Colombia reporta 175 asesinatos de personas LGBTIQ+, la cifra más alta entre 10 países de Hispanoamérica

Las cifras de homicidios de personas con diversidad sexual y de género, reportadas por múltiples organizaciones de Hispanoamérica, empañan el Día Internacional del Orgullo. La Red sin violencia LGBTI —que integra los datos de 10 países que suman unos 305 millones de habitantes— documentó 361 asesinatos en 2024, uno en promedio cada 24 horas. En Colombia ocurrieron 175 de ellos, el 48% del total, cuando el país representa el 17,5% de la población de los 10 Estados. Le siguen México con 80, Guatemala con 36 y Honduras con 28. “Los prejuicios y estereotipos fundamentan la violencia”, lamenta Karen Anaya, investigadora de la red.

Mientras la cifra total a nivel regional se redujo en tres casos en comparación con 2023, en Colombia se reportaron 16 homicidios más, un aumento del 10%. Sin embargo, la red advierte que el análisis de algunos países con menores cifras debe ser riguroso. En Nicaragua o El Salvador, por ejemplo, generan subregistros la falta de acceso a información y el temor a represalias frente a las denuncias. Pese a esas limitaciones, los datos muestran la persistencia de la violencia sistemática y estructural contra estos grupos en la región.

En Colombia, la violencia se repite contra quienes expresan su identidad de manera más visible. Las víctimas más frecuentes fueron hombres gais, con el 33% de los asesinatos, y mujeres trans, con el 17%. Los hombres homosexuales generalmente fueron atacados en espacios privados como domicilios, hoteles o alojamientos, mientras que las mujeres trans, en su mayoría, sufren agresiones en lugares abiertos como calles o vías públicas. “Hay cierta espectacularización de la violencia, habilitada socialmente por el rechazo hacia las personas que, entre comillas, no se ajustan a la heteronormatividad. Por eso es importante trabajar con las bases sociales y sensibilizar sobre lo que está pasando”, señala María Paula Spagnoletti, licenciada en criminalística e integrante de la secretaría técnica de la red.

El comportamiento que refiere Spagnoletti quedó en evidencia el pasado mes de abril con la brutal agresión contra Sara Millerey, la mujer trans de 32 años que murió después de que le fracturaran brazos y piernas y la arrojaran a una quebrada en Bello (Antioquia). Sucedió a plena luz del día ante la mirada de transeúntes que grababan la escena con el teléfono móvil. También hace recordar el asesinato de Nawar Jiménez, la lideresa trans de Carmen de Bolívar, en Los Montes de María. Su cuerpo apareció arrojado en una zanja, en la entrada del municipio.

Este tipo de violencias se utilizan como una forma de aleccionamiento o amenaza para otras personas que expongan su orientación sexual o identidad de género. “La gente no solo sabe esto, sino que lo graba o comparte. Y eso alimenta la idea de que es permisible. La impunidad no solo tiene que ver con la respuesta del sistema de justicia, que es una gran preocupación, sino con la justificación social. Si no empezamos a abordar las causas estructurales de la violencia letal contra las personas LGBTI que son los prejuicios, no podremos resolver la situación”, agrega Anaya, abogada con estudios de género.

Las agresiones se entrelazan con dinámicas de crimen organizado y conflicto armado, en contextos que incrementan los riesgos para las personas LGBTIQ+. Después de la crisis de desplazamiento que golpeó a comienzos de este año a la región del Catatumbo, en límites con Venezuela, líderes LGBTI denunciaron intimidaciones provenientes de grupos ilegales como el ELN y las disidencias de las antiguas FARC. Por otra parte, entre las víctimas del año pasado, se encontraban tres personas migrantes de origen venezolano.

El viceministro de diversidades del Ministerio de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, reconoce que la preocupación es latente en un país que tiene la tasa más alta de este tipo de asesinatos entre los estudiados por la red. En lo corrido de este año se han cometido 46 asesinatos de personas LGBTIQ+ en el país, según el Observatorio Caribe Afirmativo. “Seguimos teniendo un alto índice de transfeminicidios y asesinatos de hombres gais, siempre bajo el mismo móvil: bandas criminales que tienen identificadas a trabajadoras sexuales o lideresas trans y hombres gais como objetivo de odio y discriminación”, dice el funcionario.

Los asesinatos son el reflejo más violento y visible de un problema estructural, como lo han expuesto promotores de la ley integral trans que busca asegurar derechos para la población con identidades de género diversas. Anaya, la investigadora de la red —de la que hace parte la organización Colombia Diversa— dice que “la situación de mujeres trans tiene que ser leída como un continuo de violencias, desde la exclusión inicial de sus casas y luego de posibilidades educativas, laborales y económicas, que las lleva a situarse, por ejemplo, en el trabajo sexual, donde están expuestas a diferentes formas de violencia”.

De los 361 homicidios documentados en los 10 países, solo 9 tienen una sentencia condenatoria. Por ello, la red ha pedido a los gobiernos implementar unidades especializadas y protocolos de investigación penal que reconozcan las motivaciones particulares de estos crímenes. También sugieren incorporar enfoques de género y diversidad en las políticas de seguridad ciudadana, reconociendo los riesgos específicos que enfrentan las personas LGBTIQ+.

El viceministro Florián asegura que Colombia hace esfuerzos por prevenir y castigar estos delitos. “Implementamos un sistema para el registro, atención y monitoreo de violencias basadas en género que incorpora a estas poblaciones y que permite caracterizar datos para tomar decisiones de política pública. Con el Ministerio del Interior, la Fiscalía, Medicina Legal, gobernaciones y alcaldías desarrollamos una estrategia de transformación cultural para reducir la discriminación y articular a las autoridades competentes para judicializar de manera oportuna”, afirma.

Desde el año 2016, la red “Sin violencia LGBTIQ+” sostiene el único sistema regional de información sobre homicidios contra esta población en América Latina y el Caribe, pese a las dificultades para acceder a estadísticas de una población históricamente invisibilizada. “Los datos son una forma de hacer memoria, de exigir justicia, reparación y que se diseñen políticas públicas eficaces”, puntualiza Spagnoletti.