Los 11 campesinos de Jericó acusados por la minera AngloGold Ashanti: “Nuestro único delito es cuidar el agua”

Don Porfirio Garcés tiene 86 años y una vida por delante. Es aficionado a la ópera y a la música clásica, se sabe muchos poemas de memoria y su casa está rodeada de cientos de anturios florecidos. Don Porfirio es el mayor de los 11 campesinos del municipio de Jericó, en el sur oeste de Antioquia, denunciados penalmente por la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti por oponerse a la construcción de un megaproyecto minero en su territorio. “He estado preocupado con este proceso judicial, pero al tiempo estoy orgulloso de estar haciendo algo por la comunidad, tratando de defender la vida y el agua, sin ella no hay nada. Estamos evitando una catástrofe ambiental. Me siento satisfecho de esta lucha, así nos cueste dolores de cabeza”, cuenta Porfirio. En el corredor de su casa cuelga un pequeño cartel que dice “No a la minería”. Al fondo suena un disco de acetato con canciones del Mono Núñez. Pide que hablemos más duro porque ha empezado a perder un poco el oído. Por lo demás, su salud y su memoria están intactas.

Este lunes 16 de junio, él y sus otros 10 compañeros de lucha ambiental preferirían quedarse en sus fincas cultivando café como lo han hecho desde hace décadas, pero están citados a una audiencia preliminar en el juzgado del pueblo en la que se decidirá si les dictan o no una medida de aseguramiento preventivo. En palabras sencillas, por petición de la Fiscalía un juez decidirá si los 11 de Jericó, como se les conoce desde que arrancó el proceso judicial, deben permanecer en casa por cárcel, privados de la libertad, mientras hay una sentencia. “No soy un delincuente. No he hecho nada malo. Mi hoja de vida es limpia. Jamás he estado detenido, ni vinculado a ningún proceso, en mis 86 años nunca había ido a un juzgado”, dice don Porfirio. Sus 10 compañeros están en las mismas circunstancias.

¿Secuestro, hurto agravado y lesiones personales o criminalización de la protesta?

Las autoridades los investigan por los delitos de secuestro simple y hurto agravado. A uno de los 11, además, se le acusa de lesiones personales. El hecho que generó la imputación del secuestro fue a finales de 2023 en un predio público, propiedad de la alcaldía del pueblo, llamado Lusitana. Una decena de trabajadores de la mina entró sin permiso al lugar para realizar excavaciones del suelo. El predio está destinado para preservar el agua de uno de los acueductos comunitarios de las veredas de la zona. Los campesinos, sorprendidos e indignados porque la minera estuviera haciendo sus labores en una zona protegida, destinada a cuidar las fuentes hídricas, llegaron al lugar de los hechos, pidieron explicaciones e impidieron que los mineros siguieran en su trabajo. Llamaron a la policía, al alcalde y a la Defensoría para que llegaran al sitio y sacaran a los empleados de AngloGold. Los trabajadores denunciaron que durante ese tiempo estuvieron secuestrados.

El presunto delito de hurto agravado ocurrió unos meses antes. Los campesinos se dieron cuenta de que la empresa estaba instalando a escondidas una plataforma para hacer excavaciones profundas y decidieron impedirlo. Más de 100 personas de las veredas afectadas, incluidas un par de monjas de la comunidad de las Lauritas (en honor a la Santa Laura, única santa colombiana y oriunda de Jericó), ingresaron al terreno y desmontaron las máquinas de la mina. Había varios exempleados de AngloGold que sabían cómo se armaban los taladros y cómo se desarmaban. En pocos minutos desbarataron toda la plataforma, subieron las partes a la carretera, las montaron a un camión y las llevaron a la estación de policía para que se las devolvieran a la empresa. “No secuestramos a nadie ni nos robamos nada”, dice don Porfirio. La acusación de lesiones personales es porque el perro de uno de los campesinos mordió a un trabajador de la minera.

La imputación de los tres delitos por parte de la Fiscalía ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad porque no reconoce que los presuntos hechos están en el marco de un conflicto social y ambiental de más de 15 años. En un documento de la Defensoría del Pueblo se lee: “Manifestamos nuestra preocupación por la judicialización de once líderes campesinos y defensores del ambiente en el municipio de Jericó. El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar el derecho a defender derechos. Esto incluye a quienes defienden el agua, los bosques y la vida desde los territorios”. La entidad concluye que “Esta situación no puede entenderse de manera aislada ni solo bajo una óptica penal. Se enmarca en un conflicto socioambiental estructural que ha afectado la vida del municipio durante las últimas décadas”.

La Organización de las Naciones Unidas en Colombia hizo un pronunciamiento en el mismo sentido: “Llamamos a las autoridades a que se observen las garantías procesales y de derechos humanos en el caso de 11 líderes campesinos defensores del medio ambiente”. La defensa jurídica de los ambientalistas insiste en que no se configura ninguno de los delitos. “Aquí se persigue la protesta social de los campesinos. Es una instrumentalización del derecho penal. No se puede usar para atacar a la parte más débil de un conflicto socio ambiental”, dice Claudia Serna, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y defensora de los líderes campesinos.

EL PAÍS buscó a los representantes y abogados de AngloGold Ashanty en Jericó para que expusieran su punto de vista, pero no aceptaron una entrevista. En una respuesta escrita, aseguran que los “bloqueos ilegales” de los campesinos “han afectado las operaciones de exploración”. La minera insiste en que no han sido manifestaciones pacíficas. “Los hechos denunciados han estado acompañados en algunos casos de actos violentos contra personas, herramientas de trabajo e incluso vehículos de la comunidad, poniendo en riesgo la integridad de empleados, habitantes de la zona”.

¿El machete y el zurriago son armas peligrosas o herramientas de trabajo?

Los tres delitos se agravan porque la empresa ha dicho que los campesinos estaban armados con machetes y zurriagos. La abogada Serna insiste en que esta es una forma de estigmatización a la indumentaria campesina que han usado por décadas. Decir que iban armados ayuda a generar la idea de que son personas peligrosas. “Si el machete y el zurriago, una especie de palo con látigo, son consideradas armas, los denunciantes pueden argumentar que hay amenazas e intimidación”. En uno de los delitos, la Fiscalía dice que tenían armas cortopunzantes. En realidad era el machete que usan los campesinos en todas las zonas rurales de Colombia para hacer sus trabajos en los cultivos. Si la fiscal no logra probar que los 11 campesinos son delincuentes peligrosos, no habría motivo para que este lunes los detuvieran preventivamente, antes de que haya una sentencia. “La privación de la libertad en las audiencias preliminares es excepcional, la acusación de porte de supuestas armas ayuda a justificar la solicitud de medida de aseguramiento”, dice Serna.

Rodolfo Tobón, de 44 años, otro de los líderes denunciados por la minera, reconoce que tiene miedo y angustia por el juicio, pero asegura que sigue firme en la defensa de su territorio. Ha sido presidente de la junta de acción comunal de su vereda y del acueducto comunitario. Trabajó un tiempo largo en AngloGold hasta que se dio cuenta de que, “él mismo se estaba clavando un puñal”. Hace años renunció, se dedicó a cultivar el café y a proteger sus montañas. “Nosotros no somos malos, nuestro único delito es cuidar el agua”, dice convencido. Rodolfo sueña con que la mina se vaya pronto de la región. Está seguro de que su vereda puede ser una despensa de agua y alimentos para el resto del país. “El agua que sale de los nacimientos de esta zona es limpia, cristalina, potable, uno puede tomarla de cualquier río. En cambio, llegamos a una ciudad o a otro pueblo y hay que comprar agua en botella”.

Jericó: ¿distrito minero o destino agro turístico?

La vocación histórica del municipio ha sido la agricultura. José Luis Bermúdez, otro de los campesinos imputados, cuenta que sus ancestros de cinco generaciones hacia atrás han cultivado la misma tierra. “Yo he sembrado café desde que tengo memoria, del café vivo, así he sacado adelante a mi familia, a mis hijos”. En su finca hay 20.000 árboles de café de altísima calidad. Tiene, además, plantas de plátano y banano, cítricos, guayabas, cerdos de engorde y un par de vacas para ordeñar. Don José Luis, de 62 años, enumera las especies de aves que hay en su tierra y que estarían en riesgo si se hace la mina: “sinsontes, mayos, soledades, silgas, azulejos, colibríes, tórtolas, guacharacas, tucancitos verdes”. Igual que Rodolfo y Porfirio, se siente tranquilo porque sabe que defiende una causa justa. “Protegemos un bien común, el agua, la vida, no le estamos haciendo daño a nadie”.

Fernando Jaramillo, líder de la Mesa Ambiental de Jericó, explica que este municipio patrimonio histórico del sur oeste antioqueño, ubicado a 100 kilómetros de Medellín, con 15.000 habitantes, fue fundado hace 175 años por familias paisas adineradas, católicas y conservadoras. A inicios del siglo XIX, los ricos de la ciudad le prestaron dinero al ejército de Simón Bolívar para las batallas de independencia. Años más tarde, les pagaron con miles de hectáreas de tierra virgen al otro lado del río Cauca, donde ahora está Jericó. “Se estableció que venían a fundar un pueblo nuevo, vigoroso y pujante”, dice Jaramillo. Fue el primer municipio de Antioquia, después de la capital, con electricidad. Tuvo moneda propia, fue la capital de departamento y se consolidó como un bastión agrícola y comercial en la región. “Por muchas décadas fue un pueblo tranquilo, sin conflictos internos y sin violencia, hasta que llegó la mina”, dice Jaramillo.

La primera licencia de exploración que le otorgó el departamento a AngloGold Ashanti fue en 2007. En ese momento, adquirieron cinco títulos de tierra diferentes pero contiguos, que sumaban en total 7.595 hectáreas. Esa etapa inicial de exploración duró tres años y se prorrogó tres veces, cada una por dos años, para un total de 11 años, que es lo máximo que permite el código minero. Cuando se iba a vencer ese plazo, la empresa decidió juntar los cinco predios en uno solo para tener una nueva licencia de exploración. En 2019 presentaron la licencia ambiental para explotar el primer yacimiento. En 2021 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales archivó el proceso por falta de información. No lo negó, ni lo aprobó, sino que le dijo a la empresa que hiciera más estudios y volviera a presentar la solicitud. Eso es lo que AngloGold está tratando de hacer en este momento en las veredas donde viven los 11 campesinos imputados. Su afán es porque en diciembre de este año se vence la prórroga de exploración.

“La minera tiene prisa, necesita realizar otros estudios en las tierras de los campesinos. Está jugando contralejoj porque es probable que no le den otra prórroga”, dice la abogada. Don William Gaviria, otro de los líderes campesinos imputados que más que más respetan en la comunidad, insiste en que no van a dar el brazo a torcer: “Quedarnos callados sería como permitir que la empresa haga lo que quiera y no lo vamos a permitir”. Don William explica que la montaña en la que pretenden hacer la explotación es de donde viene toda el agua de la región.

Sebastián Restrepo, uno de los fundadores de la organización Visión Suroeste que lleva años acompañando el proceso de los campesinos en Jericó, explica que la minera pretende extraer 130 millones de toneladas de roca de la montaña si logra la licencia de explotación. “Eso es el equivalente a un estadio Azteca cada cinco días. Son 17.000 toneladas diarias de piedra durante 21 años solo en uno de los cinco yacimientos”.

De acuerdo con los últimos estudios de la mina, dentro de esas 130 millones de toneladas esperan sacar 4 millones con cobre, plata y otros minerales. Visión Suroeste ha calculado que los efectos económicos positivos de la mina no compensan los efectos negativos. El desarrollo de este proyecto, aseguran, afectaría gravemente al territorio. “El proyecto causaría el hundimiento de 73 hectáreas de tierra (90 canchas de fútbol), y generaría 119 millones de toneladas de residuos tóxicos, los cuales estarían apresados a dos kilómetros del río Cauca. Ante condiciones ambientales como lluvias torrenciales, sequías e inestabilidad del terreno, estos desechos podrían afectar al río y los pueblos aledaños”, dice Visión suroeste.

La parábola de David contra Goliat, la santa Laura y el Papa Francisco, todos contra la mina

Además de estar imputados por AngloGold y de cuidar la tierra y el agua, los 11 campesinos de Jericó tienen en común su devoción al Papa Francisco. “Somos profundamente católicos y en esta lucha Dios está con nosotros”, dice Rodolfo. Cuenta que hace unos años llevó a sus hijos a Medellín a escuchar al papa y volvió más convencido de que tenía que seguir protegiendo su territorio. “El mensaje de su santidad ese día fue muy claro: cuiden este planeta que es lo único que tienen”. De hecho, el eje central de la famosa encíclica Laudato sí, de Francisco, es el cuidado de la casa común. En ese texto, que se ha vuelto una especie de manifiesto para los 11 campesinos, el papa critica el consumismo exagerado, los residuos tóxicos y la extracción minera.

Los campesinos también tienen un aliado de Cristo en la tierra. El obispo de la diócesis de Jericó, monseñor Noel Antonio Londoño, lleva varios años analizando el asunto de la mineria en la región. Cree que el problema no es solo de la empresa sino del Estado. “El origen de los inconvenientes es el estatuto minero, que está hecho a medida de las multinacionales. Ese es el fondo de la situación y lo tienen que cambiar en el Senado con una ley de la República”. El obispo repite una frase que se ha hecho famosa entre los campesinos: “Minería sí, pero no así, ni aquí”. Monseñor Londoño recuerda un día en que varios directivos de AngloGold le ofrecieron hacer la catedral de cobre santa Laura en medio de la mina, a cambio de recibir su apoyo y su bendición. “En ese momento me inspiró el espíritu santo, no abrí la boca, pero abrí la puerta y los despedí”. Nunca más volvieron a intentar chantajearlo. Hace pocos días, el obispo ofreció una misa en honor a los 11 campesinos imputados y a sus familias. Durante la ceremonia leyó la famosa parábola de David contra Goliat. “En ese texto del antiguo testamento, el débil David, joven y desarmado, vence con una piedra al gigante Goliat, y gana la guerra”, recuerda monseñor.

La decisión judicial de este lunes determinará no solo la libertad de Porfirio, Rodolfo, William, José Luis y los demás campesinos acusados por AngloGold, sino el futuro ambiental y económico de Jericó y de toda la región del suroeste antioqueño.