La presión popular frena el desahucio de Txema, inquilino de una finca de Barcelona comprada por un fondo

La presión popular ha frenado el desahucio de Txema Escorsa, inquilino de una finca de Barcelona comprada por un fondo. La comitiva judicial se ha presentado a las 10.30 horas de este martes pero lo ha aplazado al día 15 de abril “por motivos de seguridad”. Centenares de personas se han concentrado este miércoles por la mañana ante el edificio de la calle de Sant Agustí número 14 de Barcelona, en el distrito de Gràcia, donde estaba previsto el desahucio de uno de los cinco inquilinos que quedan, Txema Escorsa. La noticia ha sido recibida con gritos de “¡Sant Agustí, estamos aquí!” y con Txema emocionado en el balcón. “Este bloque ha sido trinchera, si hemos parado el deshaucio ha sido por la gente y el Sindicato de Inquilnas”, ha gritado. El portavoz de la organización, Enric Aragonès, ha añadido dirigiéndose a los concentrados: “Hemos visto muchas inspecciones de última hora, pero se ha parado por vosotros”.

La concentración comenzó el martes por la tarde para proteger un bloque que se ha convertido en un nuevo símbolo de la lucha de los inquilinos en la ciudad: fue comprado por el fondo fondo de inversión New Amsterdam Developers (NAS) en 2023 y desde entonces no se han renovado los contratos cuando finalizaban y los pisos han sido convertidos en colivings: alquiler de habitaciones por hasta 950 euros cada una, pese a que la regulación del alquiler de temporada y habitaciones lo impide y las reformas se hicieron sin licencia. El caso es muy parecido al de la Casa Orsola del Eixample, que hace dos años también salvó la presión popular, primero; y la compra por parte del Ayuntamiento y una fundación, en última instancia.

Con una crisis de vivienda que parece no tener fin, el martes el Ayuntamiento exigió a la propiedad, la empresa New Amsterdam Developers (NAD), que pare el desahucio. Y este miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa ha expresado la “oposición frontal” del Govern al desahucio. “En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho de los vecinos a vivir en su barrio”, ha escrito en las redes sociales. “Desde el Gobern estamos actuando contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa. Hemos activado todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos”. La consejera de Vivienda, Sílvia Paneque, ha explicado en SER Catalunya que la Generalitat inspeccionó el martes la finca y ha advertido de que la propiedad se enfrenta a multas a partir de 90.000 euros. Esta misma mañana sigue colgado un anuncio de dos habitaciones de alquiler disponibles en la finca por 850 euros cada una.

Txema Escorsa recordaba este martes que, de 11 pisos que hay en el edificio, quedan cinco inquilinos. Los seis pisos restantes, cuatro son colivings activos y dos tienen las obras paradas. Una habitación sigue anunciada en portales por 850 euros. Escorsa es el primer inquilino con fecha de desahucio. “Me ha tocado a mi, pero este es un pulso colectivo. Somos una trinchera, no podemos dejarles pasar”, valoraba admitiendo que la solidaridad que ha despertado su caso no le resta “nervios, incertidumbre y sensación de injusticia”. También lamentaba que el juzgado de primera instancia mantenga la ejecución prevista, pese a que “la sentencia no es firme y la Audiencia aceptó recurso”.

Escorsa, que lleva meses subrayando que su alquiler del piso entero cuesta tanto como el de una habitación en el piso reformado que hay justo encima del suyo, no se pone de acuerdo con la propiedad sobre la vigencia de su contrato. Él sigue pagando el alquiler y pide que le renueven el contrato, pero la empresa asegura que ha vencido y por ello le demandó.

Escorsa ha agradecido esta mañana el apoyo a todas las personas que se han movilizado para impedir este desahucio convocadas por los colectivos que defienden el derecho a la vivienda como el Sindicato de Inquilinas: “Si venimos aquí es para decir que no pasarán. Esto no es un problema personal ni del sindicato, es mucha gente que entiende que la vivienda tiene que ser un derecho y no un negocio”. Escorsa compareció en el juzgado el pasado enero al negarse abandonar su casa, en la que vive desde 2015, si bien ha detallado que el fondo compró el edificio en 2023 y en febrero de 2025 convocó a los vecinos para trasladarles que no les querían alegando que no eran el perfil de vecino que buscaba, según el inquilino.

El Ayuntamiento de Barcelona solicitó este martes a la empresa New Amsterdam Developers (NAD) que “pare” el desahucio de Escorsa. El comisionado de vivienda del consistorio, Joan Ramon Riera, habló “en nombre del Gobierno municipal” y expresó “el rechazo frontal a las actuaciones de la propiedad NAD”. Riera ha considerado “inadmisible continuar con el desahucio y no volver a la vía de diálogo que el consistorio inició el pasado mes de octubre”. “Exigimos parar todos los procesos judiciales, tanto el del señor Escorsa como el resto que ha promovido la empresa”, ha dicho y ha defendido “destinar los pisos a uso residencial”.

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha celebrado que desde este martes por la noche la calle se “desbordara de gente” para ofrecer apoyo a Escorsa y ha criticado que se transformen pisos donde vive gente en colivings. “¿Cuántos policías está dispuesto a enviar el Govern? ¿Cuánto dinero público se gastarán en un dispositivo policial para que un fondo de inversión holandés convierta pisos en colivings que el Ayuntamiento ya ha dicho que son ilegales?”, ha expresado Aragonès.

De hecho, la primera teniente de alcalde y concejal de Gràcia, Laia Bonet, explicó en Comisión de Urbanismo el pasado mayo de 2025 que el consistorio ha multado hasta 6 veces los colivings de este bloque después de diversas inspecciones en el edificio, y avisó de su intención de continuar haciéndolo hasta que la propiedad cumpliese con la legalidad. Por otro lado, ha indicado que la voluntad de negociación se mantiene intacta, aunque ha dicho: “Es un pulso que estamos dispuestos a ganar”.