La hoja de coca se cuela en la campaña por la presidencia de Bolivia: vuelve la mano dura

El cultivo de la hoja de coca ha sido siempre un problema público en Bolivia. Al menos desde que Estados Unidos la criminalizó en la década de 1920, como parte de su cruzada contra la cocaína. La tensión entre la producción tradicional y el narcotráfico llegó a su punto más álgido a finales del siglo pasado y comienzos de este, cuando los planes de erradicación, financiados desde Washington, enfrentaron al Gobierno con los campesinos, dejando una veintena de muertos. El fantasma de aquellos tiempos violentos vuelve a asomarse con las propuestas de cooperación internacional de los candidatos a la presidencia para combatir el tráfico de drogas, principalmente en el Chapare, feudo y refugio del expresidente Evo Morales.

A diferencia de los Yungas, zona ubicada al norte de La Paz donde se cosecha coca desde tiempos prehispánicos, el cultivo en el Chapare comenzó en 1953. Entonces, el Gobierno promovía el trabajo de terrenos desocupados, pero solo se alcanzó una producción significativa con el auge de la cocaína entre 1970 y 1989. Ese dato suele esgrimirse para justificar el esfuerzo por erradicar las plantaciones en esa región, como lo hace el candidato y expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002). “La coca de los Yungas ha sido, es y siempre será legal, milenaria y tradicional. La del Chapare tiene un solo fin: ir al narcotráfico”, declaró recientemente en una entrevista televisiva.

Quiroga, al frente en los sondeos para la segunda vuelta del 19 de octubre, fue justamente parte de los gobiernos que diseñaron un plan de “mano dura” para la eliminación forzosa de los cocales. En 1986, se intentó la erradicación voluntaria y compensada: a cambio de eliminar las plantaciones se entregaba dinero e insumos para cultivar otros productos. El plan fracasó porque ninguna otra cosecha es tan rentable como la coca, que puede recolectarse hasta cuatro veces al año, y los precios de los alimentos alternativos nunca alcanzaron lo prometido por el Estado. Se ejecutó entonces el Plan Dignidad (1997-2002), durante las gestiones de Hugo Banzer y Quiroga, en el que la eliminación de la coca era custodiada por el Ejército y supervisada por la DEA estadounidense.

Evo Morales, oriundo de Oruro pero agricultor migrante del Chapare, surgió en ese contexto como figura política al liderar las protestas de los cocaleros. El Gobierno de Quiroga respaldó la expulsión de Evo Morales como diputado, acusándolo de incitación a la violencia. “La razón por la que me gané la aversión eterna de Morales, que me honra, es que redujimos en 80% la producción de coca: bajamos de 250 a 45 toneladas”, recuerda ahora el expresidente. Si bien Quiroga no menciona directamente un retorno de la DEA, sí habla de cooperación internacional “con la [policía] federal brasileña, con la federal argentina y con agencias de seguridad de Europa y Estados Unidos”.

Las declaraciones se dan en un marco de escalada inédita de violencia en el país relacionada con el narcotráfico, después de que fueran identificados en Bolivia dos altos mandos de la red criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC). Libros como Antología sobre la hoja de coca, de Alison Spedding, o Memorias cocaleras. Una lucha orgánica y política, recogen testimonios sobre lo sangriento que resultó el enfrentamiento entre cocaleros y militares en los años de la mano dura.

El coautor de este último, el antropólogo Andrés Huanca, cree que es inminente una vuelta al estallido social. “Son comunes los relatos de la policía militar entrando al trópico cochabambino y los campesinos escapando por la cantidad de arrestos arbitrarios”, dice. “Vas al trópico y ves esa hermosa naturaleza, pero ya dentro empiezas a notar monumentos, bustos, esculturas, placas en cada lugar. Son por todos los dirigentes asesinados”, continúa Huanca.

El otro candidato presidencial, el senador Rodrigo Paz, es menos frontal en sus planes respecto a la coca, pero ha dicho públicamente que Bolivia necesita colaboración internacional contra el narcotráfico. Sin embargo, cuando era senador habló de una “coca mala que quiere apoderarse desde el Chapare de la coca buena yungueña (…) 95% de la coca del Chapare va al narcotráfico”. Huanca cree que, en caso de que llegue al Ejecutivo, su política será similar a la de su padre, Jaime Paz, quien en su mandato optó por la erradicación concertada.

“En el trópico están preparados para un enfrentamiento duro con Tuto. Con Paz es un mal por conocer. Él igual tiene cercanía con Washington, y la línea de Estados Unidos para lidiar con el problema de la cocaína en Bolivia es de mano dura con asesoría de la DEA, muy contraria a la visión de ‘nacionalizar’ la guerra contra las drogas de Evo”, dice Huanca. No obstante, el candidato a la vicepresidencia de Paz, Edman Lara, aseguró que “se respetará la producción de coca en el Chapare” y apeló a la “conciencia para evitar que esa coca llegue a la producción de cocaína”.

Expulsión de la DEA

Morales llegó al poder en 2006 y dos años después expulsó a la DEA de Boliva . La idea era entonces optar por un sistema negociado con los sindicatos, y se estableció un límite legal de 12.000 hectáreas para el consumo tradicional, medicinal y ritual. El número se amplió a 22.000 en 2017 con la Ley 906, pero se supera constantemente. En 2024 se habla de 31.000 hectáreas cultivadas: 22.000 en los Yungas, 8.900 en el Chapare y el resto en provincias del norte de Santa Cruz, de acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La UNODC aseguró en 2020 que el 94% de la producción del Chapare no pasa por el mercado legal de coca. Por eso, Tuto propone “nacionalizar los mercados de coca” para que el Estado controle rigurosamente que ninguna hoja se desvíe hacia actividades ilegales. Pero no puede determinarse con exactitud que toda esa cantidad se destine únicamente a laboratorios de pasta base: parte puede quedarse en el consumo local, venderse en mercados informales o exportarse a Argentina o España.

Huanca sostiene que el problema no está en negar la evidente presencia del narcotráfico en la zona, sino en criminalizar a toda la población chapareña por ello. “El problema es la estigmatización que se reproduce”, dice. “La cadena del narcotráfico tiene eslabones débiles y peces grandes que viven en Cochabamba o Santa Cruz; no por eso todos los que viven en esas ciudades son narcotraficantes”.