La primera vecina del edificio La Papallona que va a juicio: “Quieren echar a las familias para convertirlo todo en ‘coliving”

En agosto de 2024, Marga Aguilar (Barcelona, 62 años) recibió un burofax que le comunicaba que ella y su padre, en aquel momento con 89 años, deberían marcharse en 30 días de su casa. Después de más de 31 años viviendo como inquilina en el histórico edificio La Papallona, en la izquierda del Eixample de Barcelona, Marga pensó que era un error. “No le di mucha credibilidad”, dice. Pero no lo era. Ese día, cuatro vecinos más recibieron el mismo comunicado. Tras la muerte del propietario, el edificio fue vendido al fondo New Amsterdam Developers, que se propone convertirlo en un coliving, el nuevo modelo de vivienda compartida con precios que pueden llegar a 1.500 euros por habitación. Para ello, el fondo necesitaba que los vecinos desalojaran el inmueble. De los 14 pisos, la mitad ya se han desalojado. Marga es la primera que va a juicio para tratar de frenar el desahucio de su familia.

Conocida popularmente por el mosaico en forma de mariposa que corona la fachada, la Casa de la Papallona está habitada por vecinos que, como Marga, llevan 30 años de contrato. Otros están ahí desde hace casi 60. “Solo he firmado un contrato en mi vida, en el año 1992 con el propietario del edificio”, comenta Marga. Ella, su hija y su padre de 91 años, considerado persona vulnerable y que recibe la ayuda del Ayuntamiento para los cuidados, consideraban que esa iba a ser su casa para toda la vida. “Hice una serie de inversiones, arreglamos la cocina, el baño, incluso con un crédito personal, pero lo hicimos porque consideramos que de allí no nos iba a mover nadie”, lamenta Marga.

Ubicado entre la plaza de España y la biblioteca Joan Miró, en una de las zonas de Barcelona más codiciadas por la especulación inmobiliaria —donde en el último año los fondos han incrementado un 70% su control sobre bloques enteros, según la asociación de vecinos del barrio—, el inmueble es una centenaria obra del arquitecto modernista Josep Graner. Según sus vecinos, el edificio siempre mantuvo una fuerte vida de barrio y una relación de confianza entre los inquilinos y su antiguo dueño, Salvio Fajol. “En la escalera tenemos una relación casi familiar. Cuando recibimos el burofax, los propietarios habían muerto hacía un año y los herederos ya nos habían asegurado por escrito que no habría cambios”, relata Marga.

Después del sobresalto inicial del burofax, poco a poco fue comprendiendo qué ocurría. Todo el edificio había sido vendido, según relatan, a un fondo de inversión holandés con el objetivo de reconvertirlo en un coliving. Se trata de un modelo de vivienda compartida, en expansión, asociado al discurso de las start-ups: jóvenes trabajadores, emprendedores y perfiles de la industria creativa que combinan habitaciones privadas con amplias zonas comunes, como terrazas, espacios de coworking, cocinas equipadas, gimnasios o áreas de ocio, diseñadas con una estética parecida a la de las oficinas tecnológicas.

“No conocemos a esta gente. Es un fondo de inversión que quiere echar a una buena ciudadana, una familia vulnerable que paga y que ha cuidado su casa”, resume la afectada. Dos meses después de recibir la carta, se sentaron en una mesa de negociación. “Ellos querían negociar cómo nos iban a echar; nosotros, cómo quedarnos”, relata Marga sobre aquel encuentro, celebrado en diciembre de 2024 junto a sus abogados. “La prepotencia era horrorosa”. EL PAÍS ha intentado contactar, sin éxito, con la empresa para recabar su versión.

La presión ante un desahucio inminente provocó la marcha de siete de las 14 familias que vivían en el edificio. “Es un desgaste psicológico y económico que acaba empujando a la gente a irse”, explica. Marga optó por buscar apoyo en el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña y plantar cara. Junto a la notificación de la primera vista del juicio, celebrado a principios de febrero, recibió también la nueva fecha para el desalojo: el 11 de marzo.“No tengo medios económicos, pero sí una familia y compañeros de barrio que me dan la fuerza para resistir”, afirma. Su intención es permanecer el mayor tiempo posible para evitar que el edificio se transforme en un conjunto de habitaciones de alquiler inaccesibles. “Formo parte de un tejido social del barrio y de la ciudad que se está vaciando. No me quiero ir”.