La culpa no es del traicionado

Los recientes audios filtrados del excanciller Álvaro Leyva, que fueron revelados por el diario EL PAÍS y que sacaron a la luz lo que sería una conspiración para desestabilizar al presidente Gustavo Petro, sacarlo del poder y ubicar en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez, han desatado un inusual consenso entre sectores políticos tradicionalmente enfrentados. Desde la derecha más radical hasta una porción del petrismo inconforme, incluso dentro de una parte importante de la prensa opinadora, hay quienes han coincidido en una misma conclusión: la culpa es de Petro. Pero, ¿es justo responsabilizar al traicionado por la traición?

Los primeros hacen una lectura oportunista, que no solo minimiza la gravedad de la denuncia, sino que reduce la maniobra política, que podría tener irremediables consecuencias,a una disputa interna del petrismo y relega el hecho —gravísimo por donde se le mire— a una pelea de pasillos, de desamores, resentimientos y venganzas. Y lo hacen porque Leyva fue el canciller nombrado por el propio presidente Petro, como si eso invalidara el contenido de lo revelado.

Del otro lado, muchos simpatizantes del petrismo han aprovechado el momento para pasarle factura a Petro por no haber conformado su gabinete exclusivamente con escuderos. Para estos, el error del presidente fue confiar en figuras del establecimiento, en lugar de llenar el Ejecutivo con leales “del proyecto”, como suelen decir. Sin embargo, esta crítica ignora un punto esencial: para conformar el primer gabinete de ministros, Petro tomó la decisión más democrática. No la más cómoda para él, seguramente, pero sí la más institucional.

Al comenzar su mandato, el presidente optó por un gabinete plural, compuesto por voces de diferentes sectores políticos. Su propósito claro fue construir una mayoría legislativa lo suficientemente amplia como para avanzar en reformas estructurales sin imponerlas desde el poder, como sí lo hicieron líderes de otras latitudes que optaron por el camino de la asamblea constituyente para reforzar su gobernabilidad.

Ese primer movimiento de Petro, que parece muy característico de países con sistemas parlamentaristas, ha sido descrito por académicos como Mariano Fraschini o María Matilde Ollier como una acción de fortalecimiento de los recursos de poder político e institucional, dentro de los sistemas presidenciales de América Latina.

Y no solo fue Leyva. La lista es larga. Recordemos que en ese primer gabinete estuvieron Alfonso Prada (exministro de Juan Manuel Santos), José Antonio Ocampo (quien fue asesor de la campaña de Sergio Fajardo); Cecilia López (exsenadora liberal), Alejandro Gaviria (exministro de Santos); Sandra Urrutia (miembro del Partido de la U), Guillermo Reyes (fue viceministro de Justicia en el gobierno de Uribe Vélez) o Mauricio Lizcano (exsenador del Partido de la U). Más de uno salió hablando pestes del presidente y del gobierno, en general. Algunos escribieron libros, otros escribieron cartas. Es el costo de la confianza.

Esa apuesta por el consenso no sólo fue audaz; fue profundamente democrática. Reclamarle ahora al presidente Petro que debió haber previsto cada acto de deslealtad o cada movida de cálculo político de sus colaboradores en el consejo de ministros es ponerle una tarea irrealizable. Nadie se enamora pensando en el engaño. Petro eligió abrir el espectro del gobierno, cuando pudo haber optado por cerrarlo en torno a un círculo de incondicionales.

En ese gesto de apertura está también la fragilidad de la estrategia. Pero el costo de gobernar desde la pluralidad no debería ser visto como un error, sino como una expresión de madurez política. Aun cuando esa madurez duela. Lo cierto es que si el presidente Petro hubiese optado desde el principio por conformar un gabinete de ministros devotos, como lo han hecho y lo hacen muchos gobiernos por simple supervivencia, las acusaciones por tener un gobierno sectario o radical hubiesen sido inmediatas. Lo vemos en los “sesudos” comentarios de prensa cada vez que sale un ministro disidente y entra un ministro “propias tropas”.

Para el análisis, los audios filtrados de Álvaro Leyva revelan algo más que una conspiración: exponen la fragilidad de un modelo de gobierno que apostó por la pluralidad en lugar del sectarismo. ¿Debe Petro y la ciudadanía pagar el precio de esa apertura y la decisión de haber formado un gabinete plural en un país donde el cálculo político manda más que la convicción democrática?

Que no nos distraiga la obsesión por culpar a Petro: lo verdaderamente grave es la amenaza misma. Una conspiración para derrocar a un presidente elegido democráticamente es inaceptable desde cualquier punto de vista. Ahora es cuando debemos exigir coherencia a quienes se dicen defensores de las instituciones y reaccionan con escándalo ante cada trino del presidente, pero guardan silencio o relativizan una maniobra que atenta contra la estabilidad presidencial.