La Fiscalía apunta a una red de sicarios como responsable del atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, ha asegurado este lunes que las pesquisas por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay apuntan a una red de sicarios. La funcionaria ha liderado la primera rueda de prensa del organismo investigativo tras el ataque del sábado contra el también senador. Acompañada de otros directivos de la Fiscalía y de la Policía, ha asegurado que las pesquisas avanzan, sin revelar cuáles son las hipótesis que manejan los investigadores, tras revisar más de 1.000 videos, hacer 23 entrevistas y adelantar estudios balísticos. Lo que ya parece claro es que el atentado contra el senador y precandidato presidencial fue organizado por una red de sicarios, que la Fiscalía debe investigar.

La fiscal ha aclarado que solo hay una persona capturada, que buscan develar la estructura detrás de él y que la Fiscalía avanzará a partir de las pruebas que vaya recolectando. “Somos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material”, ha dicho en la rueda de prensa. “Estamos perfilando a quienes podrían ser los determinadores del crimen. Buscamos una cadena de responsabilidad completa”.

La Fiscalía aún no ha podido interrogar a quien le puede dar más pistas del atentado. Se trata del menor de edad de 15 años que disparó al senador opositor, que permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y de quien no se ha revelado la identidad. El menor fue capturado minutos después del atentado y desde entonces ha sido sometido a atenciones médicas en un centro de salud. Pese a que manifestó su interés de hablar al momento de la captura, se ha priorizado su atención médica y su protección, ha explicado Camargo.

La fiscal general ha hecho dos aclaraciones. La primera es que usualmente los sicarios tienen poca información sobre los responsables finales de los ataques, pues son contratados por intermediarios que no les revelan más que los detalles operativos. De hecho, ha indicado que el primer objetivo de la Fiscalía es identificar esa red.

La segunda es que el tratamiento para los menores de edad es diferente al usual. Ellos deben estar protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo, y son entendidos como una víctima que puede ser objeto de sanciones, pero para las que se busca una justicia restaurativa.

Otro dato notorio lo ha entregado Carlos Triana, director de la Policía Nacional. El general ha explicado que la pistola Glock que usó el sicario fue comprada por primera vez en agosto de 2020 en el Estado de Arizona (Estados Unidos). No se sabe aún cómo llegó a Colombia ni cómo la recibió el menor que disparó por lo menos tres veces a Uribe Turbay.

Ha revelado que está en proceso un estudio que permite cotejar las particularidades del arma con las pruebas de decenas de otros casos criminales. Es un procedimiento que resulta útil para poder vincular el atentado con otras acciones y los grupos criminales responsables de ellas, según ha explicado la fiscal Camargo.

Frente al anuncio del presidente Gustavo Petro, en la noche del sábado, sobre la necesidad de investigar a la escolta de Uribe ante la posibilidad de una infiltración, Triana ha indicado que su institución inicia una investigación disciplinaria a los cuatro policías del esquema. No está claro si los otros miembros, que pertenecen a la Unidad Nacional de Protección, enfrentan otra investigación similar, en esa entidad.