad frente a la Fuerza Pública. La propuesta da en la diana de algo clave para la paz, la seguridad y el desarrollo: la gobernanza del territorio, que es uno de los problemas estructurales del país.

La Constitución del 91 –lo hemos dicho tantas veces– consagró la autonomía territorial. Artículo 3: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, pero descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”. Y lo reitera y precisa en los artículos 287 y 298, al especificar que los departamentos tienen autonomía para la administración de sus asuntos seccionales y la promoción del desarrollo económico y social. Sin embargo, todos los gobiernos nacionales le han puesto conejo a la autonomía territorial. El centralismo instaurado por la Constitución de Rafael Núñez en 1886 ha derivado en un fetiche que pocos se atreven a cuestionar. Incluso la Corte Constitucional interpreta la autonomía en clave restrictiva, y el centralismo sigue reinando, pese al fracaso que exhibe en aspectos medulares como la seguridad, la justicia y el desarrollo.

La gobernadora Matiz reclama, para las autoridades territoriales, mayor autoridad sobre la fuerza pública. Y tiene razón. Los alcaldes son jefes de Policía, pero no de la Policía. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Los alcaldes saben bien a qué me refiero.

El viernes pasado estuvo en La Dorada (Caldas) el presidente Petro en un acto de entrega de tierras en el Magdalena Medio, quien quiso referirse al asesinato reciente de un campesino en Puerto Salgar e indagarle a la Policía por el caso, pero entre los asistentes no estaba el Comandante. “No puede ser que esté el presidente de la República de Colombia y el comandante de la Policía de Dorada no me dé aquí parte. Vuelvo a preguntar tranquilamente: ¿dónde está el comandante de la Policía de La Dorada?”.

La Nación ni raja ni presta el hacha

En la mayoría de las ciudades y de los pueblos los ciudadanos se quejan de “la falta de autoridad”, cuando reparan en asuntos como la invasión del espacio público, los problemas de convivencia, la violencia intrafamiliar o conductas incívicas. Y tienen razón, no hay quien haga cumplir las normas básicas de policía. La errada interpretación del derecho al trabajo se ha convertido en el pretexto para que cualquier persona instale en una vía pública, en un andén o en un parque, su chiringuito sin cumplir las mínimas condiciones de salubridad ni respeto por el espacio urbano.

El jueves pasado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con el presidente Petro. ¿Y cuál fue su pedido principal? Aumentar el pie de fuerza: “Hay 4.000 policías menos que hace 12 años”. La misma queja de su antecesora Claudia López. Le asiste razón. Un estudio realizado en 2019, por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) demostraba que Bogotá estaba por debajo del promedio nacional de policías por cada 100.000 habitantes (354). Mientras el Distrito Capital tenía 238, Bucaramanga y Tunja 686 y 621, respectivamente. Por supuesto, no existe garantía de que a más policía, más seguridad. Pero muchas personas se pasan la ley por la faja porque en efecto no hay quien la haga cumplir.

Estamos en mora de abrir una conversación sobre la conveniencia de que existan otros cuerpos de policía diferentes a la Nacional, para labores relacionadas con la convivencia y la seguridad ciudadanas. La policía local debería ser una opción para que cada municipio la evalúe. Manteniendo en cabeza de la Nación la tutela de las armas. Y por qué no también, para que en algunas zonas críticas los departamentos puedan establecer cuerpos de policía.

El desafío de la gobernanza territorial

En el sur de Bolívar el ELN y el Clan del Golfo están enfrentados en una guerra por el dominio territorial, léase por el control de dos negocios ilícitos: cocaína y oro. Es una confrontación que comenzó en los años ochenta, y se reeditó con los hermanos Castaño, Macaco y Julián Bolívar en los noventa y comienzos de este siglo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esta región es la cuarta con mayor producción de coca (37.524 hectáreas en 2023) y la tercera con más minería de oro a cielo abierto. El 75% de esas explotaciones carecen de permisos técnicos y ambientales y, de acuerdo con cálculos de las Fuerzas Militares, producen más de cuatro toneladas de oro al año, que pueden costar unos 420 millones de dólares (1,64 billones de pesos). Una parte de la población está atrapada por esta violencia, sin que los alcaldes ni el Gobernador puedan hacer casi nada.

Si se quiere que la Policía Nacional (y no las fuerzas militares) combata la delincuencia organizada y proteja de manera efectiva el patrimonio natural hay que aligerarle las cargas, y permitirles a las autoridades territoriales participar en sus decisiones estratégicas. Alguien dijo que la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. La guerra antidrogas es un buen ejemplo, tras cincuenta años de fracaso.

Matiz propone otorgarles competencias para adelantar procesos de paz, alegando que son quienes “conocen el territorio”. No le falta razón. Por supuesto, es algo más difícil, pero puede estudiarse. Técnicamente, descentralización y autonomía son cosas distintas, esto por supuesto no impide armonizarlas con enfoques diferenciales según cada territorio. Hay que quebrar la tendencia a homogenizarlos. A estas propuestas les puede faltar elaboración (tampoco basta un simple “parrafito”), lo cual no significa que carezcan de fondo.

En medio de la pobreza programática de la actual campaña presidencial, no estaría mal que iniciativas de este tipo se estudiaran y debatieran. Si la oposición quiere ser alternativa en el 26 debe salirse de la trampa en que se ha metido, al creer que la descalificación sistemática a Petro es suficiente argumento. Y si las fuerzas progresistas quieren conservar el Gobierno, harían bien en demostrar que tienen propuestas viables, más allá de defender a los desposeídos y darle continuidad a las políticas del Presidente. Hay que construir una nueva visión de la territorialidad.