El Ayuntamiento de Barcelona exige parar el desahucio de Txema, inquilino en una finca de ‘colivings’

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido este martes a la empresa New Amsterdam Developers (NAD) que “pare” el desahucio de Txema Escorsa, vecino de una finca de la calle de Sant Agustí (Gràcia) cuya ejecución está prevista para este miércoles. El caso ha provocado la movilización de los colectivos de vivienda, como ocurrió con Casa Orsola en 2024. El comisionado de vivienda del consistorio, Joan Ramon Riera, ha hablado “en nombre del Gobierno municipal” y expresado “rechazo frontal a las actuaciones de la propiedad NAD”. Riera ha considerado “inadmissible continuar con el desahucio y no volver a la vía de diálogo que el consistorio inició el pasado mes de octubre”. “Exigimos parar todos los procesos judiciales, tanto el del señor Escorsa como el resto que ha promovido la empresa”, ha dicho y ha defendido “destinar los pisos a uso residencial”.

El inquilino explica que, de 11 pisos que hay en el edificio, quedan cinco inquilinos. Los seis pisos restantes, cuatro son colivings activos y dos tienen las obras paradas. Una habitación sigue anunciada en portales por 850 euros. Escorsa es el primer inquilino con fecha de desahucio. “Me ha tocado a mi, pero este es un pulso colectivo. Somos una trinchera, no podemos dejarles pasar”, valora admitiendo que la solidaridad que ha despertado su caso no le resta “nervios, incertidumbre y sensación de injusticia”. También lamenta que el juzgado de primera instancia mantenga la ejecución prevista, pese a que “la sentencia no es firme y la Audiencia aceptó recurso”.

Escorsa, que lleva meses subrayando que su alquiler del piso entero cuesta tanto como el de una habitación en el piso reformado que hay justo encima del suyo, no se pone de acuerdo con la propiedad sobre la vigencia de su contrato. Él sigue pagando el alquiler y pide que le renueven el contrato, pero la empresa asegura que ha vencido y por ello le demandó. El caso tiene parecido con el de la célebre Casa Orsola, en el Eixample, comprada por inversores locales que no renovaban contratos y al marcharse los vecinos reformaban los pisos y los convertían en alquileres de temporada. Ambas fincas son ejemplo de la lucha por los alquileres en la ciudad.

El caso del número 14 de la calle de Sant Agustí (cuya propiedad es la misma que la Casa Papallona) ha vivido varios episodios de conflicto en los últimos meses. Lo vecinos y el Sindicato de Inquilinas denunciaron que las obras que la empresa hacía para transformar viviendas habituales en viviendas con habitaciones de alquiler eran ilegales, sin licencia. También instaron al Ayuntamiento a reclamar a la propiedad que cediera pisos de acuerdo a la norma que obliga a las grandes rehabilitaciones a destinar un 30% de los pisos a vivienda protegida. Este diario ha intentado contactar sin éxito con NAD (ahora New Nomad) para recabar su versión de los hechos.

Los Sindicatos de Inquilinas también equiparan el caso de Sant Agustí con el de Casa Orsola y llaman a concentrarse desde esta noche ante la finca para evitar que se ejecute el lanzamiento. “Nos jugamos la batalla por el barrio y la ciudad, el barrio Gràcia o los colivings”, clama el Sindicato estos días en las redes sociales.

Mientras, el Síndic de Greuges de Barcelona (una figura equiparable al Defensor del Pueblo), David Bondia, ha aceptado la mediación solicitada por el Sindicato. Bondia consiguió desencallar otras crisis de vivienda, como la de Casa Orsola (que acabó comprando el Ayuntamiento de la mano de la FUndación Habitat 3) o Vallcarca, donde ha pactado 14 realojos de okupas de fincas municipales. El Síndic intentará “facilitar el diálogo” con la propiedad y “negociar una solución para que nadie tenga que marcharse de su casa”. Los vecinos de la finca aseguran que desde NAD compró el edificio en 2023 han hecho “varios intentos de ponerse en contacto con la propiedad para prorrogar contratos y evitar las expulsiones”, pero que la respuesta ha sido negativa. “Ha seguido adelante con su plan de no renovar los contratos de alquiler, expulsar a la gente, realizar obras e instalar colivings”, lamenta el Sindicato.

Desde el Ayuntamiento, Joan Ramon Riera ha explicado que ha cursado sanciones por valor de 20.000 euros por hacer obras sin licencia y ha recordao que desde diciembre el alquiler de habitaciones está regulado y su precio topado: la suma de todas las habitaciones no puede superar el precio que marca el índice oficial. Riera ha pedido a la Generalitat “máxima celeridad y despliegue de actividad inspectora y de disciplina”. Escorsa explica que la mañana de este martes se han presentado inspectores en la finca. El comisionado municipal insiste: “Estamos comprometidos con el derecho a la ciudad, somos contrarios a acciones especulativas como la de NAD”. Sobre la posibilidad de comprar el bloque como ocurrió en la Casa Orsola, en este caso la propiedad no ha mostrado su voluntad de vender.