Las claves sobre el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional: qué sigue y la fecha límite de Trump

La agenda migratoria de la Administración de Donald Trump enfrenta su mayor reto hasta ahora en el Congreso. El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, iniciado el 14 de febrero de 2026, se ha convertido en el más largo de la historia del país. A casi siete semanas de su inicio, el bloqueo presupuestario continúa sin resolverse, mientras la Casa Blanca recurre a medidas extraordinarias y los legisladores republicanos enfrentan crecientes divisiones internas.

A diferencia de otros cierres federales, este afecta únicamente al DHS. Sin embargo, entidades clave como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuentan con financiamiento multianual aprobado previamente, lo que ha permitido mantener operativas partes centrales de la política migratoria.

¿Por qué hubo un cierre parcial?

El origen del cierre radica en desacuerdos sobre el financiamiento de las operaciones migratorias impulsadas por Trump. Poco después de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en operativos de migración —Renee Good y Alex Pretti— los demócratas se negaron a aprobar fondos sin incluir restricciones para agencias como el ICE y la Patrulla Fronteriza, mientras que los republicanos insisten en financiarlas plenamente y sin limitaciones para los agentes.

Desde entonces, durante semanas, ambos partidos han bloqueado propuestas mutuamente en el Senado y la Cámara de Representantes. Aunque el Senado logró aprobar recientemente un plan bipartidista para financiar la mayor parte del DHS, este excluye precisamente a las agencias migratorias, lo que ha generado resistencia en sectores conservadores. Y la Cámara Baja, liderada por el republicano Mike Johnson, ha evitado someter a votación ese acuerdo en varias ocasiones, incluso durante sesiones formales en las que no se tomó ninguna acción, prolongando así el cierre.

El plan de dos fases

Como respuesta, los líderes republicanos y el expresidente Donald Trump han desarrollado una estrategia de dos pasos. Primero, aprobar el plan del Senado para reabrir parcialmente el DHS; después, impulsar un segundo paquete presupuestario mediante el mecanismo de reconciliación —una herramienta legislativa que permite aprobar ciertas leyes relacionadas con gasto, impuestos o deuda con una mayoría simple en el Senado (51 votos), evitando el requerimiento de una mayoría de 60— que permitiría financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza sin necesidad de apoyo demócrata.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha defendido este enfoque como la única vía viable, insistiendo en que el segundo paquete debe ser “lo más limitado y enfocado posible” para evitar retrasos. Sin embargo, dentro del propio Partido Republicano hay resistencia a aprobar cualquier medida que no incluya financiamiento completo inmediato para todas las agencias del DHS.

Impacto en trabajadores y servicios

Aunque la mayoría de los empleados del DHS han continuado trabajando, miles han pasado semanas sin recibir salario. Los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) han sido especialmente afectados, con reportes de renuncias y ausencias crecientes. Esto derivó en largas filas en aeropuertos clave, con tiempos de espera de hasta cuatro horas en algunos casos.

Como respuesta, Trump ordenó que el ICE se desplegara en más de una docena de aeropuertos para cubrir las actividades de los trabajadores que renunciaron o no se han presentado a trabajar. Sin embargo, al no estar entrenados para manejar los escáneres de seguridad, su capacidad de alivio es limitada. De todas formas, Tom Homan, el “zar de la frontera”, afirmó que los agentes federales podrían quedarse ahí más tiempo, dependiendo de cuántos trabajadores de la TSA regresen a sus puestos tras la reanudación del pago de sus salarios este lunes.

También se han registrado interrupciones en otros servicios. Por ejemplo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) suspendió algunas actividades no relacionadas con desastres. El 2 de abril, el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, eliminó una regla que obligaba a que cualquier gasto superior a 100.000 dólares tuviera que ser aprobado directamente por su oficina, lo que agilizará el uso de recursos y facilitará las labores de ayuda y recuperación en la FEMA.

Por otra parte, el presidente anunció que firmará una orden ejecutiva para reanudar el pago de todos los empleados del DHS, una medida que busca aliviar la situación de miles de trabajadores, pero que a la vez elude al Congreso. Esta decisión amplía acciones previas, como la orden que emitió la semana pasada para pagar a agentes de la TSA, que contribuyó a reducir las disrupciones en aeropuertos en días recientes.

¿Qué sigue?

Por ahora, el destino del cierre parcial depende de la Cámara de Representantes, que deberá decidir si finalmente vota el plan aprobado por el Senado. Aunque los líderes republicanos han mostrado mayor unidad en los últimos días, no está claro si podrán reunir los votos necesarios. Incluso si el primer paso se concreta, el segundo —financiar completamente las agencias migratorias mediante la herramienta de reconciliación— podría tardar meses y enfrentar nuevas disputas internas. Trump ha fijado como objetivo el 1 de junio para tener aprobado ese paquete final.