Álvaro Uribe, entre luces y sombras (I parte)

La vida pública de Álvaro Uribe Vélez, como la de todos los líderes políticos carismáticos, ha transcurrido entre luces y sombras. Entre las luces deslumbrantes de su fulgurante actividad política, proyectadas en el escenario mediático, electoral y gubernamental, y la penumbra de sus acuerdos y alianzas políticas tejidas tras bastidores. Al fin de cuentas, la política institucional suele ser en todas partes un gran espectáculo de simulación. El del poder puesto en escena y representado ritualmente, sin que veamos y mucho menos sepamos lo que ha sucedido tras bambalinas.

La mayoría de las veces solo conocemos lo que es realmente el poder cuando ha terminado su función gubernativa y ya es demasiado tarde para todos. Los ejemplos abundan en todas las latitudes, pero son más frecuentes en aquellas sociedades donde los límites entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegitimo, resultan difusos, ambiguos y penumbrosos. Ese fenómeno delicuescente y delincuencial de la vida política parece ser una tendencia global irreversible y se expresa en los numerosos escándalos de corrupción y los delitos de cuello blanco en altos cargos gubernamentales. Quizá por ello la democracia cada día sea más cacocrática y caiga así en manos de conspicuos delincuentes, siendo Trump y Netanyahu los más representativos y temibles.

Pero, volviendo a nuestra realidad macondiana, en ella abundan los ejemplos de cacócratas impunes, por la sencilla razón de encontrarse la práctica política en el punto de intersección entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo e ilegítimo. Ha sido así y seguirá siéndolo mientras las campañas políticas y sus candidatos precisen cifras astronómicas para ganar las elecciones. Cifras que solo pueden aportar los cacaos empresariales (Odebrecht, banqueros y potentados empresarios) o los cacos ilegales (narcotráfico-contrabandistas) que, bajo la coartada de las elecciones, ungen de legitimidad democrática a sus pupilos ganadores, que siempre prometen una lucha radical contra la corrupción, pero una vez en sus cargos terminan siendo rehenes de la misma por los compromisos adquiridos con sus patrocinadores.

La Cacocracia macondiana

El proceso 8.000 nos reveló de cuerpo entero esa verdad, pero demasiado tarde, como incluso lo reconoció su propio protagonista, Ernesto Samper Pizano, descargando su responsabilidad y su pesado fardo en la espalda de sus más cercanos colaboradores, su tesorero, Santiago Medina y su ministro de defensa, Fernando Botero. Así ha acontecido con todos los protagonistas presidenciales de la vida nacional hasta la fecha. A tal punto que ninguna campaña presidencial victoriosa ha estado exenta de escándalos, bien por el ingreso de lo que antes llamaban “dineros calientes”, superación de umbrales o por acuerdos más o menos explícitos o implícitos con actores legales o ilegales, que casi siempre terminaron siendo protegidos o favorecidos desde la Presidencia.

Es lo propio de un régimen electofáctico, donde esos poderes de facto determinan, para bien o mal, quién gana, cómo gobierna y a favor de quiénes. Aunque en ocasiones, a pesar suyo, los patrocinados que ganan la presidencia no les puedan cumplir plenamente a sus financiadores, como sucedió con Samper frente al narcotráfico por las presiones insuperables de la diplomacia norteamericana. También, en cierta forma, fue el caso de la presidencia de Andrés Pastrana al concertar con las FARC-EP la llamada zona de distensión del Caguán a cambio de su veto contra Horacio Serpa, quien le había ganado en primera vuelta.

Pero los casos más controvertidos y ambiguos son los de Uribe y Santos en sus respectivas presidencias, pues ambas administraciones tuvieron una relación compleja y ambigua con dos poderes de facto altamente desestabilizadores, las AUC y las FARC-EP. Sus éxitos y fracasos como presidentes dependieron de los resultados de esos respectivos procesos de desarme y desmovilización. Ambos procesos terminaron, paradójicamente, signados por el éxito y el fracaso. Lograron la desmovilización de miles de hombres y mujeres armadas, pero también lo es que en la actualidad sus herederos, el llamado Ejército Gaitanista de Colombia y esa hidra con numerosas cabezas, al menos 30, dejadas por las extintas FARC-EP, tienen en jaque a la “paz total” y la seguridad pública en colapso en muchas regiones del país. No es del caso abordar aquí el análisis del fracaso y el relativo éxito de dichos procesos, pues de lo que se trata ahora es de dilucidar la relación de Álvaro Uribe durante su vida pública con poderes de facto criminales, dada la reciente sentencia condenatoria en primera instancia proferida por la juez 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia, por fraude procesal en actuación penal y soborno de testigos, cuyo trasfondo es la presunta relación del expresidente con la existencia del Bloque Metro, según versión del condenado Juan Guillermo Monsalve.

Uribe, entre luces y sombras

Sin duda, Álvaro Uribe se ha destacado frente a los demás protagonistas de la vida nacional por su extraordinaria capacidad para articular, desde el comienzo de su vida pública, lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, saliendo airoso en todas las circunstancias, exceptuando por ahora la sentencia en primera instancia de la juez Heredia, cuya apelación resolverá el Tribunal Superior de Bogotá. Lo singular y extraordinario de Uribe es que sus éxitos como servidor público, exaltados al máximo por él mismo, la parafernalia mediática-empresarial de periódicos, emisoras y cadenas televisivas, junto a millones de sus electores e incondicionales seguidores, siempre ha logrado sumir en la penumbra la forma cómo ha alcanzado tan celebrados éxitos, así ellos hayan llevado a la cárcel a más de una docena de sus colaboradores y subalternos. Su maestría para la simulación de la virtud y el ocultamiento de lo protervo e irregular no tiene rival en la vida pública nacional, como hizo gala de ello en su defensa material ante la sentencia proferida por la juez Heredia, que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria. Esa habilidad la demostró desde su primer cargo como director nacional de Aerocivil, resaltando sus logros innegables en la ejecución de aeropuertos e infraestructura aérea, pero dejando en la penumbra el otorgamiento de matrículas a aeronaves dedicadas al narcotráfico y la habilitación de pistas de aterrizaje en zonas rurales.

Obviamente, Uribe no asumió responsabilidad alguna por otorgar 8 matrículas vinculadas al narcotráfico, como lo revela esta investigación de Cuestión Pública. Posteriormente responsabilizó de ello a su segundo hombre en la Aerocivil, más conocido como el “Bandi”, César Villegas, condenado por testaferrato y enriquecimiento ilícito derivado de su amistad con los hermanos Rodríguez. El “Bandi” fue asesinado el 4 de marzo del 2002, un día antes de entrevistarse con un agente de la DEA, según versión del periodista norteamericano Joseph Contreras en su libro “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe”. Es de anotar que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió la operación de 57 aviones de narcotraficantes en septiembre de 1983, por orden del ministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984 por un joven sicario al servicio de Pablo Escobar. Este patrón en el desempeño de cargos como servidor público se repetirá desde posiciones de mayor importancia y responsabilidad, como sucedió durante sus años de gobernador de Antioquia, cuando fue un entusiasta promotor de las legales cooperativas de seguridad rural, conocidas como Convivir, embriones de los posteriores grupos paramilitares, como lo reconoció el mismo Salvador Mancuso. Lo más grave es que las masacres de los grupos paramilitares fueron en ascenso desde su posesión como gobernador de Antioquia. En 1995 se reportaron 143 víctimas mortales, en 1996 el número ascendió a 357 y en su último año de gobierno llegó a 439, en total 939 civiles asesinados. Entre los grupos paramilitares perpetradores de estas masacres se encontraba el Bloque Metro, que es el mencionado por el condenado Juan Guillermo Monsalve, grupo paramilitar que supuestamente tuvo como base de operaciones la finca Guacharaca, propiedad entonces de la familia Uribe.

“Pacificador de Urabá”

Como si lo anterior fuera poco, siendo gobernador, llamó al entonces comandante de la 17 brigada militar de Apartadó, General Rito Alejo del Río, el “Pacificador de Urabá”. Posteriormente, el 29 de abril de 1999, en un homenaje de desagravio al general, organizado por Fernando Londoño Hoyos en el hotel Tequendama, así lo ponderó Uribe: «Fue un general extraordinario y lo han tratado de la manera más atroz en que se puede tratar a un héroe nacional. El General y sus soldados trabajaron para contener a los violentos con una intensidad sin antecedentes. Nadie mejor que el General del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado, la ciudadanía, y a fe que avanzó notablemente. En todas partes estaba presente el acompañamiento discreto y eficaz del general Del Río”.

Precisamente por ese “acompañamiento discreto y eficaz” junto a los grupos paramilitares, el general (r) Rito Alejo del Río fue condenado a 25 años de cárcel como responsable de la Operación Génesis realizada en febrero de 1997, en la cual fue asesinado el campesino Mariano López Mena. También, por estos graves y numerosos crímenes, el gobernador Uribe eludió su responsabilidad política, trasladándola a su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno, quien murió en un extraño accidente aéreo, al estrellarse y explotar el helicóptero en donde viajaba en Urabá el 24 de febrero de 2006, cuando realizaba campaña electoral para llegar al Senado de la república por el Partido Conservador. Accidente que incluso puso en duda el general (r) Rito Alejo al decir que se trató de un asesinato. Esas luces por el éxito de su lucha contra la guerrilla en Urabá serán más deslumbrantes y enceguecedoras durante sus dos administraciones presidenciales (2002-2010), con la aplicación de la “seguridad democrática”, así como sus sombras se prolongarán hasta el presente, en parte por más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Pero, por razones de espacio, serán retomadas y analizadas en una segunda entrega, para comprender la actual encrucijada judicial y política en se encuentra el expresidente Uribe, quien se debate entre la impunidad política y la culpabilidad penal.