Las disidencias multiplican los ataques con drones y encienden las alarmas en Colombia

La guerra tiene sus propios sonidos. En varios de los lugares de Colombia que más sufren la violencia, como el departamento del Cauca o la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, los habitantes han aprendido a reconocer el zumbido de los drones. Los grupos armados ilegales los utilizan para lanzar explosivos, cada vez con mayor frecuencia. Ese rumor, que acentúa la zozobra de las comunidades, se ha convertido en la advertencia que los hace correr a buscar refugio.

Las noticias sobre esos artefactos acondicionados con cargas explosivas se multiplican. Más de un observador teme que el fenómeno adquiera una nueva dimensión después de la caída de un helicóptero antinarcóticos, un confuso episodio que provocó la muerte de 13 policías la semana pasada en Amalfi, una zona montañosa de Antioquia —en el noroeste del país—. Ha sido el peor ataque contra la Fuerza Pública en el Gobierno de Gustavo Petro.

Las primeras versiones apuntaban a que las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC encabezadas por Calarcá Córdoba atacaron con drones y aparatos explosivos a los uniformados. Cuando la aeronave tocó tierra, lo hizo sobre una mina. “El lugar donde se posó el helicóptero con éxito, en lo alto de una colina ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo”, señaló el propio presidente Petro en sus redes sociales.

A la espera de más detalles, las voces de alarma no tardaron en activarse. “Están reapareciendo fenómenos que creíamos habían sido superados, pero tampoco podemos exagerar”, reaccionó Humberto de la Calle, el jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz que llevó al desarme de las FARC. “Las antiguas guerrillas trataron mil veces de comprar misiles tierra-aire, y nunca pudieron. Con esto de los drones, me parece que estratégicamente sí estamos en un punto que hay que anular la manera como en el aire estamos siendo objeto de ataques. Eso no había pasado nunca en Colombia”, advirtió.

Los drones se pueden usar para atacar helicópteros, “pero de manera muy limitada”, matiza la investigadora Daniela Gómez, quien fue viceministra de Defensa hasta finales del año pasado. El tipo de drones comerciales adaptados que se usan hasta ahora en Colombia no alcanzan la altura a la que vuela normalmente un helicóptero, por lo que solamente lo puede atacar cuando está despegando o aterrizando, explica. Además, las aeronaves militares solo son vulnerables cuando están en terreno, pues los aeropuertos colombianos tienen inhibidores de señal, que impiden el vuelo de los drones. Esa justamente debería ser la prioridad, subraya, adquirir con urgencia bloqueadores de señal y sistemas antidrones.

Más allá de la discusión sobre los helicópteros, el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, concedía esta semana que no estaban preparados para evitar nuevos ataques con drones. “Entenderán que es un trabajo arduo, difícil y costoso. Nada más el Ejército Nacional tiene 3.000 pelotones desplegados a nivel nacional, y poder dotar y equipar a todos nuestros hombres [con sistemas anti drones] es complicado”, se lamentó en declaraciones a la prensa.

Aunque distintos tipos de aeronaves no tripuladas se usan desde hace décadas en muchos lugares del mundo, la invasión de Rusia en Ucrania las ha popularizado en el campo de batalla en los últimos años. La guerra con drones ya está aquí. Colombia, que atraviesa la desordenada fragmentación de los grupos armados enfrentados por rentas ilegales, no es una excepción.

El primer reporte del uso de drones en el conflicto colombiano fue en 2018. Desde entonces, se han registrado por parte de los distintos grupos armados tanto para vigilancia estratégica como para propósitos ofensivos —ataques con explosivos—. El aumento de los episodios ha sido dramático. Los ataques se han incrementado en más del 50% solo en lo que va del 2025. Aunque las cifras varían, según el Ejército hubo 119 ataques con drones en 2024, con un saldo de 32 militares, 7 policías y 28 civiles heridos. En ocho meses de este 2025, ya se cuentan al menos 180. Las disidencias encabezadas por Iván Mordisco son las principales responsables, con un marcado énfasis en el Cauca, pero no las únicas. También hay registros de ataques del ELN en el Catatumbo, o de unidades de “droneros” de la última guerrilla en armas en Nariño. En uno de los episodios más recientes, un buque de la Armada fue atacado con explosivos transportados por dron el fin de semana en Putumayo.

La Fuerza Pública todavía no tiene suficientes sistemas para contrarrestarlos, advierten varios analistas. Hasta ahora, los grupos armados solo han utilizado artefactos comerciales acondicionados de manera artesanal para llevar explosivos, una práctica indiscriminada que carece de precisión. El año pasado, un niño de 10 años murió en uno de esos ataques cuando jugaba fútbol en El Plateado (Cauca).

En un país que ha sufrido por la proliferación de minas antipersona como una herencia maldita de su conflicto armado, los artefactos explosivos de todo tipo son una preocupación de larga data. El uso de drones, sin embargo, pertenece a otra categoría, el de artefactos lanzados –que también incluye a los cilindros bomba–. Uno de los fenómenos más preocupantes que señalaba el más reciente balance humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue justamente el uso intensivo de artefactos explosivos lanzados por medios de fabricación improvisada y los drones armados. Entre enero y mayo, el CICR registró 137 personas heridas o fallecidas por artefactos lanzados en Colombia.

“La respuesta del Estado colombiano ha sido tardía y fragmentada”, apuntaba un reciente análisis de Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares. “Se han adquirido sistemas antidrones, recibido donaciones tecnológicas y entrenado personal militar, pero vastas regiones siguen sin protección. Los grupos armados se adaptan, cambian frecuencias, programan vuelos autónomos. Derribar un dron no basta cuando hay diez más listos para despegar”.

El Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, un general retirado de la Fuerza Aeroespacial, presentó el mes pasado ante el Congreso un proyecto de ley para regular tanto los drones –que hoy son un objeto cotidiano en diversos campos– como los sistemas antidrones. Los militares los consideran “amenazas tecnológicas emergentes”. La iniciativa se propone definir competencias entre autoridades civiles y militares para su regulación, crear registros nacionales y modificar el Código Penal para sancionar con penas más severas el uso de estas aeronaves en actos terroristas. “Es evidente la necesidad que tenemos por desarrollar esta iniciativa legislativa con el fin de establecer un marco normativo integral para la importación, fabricación, comercialización, uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de los drones y antidrones”, declaró entonces el ministro.