Las acusaciones de financiación narco en la campaña de Petro reviven a cuatro meses de su salida

Las acusaciones por supuestos nexos de la campaña presidencial de Gustavo Petro con el narcotráfico vuelven al foco. Este viernes, The New York Times ha asegurado que dos fiscales federales de Estados Unidos investigan al mandatario colombiano por presuntos vínculos con narcos. Aunque el diario estadounidense no da detalles sobre los narcotraficantes vinculados ni revela las pistas que sigue la justicia, el entorno del jefe de Estado ha enfrentado escándalos de ese tipo.

Antes de ser elegido, Petro advirtió, a través de su cuenta de X, de “un plan confeccionado desde las cárceles para infiltrar mi campaña con dineros del narcotráfico”. Repitió la alerta en discursos de campaña en las plazas públicas y la ha mantenido en los casi cuatro años que lleva en el poder. Sin embargo, han aparecido varias denuncias sobre una presunta financiación irregular de su campaña, concentradas en el primer año de Gobierno y que han ido perdiendo visibilidad a medida que pasa el tiempo y las investigaciones se estancan o carecen de pruebas de participación del presidente.

El “pacto de La Picota”

En abril de 2022, la campaña presidencial del momento sufrió un remezón. A semanas de las votaciones, un informe del medio Noticias Caracol reveló varias visitas del hermano del entonces candidato, Juan Fernando Petro, a la cárcel La Picota de Bogotá. Acompañado de Danilo Rueda —a quien el hoy presidente luego nombraría comisionado de Paz—, se reunió con criminales como el parapolítico Álvaro García Romero o el exsenador condenado por corrupción Iván Moreno Rojas. Los encuentros, según las denuncias, habrían tenido como propósito explorar beneficios judiciales a los condenados, a cambio de apoyo político. El llamado pacto de La Picota llevó al entonces candidato Petro a dar explicaciones. Negó cualquier motivación irregular en esos acercamientos, y dijo que solo buscaba afianzar una propuesta de perdón social. Días después, la Fiscalía abrió una indagación, pero el caso nunca derivó en una investigación formal.

Nicolás Petro

El expediente más sonado inició el 3 de marzo de 2023, apenas siete meses después de la posesión de Petro como jefe de Estado. Su protagonista es Nicolás Petro Burgos, el primogénito del presidente: fue señalado por su expareja, Daysuris Vásquez, de haber recibido para la campaña de su padre dineros de personajes cuestionados. Entre ellos estaban Santander Lopesierra, un antiguo narcotraficante y contrabandista de La Guajira, y personas del entorno del contratista Alfonso Hilsaca, uno de los hombres más poderosos del departamento de Bolívar.

Nicolás negó inicialmente los hechos, pero en julio de ese año, luego de que las autoridades allanaran su vivienda y ordenaran su captura, cambió su versión. Ante la Fiscalía reconoció haber recibido dinero en efectivo y haberse quedado con una parte de los recursos. Cuestionado por ello, el presidente tomó distancia: “Yo no lo crié”, alegó en una entrevista. Semanas más tarde, tras una visita del padre al hijo detenido, Nicolás se retractó de nuevo. Aseguró entonces, y mantiene hasta ahora, que fue presionado por la Fiscalía para entregar esa versión y perjudicar a su padre. Las autoridades todavía buscan establecer qué ocurrió con esos dineros. El hoy presidente siempre ha dicho que no supo de su existencia, mientras su hijo enfrenta un proceso penal por lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y enriquecimiento ilícito.

Los audios de Benedetti

El siguiente gran sacudón fue casi simultáneo. En junio de 2023 se filtraron audios de unas conversaciones que sostuvo Armando Benedetti, hoy ministro del Interior y quien fue jefe de la campaña presidencial de Petro, con Laura Sarabia, quien había sido su mano derecha para ser luego la del presidente. En ellos, se escucha al veterano político, que saltó de los partidos tradicionales a la campaña de izquierda en 2021, lanzar una advertencia que se volvió emblema de la crisis: “Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”.

En los audios, quien para ese momento era embajador de la FAO y se sentía distanciado de un gobierno en el que deseaba ser central, se atribuía haber conseguido 15.000 millones de pesos (unos 3,7 millones de dólares) para la campaña presidencial. Incluso comparaba el caso con el proceso 8.000, el explosivo dossier judicial con el que tres décadas atrás se comprobó el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del hoy expresidente Ernesto Samper. El episodio abrió nuevas preguntas sobre los dineros de la campaña. La Fiscalía pidió llamar a Benedetti como testigo en el juicio contra Nicolás Petro, lo que trasladó sus declaraciones del plano político al terreno judicial.

Un narco que hizo campaña en Casanare

En agosto de 2023, cuando Petro enfrentaba las denuncias de irregularidades en la financiación, una investigación de Noticias Caracol reveló que el narcotraficante Juan Carlos López Macías —extraditado a Estados Unidos y luego condenado en Colombia— participó en la campaña de Petro en Yopal (Casanare). Según el informe, el 28 de mayo de 2022, un día antes de la primera vuelta, participó del cierre de la campaña en esa ciudad, con fiesta, transmisión en redes y presencia de líderes políticos locales.

Las revelaciones se ampliaron semanas después con la filtración de audios de Sandra Navarro, esposa del capo, en los que se evidenciaba su participación en labores logísticas de la campaña en Casanare. El mismo informativo reveló conversaciones en las que la mujer ofrecía dinero, vehículos y apoyo logístico a los coordinadores locales. El Gobierno negó cualquier vínculo y sostuvo que los aportes oficiales se canalizaron a través de la gerencia nacional.