Minnesota demanda a la Administración Trump para reclamar acceso a las pruebas de las muertes de Renée Good y Alex Pretti

Minnesota ha demandado a la Administración de Donald Trump para reclamar acceso completo a las pruebas recabadas por las agencias federales sobre la muerte de Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron como consecuencia de los disparos de agentes migratorios mientras protestaban pacíficamente contra un megaoperativo contra la inmigración que la Casa Blanca puso en marcha en el Estado a finales del año pasado. También piden consultar la investigación sobre el tiroteo contra Julio Sosa-Celis, quien fue herido de bala en una pierna.

Fiscales del Estado dirigido por el demócrata Tim Waltz acusan a las principales agencias federales de ocultar pruebas de estas investigaciones para proteger a los agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) de cargos penales, según ha adelantado The Minnesota Star Tribune.

Los fiscales han presentado la demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. En ella, argumentan que los intentos de los funcionarios del Estado para acceder a las pruebas de los tiroteos, que conmocionaron al país y desataron una ola de indignación que provocó la retirada de la policía migratoria de Minnesota y la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, han sido bloqueados por altos cargos de máximo nivel de la Casa Blanca.

“Los principios del federalismo no permiten que el Gobierno federal retenga pruebas de investigación con el fin de proteger a los agentes del orden público del escrutinio cuando un Estado está investigando posibles violaciones graves de sus leyes penales, dirigidas contra sus ciudadanos, dentro de sus fronteras”, señala la demanda.

Trump ordenó desplegar a la policía migratoria en Minnesota a finales del año pasado después de que se viralizara un video de un influencer conservador denunciando sin pruebas una supuesta trama masiva de fraude en las ayudas públicas a la comunidad somalí del Estado. Unos 3.000 agentes desembarcaron a principios de este año y emplearon tácticas agresivas, que fueron denunciadas por la sociedad civil, las autoridades locales y otras organizaciones sin ánimo de lucro. Los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza realizaron redadas indiscriminadas con abuso de la fuerza, persiguieron a ciudadanos dentro de sus casas sin orden judicial, separaron a menores de sus familias y detuvieron a miles de personas, sin seguir los procedimientos judiciales.

El 7 de enero, un agente del ICE disparó contra Renée Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, que había acudido a una redada en su coche para protestar pacíficamente contra la presencia de estos agentes en las calles de Minneapolis. Veinte días más tarde, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, fue tiroteado por otro agente federal, en su caso de la Patrulla Fronteriza, cuando trataba de defender a una mujer que protestaba contra los abusos de los oficiales. Una semana más tarde de la muerte de Good, cuando el ambiente estaba caldeado en la ciudad, Julio Sosa-Celis recibió un disparo en una pierna mientras los agentes intentaban detener a su primo, que huyó de los agentes.

La fiscal general del Estado, Keith Ellison; la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty; y el superintendente de la policía de Minnesota, Drew Evans, firman la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Pam Bondi, fiscal general de EE UU; y Kristi Noem.

Tras el tiroteo de Pretti, los agentes migratorios dependientes del DHS acordonaron la zona e impidieron el acceso a la policía de Minneapolis y a los agentes de la policía estatal. La exsecretaria de Seguridad Nacional calificó a los ciudadanos muertos como “terroristas domésticos” y justificó la acción de los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza.

Moriarty ha presentado varias cartas Touhy, que constituyen una solicitud formal para recabar evidencias como parte de una investigación, ante el Gobierno federal reclamando pruebas de los tiroteos. En una entrevista, la fiscal del condado de Hennepin afirmó que presentar la demanda en la capital del país fue una decisión premeditada debido a la experiencia del tribunal federal en materia de agencias federales, pero también por el peso simbólico de la ubicación. “Es como si fuéramos directamente al corazón de la administración con nuestras demandas”, dijo a The Star Tribune “Sentimos que deberíamos desafiar al gobierno federal ante el propio gobierno federal”.