Invamer publica una encuesta sin datos por una nueva ley: “No nos es posible informarte cómo van las cosas en Colombia”

La encuesta bimestral sobre percepción ciudadana en Colombia que la empresa Invamer suele publicar desde hace 30 años ha llegado, este miércoles, sin datos. La compañía —un referente en el país para medir el pulso sobre temas como estado de ánimo en las ciudades, favorabilidad de las instituciones o aprobación del presidente, gobernadores y alcaldes— ha reaccionado así a la aplicación de la nueva ley de encuestas que rige desde julio pasado. En el documento difundido, la propia Invamer explica que la normativa exige especificaciones que, por motivos de financiación, no puede cumplir. Por eso, en el lugar en que deberían aparecer los resultados del primer ítem, la encuesta dice: “Lo sentimos, debido a la nueva ley que regula las encuestas no nos es posible informarte cómo van las cosas en Colombia”. Igual ocurre con todos los demás.

La nueva ley prohíbe a las encuestadoras preguntar sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales antes del 31 de octubre próximo. Además, exige que todas las encuestas de opinión pública y política a escala nacional incluyan a todos los municipios que, según la información oficial del DANE, tienen más de 800.000 habitantes. Se trata de seis ciudades (Bogotá. Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Soacha), con una séptima, Cúcuta, a punto de entrar. La Invamer Poll cubre todas menos Soacha, y suma a Bucaramanga. La ley que cambia las reglas de los sondeos fue aprobada a finales de la legislatura pasada, y fue impulsada por las senadoras y ahora precandidatas presidenciales Clara López (gobiernista, impulsada por Unitarios) y Paloma Valencia (del Centro Democrático, la principal formación opositora), y por Angélica Lozano (de la Alianza Verde, y esposa de la precandidata independiente Claudia López). Según Invamer, para cumplir con las normas tendría que hacer al menos 11.000 encuestas en lugar de las 1.400 de su anterior sondeo, para lo que carece de recursos

Para la encuestadora, la nueva normativa acarrea graves “afectaciones a los derechos fundamentales y a la democracia”, por lo que la califica de “anticonstitucional” De hecho, está demandada ante la Corte Constitucional. La empresa antioqueña afirma, además, que tuvo vicios de trámite, porque fue aprobada en el Congreso como ley ordinaria cuando debió ser estatutaria, y critica que no se haya invitado al debate a las compañías que tienen décadas de experiencia en el ramo. También sostiene que atenta contra la propiedad intelectual y el derecho industrial de las encuestadoras, que deja en manos de las redes sociales y de fuentes no verificadas la circulación de información sin un método científico, que limita el derecho a informar y ser informado, restringe la libre competencia y empobrece el debate público.

El gerente de Invamer, Martín Orozco, dijo a este diario en julio que es un “mito” la creencia de que las encuestas tienen un impacto tal que definen una elección. Añadía entonces que sus críticas a la nueva ley no provenían del impacto económico que pudiera tener para su compañía, ya que su sostenibilidad estriba en las investigaciones de mercado para empresas privadas. El objetivo de Invamer con las encuestas políticas, afirmaba, es el servicio público, y exponía los riesgos a los que, según él, se enfrentaba el electorado: “Para cuando se pueda hacer encuestas serias, las personas ya estarán contaminadas por las mentiras en redes sociales”.

El representante a la Cámara Alirio Uribe, del oficialista Pacto Histórico, aseguraba que el proyecto de ley tuvo acogida en el Congreso porque hay una “sensación compartida” de que las encuestadoras “manipulan a la opinión pública” para favorecer a ciertos candidatos. “Era necesaria una ley que las regulara, que estableciera unas reglas de juego. Se busca más fiabilidad y transparencia”, añadía, tras afirmar que las encuestadoras “no son actores neutros” sino que, por el contrario, tienen intereses políticos.

La última encuesta

La más reciente encuesta de Invamer, publicada en junio pasado, mostraba que el orden público era la mayor de las preocupaciones de la ciudadanía (el 36% de los encuestados así lo consideraba), por encima del sistema político (22%), la economía (16%) o la corrupción (9%). El estudio indicaba también que el 72% de los entrevistados consideraba que la política de paz total del Gobierno estaba desgastada, y el 89% percibía que la inseguridad estaba empeorando. Sobre la gestión del presidente Gustavo Petro, la encuesta indicó que tenía una aprobación del 29% (ligeramente por debajo del 30% sobre el que se había sostenido hasta entonces), no muy lejana a la que obtuvo su antecesor, Iván Duque, cuando dejó la Casa de Nariño en agosto de 2022 (27%).