El Congreso de Colombia da un paso sin antecedentes: aprueba en primer debate la ley integral trans

Por primera vez, la población trans en Colombia celebra avances legislativos encaminados a asegurar sus derechos. A pocas horas de que finalizara el actual periodo legislativo, una mayoría de la comisión primera de la Cámara de Representantes evitó que se archivara la Ley Integral Trans, el proyecto que establece una serie de medidas para evitar la exclusión y discriminación de las personas con identidades de género diversas. La iniciativa, que recibió el nombre de Sara Millerey, en homenaje a la mujer trans que murió después de ser brutalmente agredida el pasado mes de abril en Bello (Antioquia), contenía 50 artículos, de los cuales 45 fueron aprobados y 5 quedaron eliminados.

El proyecto, al que le restan tres debates para quedar en firme – uno en plenaria de la Cámara de Representantes, y los otros dos en comisión y plenaria del Senado – contempla el derecho al registro e identificación acorde a la identidad de género, la modificación del componente de sexo y nombre en el registro civil de nacimiento para personas trans y no binarias, así como la rectificación del documento de identidad. Además, les exonera del servicio militar obligatorio, el cual podrían prestar de manera voluntaria.

También contiene medidas para la visibilización estadística que permita diseñar políticas públicas incluyentes, regulaciones contra la discriminación por parte de servidores públicos y políticas para asegurar el acceso y permanencia en la educación, el trabajo, la vivienda y el desarrollo rural. Tiene un capítulo de protección frente a los impactos del conflicto armado y de reconocimiento de la interseccionalidad, con medidas para casos donde se entrelazan otros componentes de desigualdad como discapacidad o pertenencia a grupos étnicos.

“Es la primera vez en Colombia que el Congreso está escuchando a las personas trans. Es el inicio de un camino largo, pero nos llena de energía decir que sí se puede pensar en un país que reconozca estos derechos”, destacó la activista transfemenina Juli Salamanca, en medio de los abrazos y lágrimas de celebración que marcaron el final del debate, cuando el tiempo en contra y los argumentos de la oposición estaban por frenar la iniciativa.

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, también destacó que el Legislativo esté abordando los derechos de esta población. “Es muy significativo y simbólico que la población trans en Colombia tenga al menos una victoria en medio de tanta discriminación y violencia; que hagan presencia visible en el Congreso es en sí mismo un gran logro”, apuntó.

La iniciativa incluye artículos para la protección de la vida e integridad de las personas con identidades de género diversas que han padecido discriminación y violencia sistemática, incluyendo la protección frente a la violencia en el ámbito familiar del que muchas personas son expulsadas o prefieren distanciarse debido al rechazo y las agresiones. Asimismo, propone adicionar un agravante al feminicidio para la inclusión del transfeminicidio, travesticidio y homicidio en razón de la identidad de género diversa.

“Las personas con identidad de género diversa, es decir cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, sufren estigmatización, criminalización, penalización y numerosas violencias por prejuicios que constituyen vulneraciones permanentes contra sus derechos humanos, debido a que no cumplen con las expectativas comportamentales que la sociedad les atribuye en razón de ese sexo asignado, pues sus formas de vestir, de expresarse, nombrarse e interactuar se diferencian de los roles esperados” subraya la ley.

Según el observatorio Caribe Afirmativo, 45 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo corrido de 2025, 19 de ellas eran personas con identidades trans. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que, en varios países de la región, las mujeres trans tienen un promedio de vida que ronda los 35 años. “Estamos pidiendo lo más básico que es el derecho a la vida. Pero no solo el derecho a la vida, sino vivir con dignidad. Cada semana estamos enterrando a una persona trans, producto de la violencia”, dice Salamanca.

Ian Arias, hombre trans promotor de la ley, resalta su enfoque despatologizador. “Es una lucha histórica del movimiento trans a nivel global que implica reconocer y que el Estado reconozca, ya no solamente a través de fallos de la Corte Constitucional, que las personas trans no estamos enfermas. Merecemos reconocimiento de nuestra existencia”, remarca. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud estableció la despatologización de las identidades de género diversas, eliminando la disforia de género de la clasificación sobre trastornos mentales y del comportamiento, y reubicándolo como incongruencia de género en la de condiciones relativas a la salud sexual.

Pese a esos avances, dos de los artículos eliminados estaban relacionados con la eliminación de barreras para el acceso a la salud y seguridad social. En ese apartado se levantaron con particular fuerza las voces de partidos de derecha como el Partido Conservador y el Centro Democrático. Hicieron énfasis en los alcances para menores de edad, pese a sentencias de la Corte Constitucional que han protegido sus derechos en materia de salud y acceso a tratamientos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a los países a prevenir la discriminación de personas trans, no binarias y de género diverso en los sistemas de salud. “Debido a la discriminación institucional, los malos tratos y el acoso, muchas personas trans y de género diverso temen buscar servicios sanitarios y evitan los centros de salud, lo que aumenta su vulnerabilidad y sus riesgos para la salud”, enfatizó en un comunicado en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Otros artículos eliminados contemplaban mecanismos para el ejercicio de derechos en el ámbito deportivo y recreativo, en el cultural; y medidas para proteger a las personas con identidades de género diversas que ejercen el trabajo sexual.

La ley integral trans, que seguirá su trámite en el periodo legislativo que inicia el próximo 20 de julio, ha sido liderada por la sociedad civil a través de la Plataforma Ley Integral Trans Ya, que reúne a más de 100 organizaciones del país.