España, Alemania, Italia, Austria y Portugal piden a Bruselas un impuesto a los beneficios de las energéticas

Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han solicitado formalmente a la Comisión Europea la creación de un nuevo tributo coordinado sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. La propuesta busca mitigar el impacto económico derivado del encarecimiento del petróleo tras la escalada bélica en Oriente Próximo y el conflicto con Irán.

En la misiva, fechada el 3 de abril, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS/Cinco Días, los responsables de las carteras de Finanzas de las cinco potencias europeas instan al Comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, a desarrollar un marco legal sólido para gravar las rentas inesperadas del sector. El objetivo declarado es evitar que el coste de la crisis energética recaiga exclusivamente sobre los consumidores y el erario público.

La iniciativa cuenta con la firma del ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos Giancarlo Giorgetti (Italia), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania) y Markus Marterbauer (Austria). Los firmantes sostienen que la volatilidad actual del mercado, impulsada por las tensiones geopolíticas, ha generado distorsiones que requieren una intervención comunitaria inmediata.

El documento fundamenta la propuesta en el precedente de 2022, cuando la Unión Europea introdujo una contribución temporal de solidaridad para afrontar la crisis de precios tras la invasión de Ucrania por Rusia. Los ministros argumentan que la situación actual presenta paralelismos técnicos y fiscales que justifican una herramienta similar, sin perjuicio de las medidas que cada Estado miembro adopte de forma individual.

En el texto, los ministros subrayan la necesidad de enviar un mensaje de unidad política frente a los efectos de la guerra. “Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar medidas. También enviaría el mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para aliviar la carga sobre el público general”, dice la misiva.

La propuesta técnica incluye una novedad respecto a los instrumentos anteriores. Los cinco países piden a la Comisión que estudie “si y cómo” se pueden incluir los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales petroleras en este nuevo gravamen. Este enfoque busca una fiscalidad más dirigida que la aplicada en 2022, con el fin de capturar de manera efectiva el excedente de capital generado por las operaciones globales de las energéticas durante el conflicto.

El movimiento de los cinco ministros sucede a las discusiones mantenidas en la reunión del Eurogrupo el pasado 27 de marzo, donde ya se debatió la necesidad de proteger la estabilidad fiscal ante las restricciones presupuestarias actuales. Según el documento, la recaudación permitiría financiar medidas de alivio para los consumidores y frenar la inflación sin incrementar el déficit de los presupuestos públicos nacionales.

La Comisión Europea ya ha manifestado su disposición a revisar la propuesta de forma acelerada, en un contexto donde el precio del barril de crudo mantiene una tendencia alcista por la inestabilidad en las rutas de suministro globales. Se espera que los servicios técnicos de Bruselas evalúen la base legal de este posible instrumento en las próximas semanas.

El precedente de Ucrania

La propuesta de los cinco Estados miembros toma como referencia técnica el Reglamento (UE) 2022/1854, el instrumento de emergencia activado tras la invasión de Ucrania. Aquella normativa estableció una contribución de solidaridad obligatoria del 33% sobre los beneficios de las petroleras y gasistas que superaran en más de un 20% la media de los cuatro años previos. Los ministros argumentan en su misiva que este precedente legal ofrece la seguridad jurídica necesaria para actuar con rapidez ante la actual volatilidad del crudo derivada del conflicto con Irán.

El objetivo de recuperar este mecanismo es capturar los excedentes de las multinacionales para financiar medidas de alivio directo a los hogares y empresas. Según el texto remitido a la Comisión, la aplicación de un instrumento similar al de 2022 permitiría frenar la presión inflacionista sin comprometer la estabilidad de los presupuestos nacionales. Los firmantes destacan que la medida busca corregir las distorsiones del mercado que permiten al sector energético capitalizar el alza de precios mientras el resto de la economía asume el coste de la crisis.

Rebaja en España

En España, la intervención del Gobierno ha logrado reducir los precios de los carburantes tras la escalada provocada por el conflicto con Irán. Según los datos del último Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de gasolina se sitúa en 1,557 euros, lo que supone un descenso de 17 céntimos respecto a la semana previa. El gasóleo, por su parte, cotiza a 1,777 euros tras una bajada de 11 céntimos, consolidando el primer abaratamiento en las estaciones de servicio desde el estallido de las hostilidades.

Este alivio en los surtidores responde al paquete de choque que incluye el recorte del IVA de los combustibles del 21% al 10% y la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos. El Ejecutivo estima que el coste total de estas medidas asciende a los 5.000 millones de euros. Según analistas económicos, esta bonificación tributaria permitió amortiguar el Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo hasta el 3,3%, cifra que habría sido significativamente superior sin la intervención directa sobre la fiscalidad energética.