La muerte de Sheridan Gorman, el último caso con el que Trump defiende la expulsión de migrantes

Aún quedan rastros de las flores y las velas que los amigos, familiares y compañeros de clases llevaron a modo de despedida hasta el muelle de la playa Tobey Prinz, en el barrio de Rogers Park, al norte de Chicago. El jueves 20 de marzo, sobre las 2.11 de la madrugada, hora de Illinois, Sheridan Gorman caminaba por allí con unos amigos, todos jóvenes como ella, una estudiante de 18 años de la Universidad de Loyola. Querían ver, dijeron luego los padres de Gorman en un comunicado, la aurora boreal. Gorman estaba “paseando con amigos, cerca de casa, en una zona donde tenía todo el derecho a sentirse segura”, cuando alguien le disparó y la mató. Su caso ha saltado a la esfera nacional después de que el Gobierno de Donald Trump revelara que el acusado de su muerte es un migrante que se encontraba en el país de forma irregular, convirtiéndola en el último rostro con el que la Casa Blanca desata una ola mediática xenófoba y justifica la expulsión masiva de indocumentados.

A la lista donde aparecen la estudiante de enfermería Laken Riley, la joven de Illinois Katie Abraham o la niña de Texas Jocelyn Nungaray, se suma ahora Gorman. Estos son los nombres a los que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se aferra para justificar la política de detenciones y deportaciones de Trump, acusando a los responsables de sus muertes, y por extensión a todos los extranjeros, de atentar contra la seguridad y tranquilidad de los estadounidenses. Las cuatro murieron a mano o tras incidentes que involucraron a migrantes de origen latino y, en todos los casos, Trump apuntó a la política migratoria de su predecesor Joe Biden como causa última; pero en el último caso de Gorman, el hecho de que el acusado ya había sido arrestado anteriormente por robo renueva y refuerza las críticas de que las autoridades migratorias no están priorizando a los criminales, como han prometido tantas veces.

A Gorman, originaria del condado de Westchester, Nueva York, le encantaba “viajar, escuchar música, cocinar, leer, ir a conciertos y conocer gente nueva”. Los amigos la recuerdan como alguien “amable, generosa, alegre y muy divertida”. De hecho, sus publicaciones de Instagram muestran a una joven entusiasta, rodeada de amigas en los paseos y fiestas que tanto parecía disfrutar. Sus últimas fotos, sin embargo, se han vuelto en estos días una especie de altar donde la gente llega y deja sus mensajes de condolencias. “Descansa en paz, alma hermosa”, “mi más sincero pésame a su familia y amigos” o “espero que donde estés haya más amor que aquí”, son algunos de los comentarios que se leen.

Hay otros que intentan buscar el porqué de la muerte de una persona que no tendría que estar hoy en las notas necrológicas de los diarios de todo el país. La respuesta la han encontrado en la identidad de su victimario. “Este es un asesinato totalmente prevenible por otro extranjero ilegal”, escribe un comentarista. Se refiere a José Medina, un venezolano de 25 años que, según las autoridades, le propinó un disparo fatal a Gorman. Según informó el Departamento de Policía de Chicago, Medina fue arrestado el pasado viernes y ahora está acusado de asesinato en primer grado e intento de asesinato en primer grado.

El informe policial detalla que las cámaras de seguridad dan cuenta de que Medina iba vestido de negro y enmascarado, cuando se acercó al grupo de amigos, sacó un arma y le apuntó directamente a Gorman mientras ella intentó huir. Luego el hombre disparó, se marchó y se adentró en un edificio cercano.

Las autoridades revelaron que Gorman, quien recibió un disparo de bala en la espalda, falleció en el acto. Hasta el momento se conoce muy poco del incidente, y ni siquiera se ha revelado si Medina tenía algún tipo de vínculo con la joven o con el campus universitario, pero los amigos que acompañaban a la víctima esa madrugada aseguraron a medios locales que ella no parecía ser el objetivo del atacante.

La muerte de Gorman deja mucho detrás: una familia completamente rota; una comunidad universitaria atónita por la muerte de uno de los suyos; y un Gobierno que ha acaparado la narrativa para validar las políticas antiinmigrantes que desde hace más de un año tienen a los migrantes, tanto documentados como indocumentados, en un estado de terror casi permanente.

El crimen como política

El domingo, el DHS ofreció más detalles sobre José Medina: llegó al país el 9 de mayo de 2023 a través de la frontera, tuvo contacto con agentes de la Patrulla Fronteriza y luego fue liberado. Ese mismo año, el venezolano fue arrestado por robar en una tienda local, y fue excarcelado el 19 de junio de 2023. Bajo la llamada ley Laken Riley —que en enero de 2025 recategorizó hasta faltas menores como razones válidas para una deportación, no solo delitos mayores—, esto lo hacía oficialmente deportable. Los críticos de la política migratoria de Trump apuntan que esto evidencia que en la práctica las autoridades de migración no están priorizando la captura y expulsión de criminales conocidos, aunque el DHS ha trasladado la responsabilidad a la falta de cooperación de las autoridades locales.

Este lunes Donald Trump fue cuestionado por la prensa sobre la muerte de Gorman y, como suele hacer en estos casos, culpó a la anterior Administración: “Esta persona entró gracias a la política de puertas abiertas del [expresidente] Joe Biden, y tenemos otros”, dijo Trump. “Los estamos sacando por decenas de miles. Estamos haciendo un gran trabajo, pero es una lástima”.

El DHS, por su parte, aprovechó la oportunidad para echar en cara a J. B. Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, uno de los más críticos con la cruzada migratoria actual, sus políticas santuario, lo que quiere decir que ni el Estado ni la ciudad de Illinois colaboran con las autoridades federales de inmigración. Gorman “fue víctima de las políticas de fronteras abiertas y de los políticos que defienden las ciudades santuario, quienes LIBERARON a este inmigrante ilegal DOS VECES antes de que cometiera este atroz asesinato”, dijo la subsecretaria interina de la agencia federal, Lauren Bis. También les exigió a las autoridades del Estado que “se comprometan a no liberar a este inmigrante ilegal criminal de la cárcel y devolverlo a los barrios estadounidenses”.

En un comunicado enviado a Fox News, después de expresar sus condolencias a la familia de Gorman y asegurar que espera ver que “el presunto autor rinda cuentas ante la justicia con todo el peso de la ley”, Pritzker enfatizó que la Administración Trump “debe dejar de politizar tragedias atroces” y buscar “soluciones reales, como restablecer los fondos federales para prevenir la violencia que respaldan nuestros esfuerzos en materia de seguridad pública”.

En junio de 2024, la muerte de Jocelyn Nungaray —una niña de 12 años que fue asesinada en Texas a manos de dos migrantes venezolanos— se convirtió en uno de los rostros de su campaña. “Estos monstruos nunca deberían haber estado en nuestro país”, decía Trump en ese entonces. En enero de este año, Katie Abraham, una joven de 20 años de Illinois, perdió la vida luego del impacto de un vehículo que manejaba un inmigrante guatemalteco. Cuando el Gobierno envió a Chicago a cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias migratorias el pasado año, le dedicaron a la joven la Operación Midway Blitz, un megaoperativo de detenciones y deportaciones.

Aunque la Casa Blanca ha usado estos episodios para insistir en una supuesta relación entre la criminalidad y la llegada de migrantes al país, lo cierto es que más de un estudio ha probado no solamente que no la hay, sino que los migrantes indocumentados tienen menos probabilidades de cometer crímenes que los estadounidenses. Un estudio del Instituto Cato, un think tank de Washington, demostró que la tasa de encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses representa el doble de la de migrantes sin documentos legales, y casi el cuádruple de la de migrantes con estatus legal. Si en 2023 fueron arrestados 1.617.197 norteamericanos, ese año la cifra de migrantes indocumentados detenidos fue de 67.813, y la de migrantes legales, 58.515.

Ahora, con la reciente muerte de la joven Sheridan Gorman, David J. Bier, director de Estudios sobre Inmigración del Instituto Cato, desafió a la propia Administración Trump, asegurando que “dan prioridad a la discriminación racial en lugar de perseguir a los delincuentes”. Bier señala como evidencia el hecho de que, de los más de 675.000 deportados hasta diciembre, solo entre un 25% y un 35% tenía antecedentes penales. “Deberían haber sido uno de los primeros objetivos de la nueva Administración, pero no lo fueron. Como resultado, quedaron impunes y pudieron volver a delinquir”, sostiene Bier.