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¿Cuántos caseros han cobrado la ayuda para desahucios suspendidos en Cataluña? Apenas 550

De las 2.560 solicitudes presentadas, el 70% corresponden a personas jurídicas

Abdul y Zhora moratoria de desahucios

La Generalitat ha pagado ocho millones de euros a los propietarios de viviendas con desahucios suspendidos entre 2021 y 2025. La moratoria antidesahucios en Cataluña ha dado lugar al reconocimiento de apenas 553 compensaciones a los caseros, a una media de 14.664 euros por vivienda. En esos cinco años se han presentado 2.560 solicitudes de compensación en Cataluña, la autonomía que más peticiones ha registrado desde que entró en vigor el escudo social, cuya prórroga ahora se negocia contra reloj.

El tapón en la gestión de las compensaciones se ha producido especialmente en el año 2025, cuando han llegado a la Agència de l’Habitatge más de 1.200 peticiones, más del doble que en 2024 y casi cuatro veces más que en 2023.

Este enorme incremento se debe principalmente a las peticiones hechas por personas jurídicas, que están detrás del 68% del total de solicitudes registradas desde 2021. Ese porcentaje es aún mayor en 2025, un año en el que el 84% de las solicitudes de compensación corresponde a empresas.

El Observatori Desca, un centro de defensa de los derechos humanos de Barcelona que ha obtenido los datos a través de una petición de información y los ha compartido con EL PAÍS, estima a la vista de estos porcentajes que “muchas de las familias vulnerables que han sido amparadas por la moratoria viven en pisos de grandes propietarios, que en su mayoría son empresas”, explica Guillem Domingo, técnico de vivienda de la organización.

Este centro defiende que el escudo social “se prorrogue por el tiempo suficiente” hasta que se pueda “asegurar el realojo de todas las familias vulnerables con lanzamientos pendientes”. El Congreso de los Diputados tumbó el pasado martes, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, la prórroga de la prohibición de los desahucios para las personas vulnerables que incluía además una revalorización de las pensiones.

Este tipo de compensaciones son por otra parte cuestionadas por algunos expertos, que consideran que desincentiva el alquiler de viviendas. Gemma Caballé, subdirectora de la cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, expone que la moratoria ha supuesto una “intervención excesiva a cargo de los propietarios”, y que las compensaciones, además de ser muy pocas, no son la solución “más idónea”, porque no resuelve el problema de la falta de oferta de vivienda. Apunta que la diferencia entre personas físicas y jurídicas también se puede deber a que estas últimas cuentan con departamentos jurídicos encargados de pedir estas compensaciones, mientras que las primeras se enfrentan al desconocimiento o a tener que contratar específicamente a un profesional.

La medida antidesahucios es rechazada frontalmente por las asociaciones de caseros afectados por la imposibilidad de echar a una familia vulnerable, que afirman que las compensaciones apenas llegan. Del total de solicitudes recibidas por la Generalitat, solo el 23% han sido aceptadas —601: las 553 a las que se ha pagado esos ocho millones de euros, más otras 48 aceptadas pero aún no abonadas—. El 20% (514) han sido desestimadas por no cumplir los requisitos. Otro 56% (1.445) siguen pendientes de valorar por las autoridades.

Barcelona concentra uno de cada cuatro peticiones

El 27% de las solicitudes corresponde al municipio de Barcelona (688), seguido muy de lejos por Badalona (5%) y L’Hospitalet de Llobregat (4%). El desglose de las peticiones de compensación por municipio se puede consultar en la siguiente tabla.

Cuándo se paga la compensación a los caseros

Las autoridades están obligadas a ofrecer una “vivienda digna”, según expone el decreto de la moratoria que decayó el pasado 31 de diciembre. El problema es que los servicios sociales no cuentan con viviendas para esas personas cuya vulnerabilidad ha sido reconocida judicialmente. A los vulnerables con el desahucio suspendido solo se le ofrecen viviendas sociales en muy contadas ocasiones. Para el resto, la solución pasa por que las autonomías paguen a los dueños que pidan la compensación, que se corresponden con el valor medio de un alquiler de vivienda en la zona del inmueble según el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda. Suele ser menor al precio de mercado actual.

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