¿Cuántas acusaciones de abuso a menores se necesitan para enjuiciar a un expresidente?

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“Abuso deshonesto”. “Estupro”. “Trato impropio”. “Corrupción de menores y proxenetismo”. Cargos criminales gravísimos. Sin embargo, algunas de ellas se le han hecho en los últimos años al expresidente de Bolivia Evo Morales. “Son una decena de delitos que solo la víctima puede iniciar”, afirmó el pasado 4 de mayo frente a la prensa el ex fiscal general y abogado del político, Wilfredo Chávez. Como si se tratara de un futuro distópico como el de El cuento de la criada, donde los comandantes, todos hombres, toman decisiones sobre las asignaciones de las mujeres, sus cuerpos, credo, ideología política y sus derechos sexuales, Chávez, aupado por seguidores y seguidoras del líder sindical, defendió a su jefazo —o “compañero Evo”— frente a las acusaciones de abuso a menores que pesan en su contra.

“Yo me pregunto y les pregunto abiertamente a ustedes, [en] los miles de casos de matrimonio de menores de edad, ¿todos podrían ser considerados delincuentes?“, se preguntó el abogado, mientras una mujer detrás de él negaba con la cabeza. ”No puede ser. Están criminalizando, y sabemos todos la realidad nacional, donde la víctima, si no se siente víctima, no va a haber acción penal ni persecución penal”.

La militancia hacia Morales, o una especie de fe ciega con el líder, parece justificarlo todo. A pesar de que, desde 2014, se han registrado más de 6.000 matrimonios y uniones de menores forzadas en Bolivia que involucran a adolescentes de 16 y 17 años, según datos de la Defensoría del Pueblo y el Servicio de Registro Cívico publicados por DW. Un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer y Save the Children en 2021 indica, además, que en el país sudamericano existen más de 32.000 adolescentes casadas o unidas incluso antes de los 15 años. Pero, para Chávez, “sentirse víctima es una situación subjetiva íntima de una persona”.

En un país donde la edad de consentimiento sexual es de 14 años, acusaciones como las que se han hecho en contra del expresidente Morales ponen el foco sobre un delito sexual, el estupro, que se comete cuando un adulto tiene relaciones sexuales con un menor de edad sin su consentimiento legal, valiéndose de engaños, chantajes o abuso de poder, y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que sea derogado.

Lo que Chávez no toma en cuenta, según acota María Galindo, del colectivo feminista Mujeres Creando, es que las víctimas sufren de un silenciamiento producido por el poder del victimario e, incluso, de su propia comunidad “que avala el lugar que ellas están ocupando de ser parte de las ofrendas para el caudillo”. “Los casos de estupro, pero que en el contexto internacional se llaman violación, son muy frecuentes en la sociedad boliviana”, explica. “Al ser delitos de orden público, se puede actuar. No es que las menores no quieran denunciar o no se sientan víctimas. Como en muchos casos, sucede el Síndrome de Estocolmo, en el que la víctima construye una relación de afecto-dependencia con el victimario”.

Siete acusaciones y dos órdenes de aprehensión

Desde su primer Gobierno en 2006, Morales ha acumulado al menos cinco acusaciones de abuso sexual a menores en su contra en Bolivia, además de dos acusaciones similares por las que es investigado en Argentina, donde permaneció 11 meses exiliado cuando fue forzado a dimitir como presidente en 2019. Además, suma dos órdenes de aprehensión, acusado por estupro y trata y tráfico de menores, y ninguna ha sido ejecutada.

Pero las víctimas de violencia sexual y la búsqueda de justicia para las mujeres son en Bolivia un juego político para el Gobierno (no importa cuándo leas esto). En 2020, la Administración de derecha de Jeanine Áñez presentó dos denuncias contra Morales por presuntas relaciones que tuvo con menores. En una de ellas, le acusaban de haber tenido una relación con una menor que supuestamente quedó embarazada cuando el expresidente tenía 57 años y ella, 15.

Con la victoria electoral de Luis Arce, en 2020, y el retorno del Movimiento Al Socialismo al poder ese mismo año, el último caso fue desestimado a favor del líder cocalero. Al quebrarse la relación entre los exaliados, la violencia sexual contra las mujeres se ha convertido en municiones de cañón dentro de la pulseta política que han mantenido el presidente de Bolivia, otrora delfín político de Morales, y el sindicalista.

Mientras el actual mandatario, con pleno control sobre los cuatro poderes del Estado —el Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral—, ha utilizado las órdenes de aprehensión como un as bajo la manga para frenar las ambiciones políticas del expresidente; Morales, astutamente esquivo, en cambio, nunca se ha referido sobre el tema de forma directa y siempre se ha remitido a calificar las denuncias como un intento de “proscribir” su derecho a ser candidato. Siempre ha llevado el tema a la arena política, con una conducta democrática y sobre las leyes “recurrentemente tramposa y violatoria de los principios constitucionales”, explica la socióloga Sonia Montaño.

El último giro de la trama se produjo la semana pasada, cuando la jueza Lilian Moreno anuló una orden de captura en contra de Morales por el caso de trata agravada de personas y después fue detenida, sin un debido proceso, según ha denunciado el propio Morales, al ver que la orden fue restituida. Mientras, algunas voces en el país, como la feminista María Galindo, perciben “un criterio de corrupción” en la suspensión de la orden de aprehensión; o un cobro de favores políticos para allanar el camino del expresidente hacia su participación en unos nuevos comicios.

Morales permanece desde hace más de seis meses arropado y sin rendir cuentas a la justicia en Chapare, su bastión político. En la región cocalera del Trópico de Cochabamba ha armado un búnker, con una guardia sindical al estilo de Muamar el Gadafi, donde puede moverse con libertad y se muestra impune en un territorio inaccesible para el Estado. “Han logrado alterar todo el orden estatal y reemplazarlo por el Estado Mayor del Pueblo, que en definitiva juega un rol importante a que no se hayan logrado las aprehensiones. Esta presencia paraestatal podría iniciar una confrontación absolutamente violenta y sangrienta. En ese sentido, el Gobierno está midiendo fuerzas. Una intervención significaría un posible estallido social, al menos en el trópico de Cochabamba, que estoy segura que en esta época electoral ellos saben muy bien que no les conviene entrar a la fuerza”, afirma la politóloga Natalia Aparicio.

El viernes 16 de mayo hay convocada una marcha hacia La Paz, la sede de Gobierno, en la que los movimientos sociales acompañarán a Morales para que registre su candidatura a la presidencia, a pesar de estar inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional del país. Dice que lo hace “por el pueblo”.

El hombre que gobernó Bolivia durante más de 14 años parece no concebir a nadie más apto que él para llevar las riendas del país, haya sido aliado de su proyecto o no. Y las acusaciones de abuso a menores —jóvenes que siempre acaban desapareciendo de la escena pública— no es algo que parece que pueda frenarle. La preocupación por las víctimas de violencia sexual lamentablemente seguirá congelada hasta que vuelva a ser una carta útil para los intereses políticos de turno.

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