Crece el repudio por el asesinato de Nawar Jiménez, lideresa trans de El Carmen de Bolívar

“¿A cuántas víctimas más se les tiene que arrebatar la vida para que las autoridades y el Estado colombiano tomen acción?”, se cuestiona del observatorio de derechos humanos Caribe Afirmativo en un comunicado público emitido este jueves. Esa reacción refleja la indignación tras el asesinato de Nawar Jiménez, lideresa trans y defensora de derechos humanos en el municipio de El Carmen de Bolívar, en Los Montes de María, una de las regiones más golpeadas en la historia del conflicto armado en Colombia. Su cuerpo fue hallado este jueves en una cuneta, ubicada a la entrada del municipio de unos 76.000 habitantes.

El crimen recuerda la crueldad del transfeminicidio de Sara Millerey, la mujer de 32 años que murió ahogada en una quebrada de Bello (Antioquia), a inicios de abril, luego de que sus agresores le fracturaran los brazos y las piernas. Según los registros de Caribe Afirmativo, 43 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo corrido de este año. “Cuarenta y tres vidas extinguidas en menos de cinco meses. Cuarenta y tres razones para gritar que estamos en medio de una emergencia nacional por violencia de prejuicio”, precisa el comunicado de rechazo, que busca llamar la atención del país sobre la gravedad de los homicidios.

“Era carismática, divertida, incansable, con una furia poderosa”, expresa una de sus compañeras en un mensaje divulgado en redes sociales. El asesinato ocurrió dos años después del de Dania Sharith Polo, conocida como La Pola, otra mujer trans que formaba parte del colectivo LGTBIQ+ de El Carmen. Fue víctima de un atentado en el mismo municipio, a finales de abril de 2023 y falleció el 12 de mayo.

Jiménez, trabajadora sexual de 30 años, también integraba ese colectivo de los Montes de María, el primero del Caribe colombiano en ser declarado sujeto de reparación colectiva por la Unidad para las Víctimas. Ello, debido a la vulneración de derechos que padeció —y sigue padeciendo— esta población por parte de grupos armados, como los paramilitares en alianza con la Fuerza Pública o los integrantes de las extintas FARC, que les señalaban y silenciaban. “Quienes resistían a su marginalización, eran llevados hasta las zonas rurales del municipio para aplicarles violencia ejemplarizante, hacerles víctimas de violencia sexual o darles una golpiza como señal de corrección”, refiere una publicación de Caribe Afirmativo.

La Unidad de Víctimas ha reaccionado al crimen. En un comunicado ha recordado que Jiménez fue ejemplo de resistencia y compromiso con la transformación en una de las regiones de mayor violencia en Colombia entre los años 80 e inicios de los 2000, y que luego mostró una de las recuperaciones más notorias del país. “Su transfeminicidio constituye una grave vulneración a su integridad, pero también a los procesos comunitarios de memoria, justicia y reparación que, durante años, han enfrentado con valentía el abandono institucional y las múltiples formas de violencia estructural”, ha señalado la entidad.

Caribe Afirmativo destaca que la lideresa convirtió el dolor en lucha y se vinculó activamente en espacios para exigir justicia. “Su voz estuvo presente en las jornadas de documentación, en las audiencias, en los encuentros de autocuidado y en las actividades de formación. No era solo una participante: era una de las lideresas que tejía comunidad, que ayudaba a sostener la esperanza en medio del dolor, que insistía en que las personas trans, racializadas, empobrecidas, desplazadas por la guerra, también teníamos derecho a una vida digna”, subraya la corporación.

El periódico El Tiempo reseñó que Nawar Jiménez caminó junto a No Es Hora De Callar, la campaña liderada por la periodista Jineth Bedoya para dignificar a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y violencia de género. Lo hizo en marzo pasado, en un retorno simbólico de más de 500 víctimas, entre Ovejas (Sucre) y el corregimiento de Flor del Monte. “Vistió sus tacones durante los 12 kilómetros del recorrido, resistiendo y resignificando el dolor a través de su identidad”.

También acompañó procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como parte de Tejiendo Dignidad, una iniciativa de ONU Mujeres para fortalecer a organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ víctimas de violencia sexual y de género. La organización ha calificado el transfeminicidio como una grave violación a los derechos humanos y un atentado contra liderazgos que construyen paz.

“Su asesinato enciende una alerta urgente: no solo estuvo motivado por prejuicios relacionados con su identidad de género, sino que también atenta contra el trabajo de una lideresa comprometida con la construcción de paz. Nawar impulsaba la reparación colectiva de la población LGBTIQ+ en su municipio y promovía activamente la participación de esta población en escenarios de justicia transicional”, indica en un comunicado oficial.

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación ha pedido a las autoridades agilizar la identificación y judicialización de los asesinos, un llamado que se repite con cada crimen pero que pocas veces resulta efectivo. El Ministerio del Interior se ha solidarizado con la familia de Jiménez y ha citado a la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI, el próximo 27 de mayo, para definir un plan de acción que responda a la situación de riesgo de esta población en los Montes de María.

El Ministerio de Igualdad y Equidad se ha sumado al repudio y ha informado que se inició “la activación del caso a través del Sistema Salvia [Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género] para el acompañamiento integral, jurídico y psicosocial de la familia de Nawar”. La lideresa trans había denunciado amenazas en cuatro ocasiones, entre 2019 y 2024. “Su asesinato nos indigna y nos quiebra”, concluye Caribe Afirmativo.

Las amenazas no cesan para las poblaciones de El Carmen de Bolívar por la expansión de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y otras organizaciones criminales. “La imposición de normas y otras tomas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Según sus reportes, 66 líderes y lideresas sociales han sido asesinados a nivel nacional en lo corrido de 2025. El llamado a la acción que lanzó Caribe Afirmativo luego del asesinato de Nawar Jiménez se ha replicado desde el Estado: “La indignación debe traducirse en acciones efectivas”, remarcó la Unidad de Víctimas.