El temor a la violencia política sigue latente a un mes del atentado contra Miguel Uribe

Un mes después del atentado contra el senador Miguel Uribe, que sacudió la campaña presidencial del 2026 antes de empezar, el Gobierno Nacional ya suma tres reuniones extraordinarias para intentar blindar a otros precandidatos presidenciales. En la última sesión, el pasado 7 de julio, el Ministerio del Interior, de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fuerza Pública acordaron reforzar los esquemas de al menos 14 aspirantes y movilizar recursos militares y policiales para anticipar ataques. La preocupación no es menor: en reuniones reservadas, asesores cercanos al presidente advierten que circulan alertas sobre un posible segundo atentado contra otros dirigentes con el que se buscaría desestabilizar la política colombiana.

En una de esas reuniones sobre seguridad electoral se discutieron casos prioritarios por su nivel de amenaza. Uno de ellos derivó en una notificación directa de la Policía. El general Carlos Fernando Triana, director nacional, acudió a la casa de la aspirante de derechas Vicky Dávila para advertirle que, según inteligencia oficial e informes compartidos por agencias internacionales, el Clan del Golfo planeaba un atentado contra ella. El 8 de julio, el grupo armado narcotraficante más grande de Colombia emitió un comunicado público negando de forma tajante esa versión y la calificó como una “ficción” creada por el Gobierno.

Desde la Casa de Nariño, las alertas tampoco son ajenas. Las Fuerzas Militares confirmaron que el avión presidencial tuvo que desviarse el domingo 7 de julio, cuando Petro regresaba de Sevilla, España, a Bogotá. El desvío fue por un reporte de inteligencia sobre la posible presencia de un misil tierra‑aire en territorio del Cauca. De acuerdo al jefe de seguridad del presidente, Petro ha recibido 34 amenazas desde que es presidente, y a cinco de estas la Fiscalía les abrió una investigación formal. Ese ambiente de amenaza y violencia política lo ha reconocido el ministro del Interior, Armando Benedetti, una de las voces más cercanas a Petro. “Estamos ante malas horas para el país, de las peores”, escribió en un trino en su cuenta de X, en el que además señala que las investigaciones apuntan a que el atentado contra Miguel Uribe Turbay, “no sería el primero ni el único”.

En las actas de las últimas reuniones del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección Electoral (CORMPE) se priorizó la protección de al menos 14 aspirantes, según reportes de inteligencia compartidos con la Unidad Nacional de Protección y la Fuerza Pública. Entre los nombres mencionados públicamente están Claudia López, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, David Luna, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo, aunque el Gobierno ha evitado divulgar la lista completa por razones de seguridad. Del tema de sus esquemas pocos quieren hablar. “Son asuntos de seguridad nacional”, dijo una aspirante presidencial que ha limitado sus desplazamientos y cambiado sus rutinas por recomendación de la Policía.

Una fuente del Ministerio de Defensa reconoció que las amenazas son reales y no tienen como objetivo únicamente a la oposición. “Los riesgos también han incrementado para integrantes del Gobierno, pero tampoco parecen venir de un solo frente”, dice. Desde esa cartera han anunciado que las Fuerzas Militares y la Policía han puesto en marcha un plan para reforzar la seguridad con la movilización de más de 1.000 uniformados para tareas de protección electoral, patrullajes conjuntos en zonas críticas, el refuerzo de la inteligencia militar y policial y la reasignación de unos 500 vehículos para fortalecer las caravanas de seguridad. Sobre esa dimensión de la campaña habló Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), al advertir que garantizar la seguridad no se limita a custodiar a los candidatos, sino también los traslados a la zona donde pretender hacer campaña.

A pesar de las tensiones por la seguridad, Juan Daniel Oviedo —quien busca inscribir su candidatura mediante la recolección de firmas— aseguró que en el último mes su esquema de protección se ha reforzado y que la Policía ha acompañado sus traslados a otras regiones del país. “Hace poco estuvimos en Caquetá y nos garantizaron el recorrido por varios municipios para hacer campaña en las calles”, dijo. Aunque varios políticos han expresado temor de volver a la plaza pública y recorrer a pie las zonas más estratégicas, Oviedo descarta esa preocupación. “Seguiré recogiendo firmas en las calles y sin miedo. No podemos politizar un tema como la seguridad”, señaló en crítica a otros políticos que niegan tener las garantías para la campaña.

La MOE ha seguido con atención la tensión que atraviesa el país. Entre enero y mayo registró 134 hechos violentos contra líderes políticos, sociales y comunales —incluidos secuestros, atentados y amenazas—, además de 979 acciones atribuidas a grupos armados ilegales, lo que marca el nivel de violencia política y electoral más alto en los últimos siete años. Barrios ha insistido en la necesidad de activar con urgencia el SISEP —el sistema de seguridad para el ejercicio de la política—y de convocar una mesa técnica nacional con la fuerza pública, la Registraduría y los organismos de control para blindar los puestos de votación antes de que comience la contienda formal.

Por ahora no existe un protocolo único de “seguridad presidencial” para quienes aspiran a la Casa de Nariño. La mayoría de los precandidatos priorizados mantiene esquemas intermedios, con entre dos y cuatro escoltas armados y un par de vehículos blindados que se adaptan según la ciudad o el trayecto. Desde la UNP han confirmado que la mayoría de aspirantes a la presidencia tienen nivel 2 y 3 de riesgo, es decir, intermedio.

El tema de la seguridad no solo ha generado alertas sino también conflictos. David Luna, senador del partido Cambio Radical y precandidato, denunció públicamente en junio pasado que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ante la situación de riesgo, le recomendó dejar de usar el transporte público como parte de las medidas de autoprotección. El pasado 21 de junio, además, el legislador alertó que fue víctima de robo en su oficina de campaña. “En mis 27 años de servicio público, nunca había sentido que hacer política fuera tan difícil como lo es hoy”, escribió.

Por las mismas advertencias ha optado la precandidata María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, la misma colectividad de la que hace parte Miguel Uribe Turbay. La también senadora contó que, días después del atentado contra su copartidario, la Policía lideró una reunión con integrantes de ese partido para reevaluar los riesgos electorales de sus campañas y anunció nuevas medidas para garantizar su integridad. Aunque también reconoce que su esquema de protección ha mejorado, afirma que también ha tomado medidas autónomas. “Yo ya no puedo ir a lugares públicos como restaurantes o lugares populares. La idea de hacer campaña en plaza pública también está descartada por ahora”, señaló.

Las mismas recomendaciones han circulado dentro del Pacto Histórico, el partido de Gobierno. En una reunión interna reciente, varios legisladores compartieron la instrucción de evitar sitios públicos y modificar sus rutas cotidianas. Al menos dos precandidatos de esa colectividad han solicitado reevaluar el riesgo de sus esquemas de protección, pero los casos aún están en evaluación dentro de la UNP.

En paralelo, las labores de inteligencia para anticipar posibles ataques o planes de intimidación política están siendo coordinadas por la Dirección Nacional de Inteligencia, mientras que la responsabilidad más inmediata recae en la Unidad Nacional de Protección. Esa entidad calcula que el costo de reforzar los esquemas de seguridad de los precandidatos rondaría los 100.000 millones de pesos en 2025. La premura obedece a la instrucción del presidente Gustavo Petro de adelantar el Plan Democracia, una estrategia que normalmente se activa en la recta final de la campaña electoral. La estrategia, por razones de seguridad, parece haber comenzado antes.