Petro, Efraín Cepeda y los gobernadores chocan por la firma de una ley para administrar recursos millonarios

Los choques entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el del Senado, Efraín Cepeda, son cada vez más usuales. Este martes se hizo pública una carta en la que el mandatario anuncia que no firmará un proyecto de ley aprobado por el Congreso que habilita a los alcaldes y gobernadores a utilizar los recursos excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Este fondo maneja el dinero para los empleados de los gobiernos locales. El presidente ha usado su poder para negar el proyecto argumentando que es inconstitucional e inconveniente.

Horas después, Cepeda reveló que sancionará y promulgará la ley, pese a la negativa del Gobierno. El congresista conservador argumenta que Petro presentó sus objeciones después del plazo que establece la ley. “En el caso del proyecto sobre el cambio en el control de los excedentes del Fonpet, el 11 de junio se remitió a la Presidencia de la República el texto aprobado por el Congreso, con el fin de que fuera sancionado o se presentaran objeciones en los términos legales. Este término se cumplió el 19 de junio. No obstante, la Presidencia solo envió sus objeciones el día 20 de junio”, ha explicado la secretaría del Senado.

En medio de ese choque entre las cabezas del Ejecutivo y del Legislativo, que no ha parado desde julio de 2024, cuando Cepeda fue elegido presidente del Senado, quedan los alcaldes y los gobernadores. Los gobernantes locales apoyaron la iniciativa y están a la espera de saber si podrán disponer de los recursos sin pasar por el Ministerio de Hacienda. El fondo en cuestión manejaba 63,87 billones de pesos (unos 14.000 millones de dólares) a 31 de diciembre de 2024. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha dicho en medios de comunicación que en cuatro años la ley iba a permitir que a su departamento llegaran $200.000 millones en excedentes para financiar proyectos ambientales, infraestructura y mejora de servicios públicos. “Esos recursos se necesitan para obras de baja intensidad, como placas-huellas para los municipios o arreglos en las escuelas”, dijo en entrevista con Blu Radio.

En mayo, cuando el proyecto de ley se aprobó en el último debate en la Cámara de Representantes, muchos alcaldes y gobernadores celebraron el triunfo. Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, cercano a Petro y promotor de la iniciativa, escribió en X: “Una gran noticia para las regiones de Colombia (...) Un agradecimiento especial a mis colegas gobernadoras y gobernadores, porque más allá de los colores políticos y las diferencias ideológicas, hemos trabajado en unidad por el bienestar de nuestras comunidades”. La abrumadora mayoría que voto a favor de la ley demuestra que era del interés de casi todos los representantes porque fortalece la autonomía financiera de sus regiones. En 2024, el fondo arrojó excedentes por 4,24 billones de pesos, alrededor de 1.000 millones de dólares y más que todo el presupuesto de la ciudad de Cartagena de Indias.

En concreto, el proyecto modifica la Ley 549 de 1999, que centralizó el manejo de los recursos del Fonpet, que son de los gobiernos locales y regionales. Eso ocurrió en medio de una fuerte crisis económica que tenía a muchos de ellos en la quiebra. Además, amplía hasta 2044 el plazo para que el fondo reúna todos los recursos necesarios para garantizar por su propia cuenta las pensiones de los trabajadores de los sectores de educación y salud, pues actualmente requiere de aportes de la Nación.

Las críticas del Ejecutivo no son nuevas. Los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y de Trabajo, Antonio Sanguino, argumentan en la carta que el Gobierno le envío a Cepeda que la propuesta tiene un impacto fiscal y necesita el acompañamiento del Gobierno. “Es inconstitucional e inconveniente en tanto ignora los efectos que se generarían con ocasión de la redistribución de los recursos destinados a la atención del pasivo pensional de las entidades territoriales que provengan del Gobierno Nacional Central. Especialmente, el impacto que tendrá en la caja del Tesoro Nacional”, se lee en el documento.

El representante a la Cámara del Partido Verde Wilmer Castellanos, ponente del proyecto, ha anunciado este martes que revisará la decisión del presidente Petro: “Desde el Congreso, examinaremos la oportunidad de la objeción, así como sus razones de fondo. Es necesario la reivindicación de la autonomía de los entes territoriales y el manejo de sus recursos con herramientas que deben tener al alcance para dar mayor eficiencia en el manejo fiscal de dichos recursos. Estamos para defender a nuestros territorios”, escribió en X. Seguramente también lo examinará la Corte Constitucional, si Cepeda insiste en firmar el proyecto.