Álvaro Uribe, entre luces y sombras (parte II)

La vida política de Álvaro Uribe está iluminada y ensombrecida por numerosas paradojas. El origen de las mismas se encuentra en su reducción de la política a un combate irreductible e interminable del bien contra el mal. De la virtud y el honor, que asume representar y encarnar personalmente, contra la ignominia y el deshonor de todos sus adversarios. Por eso se proclama como un demócrata integral predestinado a combatir sin tregua el terrorismo, que ahora denomina “neocomunismo”, en su afán por deslegitimar el fallo en primera instancia de la jueza Sandra Liliana Heredia. De esta forma, el expresidente politiza la justicia y la traslada a la arena política, confiando en que la pasión de sus seguidores prevalecerá sobre la razón, el debido proceso y las pruebas legalmente allegadas en su contra. Pruebas aportadas desde el comienzo por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Con este proceder Uribe profundiza el trasfondo del asunto que es, sin duda, un pulso entre el poder y la verdad judicial, desafiadas y confrontadas por su poder y verdad política como líder carismático. Un líder que se considera no solo intocable sino irreprochable, revestido de una superioridad moral que nadie puede poner en duda, así toda su vida pública haya estado circundada de sombras y escándalos, como los reseñados en la primera parte de este artículo[1]. Por eso es un político paradójico que hoy vive una encrucijada, ya no del alma como cuando dudaba presentarse a la reelección del 2006, sino política y judicialmente, que lo tiene recluido en su propio domicilio. Una encrucijada desatada por él mismo al acusar al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por el supuesto delito de manipulación de testigos[2]. Denuncia que, paradójicamente, se volvió en su contra y lo condujo, por ahora, a su reclusión domiciliaria.

Uribe, un político paradójico

En el origen de esta paradoja política y judicial, todavía en curso, se encuentran las ambiguas y públicas relaciones del candidato Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Relaciones que datan de su primera candidatura a la presidencia de la República en el 2002. Ambiguas, puesto que durante esa campaña no rechazó categóricamente el apoyo que le brindaban dichos grupos paramilitares en las regiones que controlaban. Respaldo posteriormente reconocido por varios de sus comandantes, entre ellos Salvatore Mancuso, en entrevista con la W Radio: “Uno se identifica ideológicamente con algunas personas y cuando hay identidad ideológica las mismas poblaciones van y votan. Y con el presidente Uribe hubo una identificación ideológica en la concepción de la lucha contra la subversión, de la institucionalización del Estado, de devolverle la seguridad a las zonas, cosas que quién va a querer más que una población que ha padecido un conflicto en carne propia”. Todavía más categórico fue Mancuso en la última entrevista concedida al periodista y editor judicial de RCN, Juan Carlos Giraldo.

A la pregunta sobre la relación electoral entre las AUC y la campaña presidencial del 2002 de Álvaro Uribe, respondió: “Claro de que éramos conscientes de que las votaciones nuestras estaban apoyando al presidente Uribe, porque los conceptos ideológicos de Uribe en cuanto al tema de la seguridad, en nada riñen con los que nosotros teníamos en la zona, parecido a lo que implementamos en las regiones”. Y a la pregunta: “¿Sin ustedes, Álvaro Uribe hubiera sido presidente de Colombia?, respondió: “No creo, porque las personas que están en esas zonas de autodefensa tienen una ideología en cuanto a seguridad nacional, parecida a la seguridad democrática que estaba exponiendo Uribe. Por supuesto que les dijimos a nuestras comunidades, aquellas que nos eran afectas y que dependían de nosotros, como un estado en gestación que éramos, a nuestros líderes, a nuestras bases y a nuestros simpatizantes, que votaran por ese candidato ya que engranaba perfectamente con nuestras ideologías políticas. (Giraldo, “Las comadres de la Parapolítica”, 2008, p. 403).

Los ‘paras’ en el Congreso

Esa identidad ideológica y también contrainsurgente tendría un respaldo del mismo presidente Uribe, cuando facilitó la presencia de Mancuso en el Congreso el 28 de julio de 2004 en compañía de Iván Roberto Duque (alias, Ernesto Báez, ya fallecido) y Ramón Isaza, según lo relatado por las congresistas Eleonora Pineda[3] y Rocío Arias[4], al periodista Juan Carlos Giraldo, como aparece en las páginas 178 y 181, de su libro Las comadres de la parapolítica: “Le contamos al presidente que ya los jefes de la AUC no querían ir al Congreso, dice Eleonora tratando de reconstruir ese momento. Y Rocío recuerda lo que dijo al presidente: ‘Pre’, ellos no van a venir. No es que tengan miedo de venir, lo que pasa es que le temen al rechazo de algunos sectores políticos como el Polo, Gustavo Petro, las organizaciones de las víctimas, y sabemos que las ONG están organizando sabotajes. Bueno niñas, ustedes no pueden aplazar esa visita, les dijo el presidente mirándolas fijamente. Las dos comadres se cruzaron miradas de entusiasmo. Entendieron que con esas palabras él apoyaba su causa. No podían creer que el presidente Álvaro Uribe las fuera a respaldar de manera tan inmediata y sencilla. Esperaban trabas, y se sintieron todavía más dichosas cuando, según lo recuerdan, el primer mandatario les pidió solucionar de una vez el problema. Esto es muy importante para la paz de Colombia. Eleonora, llame a Mancuso. … Llamé a Mancuso y le dije: aquí estoy con el presidente de la República, el presidente dice que nosotras tenemos toda la autonomía, y que él no ve inconveniente porque es una oportunidad histórica. Por su parte, Rocío también lo reafirmó: Desde el teléfono persuadimos a los jefes de las autodefensas para que vinieran al Congreso; el presidente estaba a un lado de nosotras, y delante de él llamamos a Mancuso y le aclaramos todo, lo tranquilizamos y le dijimos que el gobierno quería que ellos vinieran”.

En efecto, estuvieron en el Congreso exponiendo la necesidad de una ley para su desmovilización y avanzar en firme en un proceso de paz, elocuentemente expresada así por Mancuso: “Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde, con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del Pueblo Colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las Leyes y en el templo de la Democracia, que el compromiso patriótico de las AUC, por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo, y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros”. Dicho discurso fue el preámbulo de la ley 975 de 2005[5], más conocida como ley de “Justicia y Paz”, que no logró ni lo uno ni lo otro, pues dichos grupos se reciclaron y mutaron en otros similares, cuyo máximo heredero es hoy el temible Ejército Gaitanista de Colombia, con el cual el presidente Petro acaba de iniciar conversaciones en el exterior para su desmovilización[6].

Los ‘paras’ sediciosos

Lo más sorprendente de la ley 975 es que el artículo 71, avalado por el Ejecutivo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, pues pretendía que se reconociera a los miembros de grupos paramilitares como delincuentes políticos. Dicho artículo consideraba que sus acciones criminales eran propias del “delito de sedición”, semejante al cometido por los grupos guerrilleros contra la fuerza pública y las autoridades regionales. Aunque estos grupos paramilitares no hubieran incurrido en acciones delictivas semejantes, pues fueron los responsables del mayor número de masacres cometidas contra la población civil, dejando un total de “205.028 víctimas mortales (45%) frente a 122.813 víctimas (27 %) de los grupos guerrilleros”, según las cifras del Informe Final de la Comisión de la Verdad[7].

De no haber sido declarado dicho artículo inexequible por la Corte Constitucional, artículo respaldado por el Ejecutivo como expresión de favorabilidad política, nunca hubiese sido posible la extradición de los comandantes paramilitares, puesto que los delincuentes políticos solo pueden ser juzgados por el Estado del cual son nacionales en tanto sus delitos se han cometido en su territorio y contra sus autoridades. Esa extradición tuvo lugar quince días después de que Mancuso revelara en entrevista al periodista Juan Carlos Giraldo, reportero judicial del noticiero de RCN que veía: “a todos los políticos de la Nación como personas importantes para la causa que teníamos, que el objetivo primordial era la consecución de la paz” y que por ello “habían infiltrado todas las instancias de poder”, como puede verse en la siguiente emisión central de RCN del 28 de abril de 2008 [8].

Extradición de la verdad

De allí, que el entonces presidente Uribe haya extraditado mucho más que la cúpula de los paramilitares, también extraditó la verdad sobre las relaciones de estos con numerosos políticos regionales y nacionales. Relación que nos revelaría parcialmente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y luego la misma Fiscalía con la investigación de la parapolítica [9], que llevaría a la cárcel a numerosos congresistas, según el siguiente informe de La curul a la cárcel[10], del portal Verdad Abierta. Por último, como bien lo resalta el profesor Javier Duque, en su libro Las urnas contaminadas: Elecciones, fraude y manipulación en la democracia colombiana 1990-2015, de “los 265 congresistas elegidos en 2002 al menos 50 ganaron sus curules con el respaldo económico y militar de organizaciones criminales narcoparamilitares en 15 de los 32 departamentos. Salvatore Mancuso, uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) había declarado públicamente que su organización pretendía elegir el 35% del Congreso. Los condenados finalmente fueron el 18,9%, otros se quedaron camuflados o los brazos de la justicia no alcanzaron a llegar a ellos. Como se mencionó, este y otros jefes paramilitares, así como excongresistas y excandidatos, coincidieron en la versión según la cual la elección presidencial de 2002 se vio infiltrada por estas influencias ilegales (Duque, 2017, p. 299)”.

Es justamente a ese entramado cacocrático de congresistas que el 29 de noviembre de 2006 el presidente Uribe, en una asamblea de la Federación Nacional de Cafeteros, se dirigió en estos términos: “Le voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria”[11]. Una petición que oculta de cuerpo entero, como una inmensa sombra, la luz de rectitud y virtud que pretendió proyectar con su famosa consigna de “lucha contra la corrupción y la politiquería”. Sombra que se extendería aún más con sus maniobras torticeras e ilícitas para reformar un “articulito” de la Constitución y lograr su reelección del 2006-2010. Pero ello será objeto de una tercera y última entrega la próxima semana.