Salvar vidas centralizando la atención de la violencia intrafamiliar en un solo lugar

En el Invencible verano de Liliana, el libro galardonado con el Premio Pulitzer (2024) escrito por la autora mexicana Cristina Rivera Garza, hay una escena recurrente que acentúa el agobio que vive la protagonista que está buscando justicia por el feminicidio de su hermana menor, Liliana, ocurrido en 1990. A pesar de lo apremiante de su misión, Cristina pasa horas interminables en el metro de la ciudad. Ve discurrir tiempo valioso de su búsqueda en taxis que van de delegación en delegación porque no hay un lugar que centralice el caso, no hay claridad en el proceso. Llega a estaciones de policía y comisarías recónditas con la esperanza de encontrar información, para luego ser reenviada a otro lugar en otro extremo de la ciudad en donde quizás pueda hallar respuestas. Ahí se le va la vida a Cristina que clama por justicia. En ese periplo urbano, en ese ir y venir sin claridad se le va también la vida a cientos de mujeres que ponen una denuncia sobre su agresión física o sexual.

Con evidencia recogida por autoras como Montserrat Sagot en su libro Ruta Crítica de las Mujeres Afectadas por la Violencia Intrafamiliar en América Latina y siendo una de las grandes demandas de los movimientos de mujeres, es sabido que la desarticulación institucional termina afectando gravemente los procesos de denuncia por violencia intrafamiliar.

“Las mujeres manifiestan que van a una unidad judicial y se pasan todo un día esperando para que le tomen la denuncia, y que muchas veces no se la toman, porque cuando llegan a atenderlas les dicen que era en otro lugar o que no coincide el domicilio. Luego de hacer la denuncia, tienen que esperar a que todo el procedimiento pase al juzgado que va a atender el caso y quedan sin claridad de qué sigue y, a la espera de que alguien las contacte, por lo que tienen que volver a su casa después de todo un día de espera para convivir de nuevo con el agresor, sin saber cuándo va a ser notificado”. Lo explica así Claudia Martínez, cecretaria de la mujer en la provincia de Córdoba, Argentina, quién lidera el Polo Integral de la Mujer, una apuesta que desde hace casi una década busca centralizar en un mismo lugar todos los procesos por los que deben atravesar las mujeres que denuncian a sus agresores.

Según el libro de Sagot, que bautizó como ruta crítica los periplos que tienen que padecer las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar en 10 países, y que revela una panorama parecido en toda Latinoamérica, en los servicios de salud analizados se atiende a mujeres maltratadas, pero sin ninguna especificidad. “La atención que reciben las mujeres maltratadas se limita a una intervención sobre sus lesiones”, explica. En cuanto al sector judicial-policial, hay exceso de burocracia y los procedimientos son largos, engorrosos e ineficientes. “A pesar de que dada la gran cantidad de estaciones de policía esta es la institución más accesible en términos geográficos para la mayoría de las mujeres afectadas”, narra la autora. La complejidad de las agresiones sexuales o físicas muchas veces además se extienden a acciones civiles por pensiones o patria potestad, lo que termina complejizando aún más los procesos.

Por eso, aunar en un solo espacio todas las instancias que las mujeres necesitan para hacer sus denuncias ha significado un gran avance, asegura Claudia Martínez. En primera instancia, un avance físico, simbólico, si se quiere, una vez que un enorme edificio blanco, que ocupa casi una manzana entera y que es del Estado parece hacer eco, con sus grandilocuentes estructuras, de los millones de casos que ahí se albergan, de la gravedad de los delitos de género que al no estar diferenciados parecían diluirse entre los otros tantos delitos.

“Antes, los casos estaban tan dispersos que nadie los identificaba. Estaba todo junto: un robo de un celular, una goma de un auto, una denuncia de violencia de género. Así era muy difícil ver la magnitud de la problemática. Pero además, tener este emblema, este edificio blanco, gigante, en el corazón de la ciudad, es muy relevante porque es el Estado reconociendo en una estructura las desigualdades históricas y las violencias y crímenes cometidos contra las mujeres”, añade la secretaria de la mujer.

La apuesta, que ha sobrevivido por años a los cambios de Gobiernos en Córdoba y que ha sido reconocida como ejemplar y replicable por países como Corea y organizaciones como el PNUD, ha logrado engranar tres poderes que suelen trabajar de forma separada y ha habilitado rutas de trabajo en conjunto: “El Polo Integral de la Mujer, que es un modelo de gestión integral de atención a la violencia de género, ha logrado trasladar el Poder Judicial al mismo recinto, cuando siempre parece que este es un poder que tiene alguna supremacía sobre los otros. Hemos traído un área policial, cuando la policía siempre es muy celosa de sus actuaciones. Entonces el ejecutivo comparte ahora un tablero de mando para poder dar una respuesta y eso ha sido un gran avance”, explica Martínez.

Con cifras apabullantes que revelan que en América Latina, se estima que únicamente son denunciados entre un 15% y un 20% de los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres adultas, mientras esta violencia afecta a una de cada tres mujeres. La eficacia en los procesos parece determinante para cambiar el panorama. El impacto de una respuesta simultánea es muy evidente. “Lo que nosotros queremos y hemos logrado es que la denuncia se tome en el mismo día, que se tomen las medidas en el mismo momento. Ante una denuncia, antes quizás pasaban 15 días para que el juzgado dictara las medidas, encontrara al agresor para notificarlo, le hiciera la exclusión, se entregara el botón de pánico o se colocara la tobillera. Ahora, si bien todavía estamos trabajando en achicar los tiempos de detención, de aquí no se va nadie sin su botón antipánico. Y además, cuando se toma la denuncia, hay 25 medidas judiciales, 25 notificaciones, que salen en simultáneo y que se hacen en el mismo día”, explica.

¿Trabajar también con los agresores?

Poder reunir en un mismo lugar todos las instancias necesarias para lidiar de la forma más efectiva con las denuncias de violencia intrafamiliar, ha hecho del Polo Integral un espacio de conocimiento y laboratorio que ha revelado de forma contundente ciertos patrones de comportamiento de los agresores. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley del aborto en Argentina, en el centro se detectó que hubo un pico de femicidios en Córdoba y en todo el país. Ante el avance de derechos de las mujeres, el castigo sobre sus cuerpos se acentuó.

También, centralizar todos los procesos, permitió detectar que de las 40.000 denuncias al año que se hacían al menos en la provincia de Córdoba, el 65% eran reincidencias. Ese dato arrojó un camino más claro para saber hacia dónde dirigir la prevención. “Si hay un 65% que tiene nombre y apellido, sabemos que es un varón que va a volver a cometer un hecho, tenemos que trabajar sobre ese varón para frenar nuevos hechos de violencia, ya sea con la misma pareja o con otras parejas”, explica Martínez quién lleva años insistiendo en el urgente cambio cultural que se necesita para abordar desde otro lugar la prevención de la violencia: “Estos datos muestran que la denuncia tampoco ha sido tan efectiva. No se cumplieron las perimetrales, no se cumplió la orden judicial. Entonces realmente teníamos que buscar otro tipo de atención que pudiera frenar esto”.

Así fue como el Polo Integral decidió crear el Centro de Atención a Varones, una apuesta que al principio les valió fuertes críticas ante la posibilidad de que recursos destinados para las mujeres se fueran ahora para los agresores, pero que casi una década después, ha demostrado su vital importancia.

“Fue muy importante esta articulación con el Poder Judicial y la policía, porque logramos poder trabajar de manera conjunta y que nos derivaran todos aquellos casos de varones que eran de alto riesgo. No podíamos atender el 100% de varones denunciados, pero sí aquellos donde había algunos indicadores que nos permitían pensar que podían repetir su conducta. Así que de acuerdo a un sistema de valoración de riesgo, muchos varones son enviados al centro obligatoriamente. Al ser esta una medida judicial, quien no cumple con la asistencia del Centro de Varones, puede ser detenido. Así que van todos, sacan su turno y empiezan a participar de un proceso”, detalla Martínez.

A pesar de los embates que los gobiernos más tradicionales le han dado a los derechos de las mujeres, que ha desalentado notoriamente a las mujeres a denunciar a sus agresores en los últimos meses, este modelo de gobernanza ha conseguido que su trabajo siga activo y que su proceso innovador siga siendo un ejemplo replicable en otros lugares de la región.

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