El gobernador de Illinois firma una ley que prohíbe las detenciones del ICE en los tribunales estatales

Los tribunales de Illinois ya no podrán ser el escenario de las detenciones de migrantes. Este martes, el gobernador de Illinois, el demócrata J. B. Pritzker, ha firmado una ley que restringe la aplicación de las leyes de inmigración fuera de las cortes estatales y que facilita la presentación de demandas contra los agentes de inmigración si los residentes consideran que se han violado sus derechos.

La norma fue impulsada en octubre por los legisladores demócratas del Estado en respuesta a la ofensiva contra la inmigración que lanzó el Gobierno de Donald Trump en la ciudad de Chicago y que se saldó con miles de detenidos. Pritzker firmó la ley en el barrio de La Villita, donde residen muchos latinos, siendo uno de los lugares más azotados por las redadas migratorias ordenadas por Trump en esta ciudad.

“Con mi firma de hoy, estamos protegiendo a las personas y las instituciones que pertenecen a Illinois. Llevar a tus hijos a la guardería, ir al médico o asistir a clase no debería ser una tarea que te cambie la vida”, afirmó Pritzker este martes. “Illinois, ante la crueldad y la intimidación, ha optado por la solidaridad y el apoyo. Donald Trump, Kristi Noem y Gregory Bovino han intentado apelar a nuestros instintos más bajos. Pero los mejores de nosotros nos enfrentamos a los peores de ellos”, añadió el gobernador.

“La detención civil de personas en un juzgado o en sus inmediaciones, o mientras se dirigen a un procedimiento judicial, permanecen en él o regresan del mismo, amenaza el derecho del público a buscar justicia en los tribunales”, recoge la norma. Los defensores de la ley afirmaron que la medida era una respuesta necesaria a la campaña de control migratorio del Gobierno de Trump.

Los tribunales se han convertido en emboscadas para los migrantes desde que la Administración autorizó las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) en las inmediaciones de las cortes, que, hasta entonces, habían sido lugares no frecuentados por los agentes. En los últimos meses, se han sucedido imágenes dramáticas de las detenciones de las personas que acudían a los tribunales para cumplir con la obligación de presentarse periódicamente a las autoridades como medida de control o para audiencias rutinarias en sus casos de asilo.

La nueva ley también limita la información que los hospitales, guarderías y universidades de Illinois pueden proporcionar a los agentes de inmigración. Antes de que el republicano regresara a la Casa Blanca, esos lugares eran considerados “sensibles”, lo que significaba que los agentes migratorios no podían acceder a ellos para detener a las personas. Esa práctica terminó cuando el Gobierno de Trump inició su cruzada contra la inmigración en busca de la mayor deportación de la historia.

“Los residentes deben poder ir a la corte, llevar a sus hijos a la guardería y tener acceso a la universidad a la que asisten sin temor a ser secuestrados en la calle”, declaró la representante estatal Lilian Jiménez, demócrata de Chicago, en un comunicado tras la aprobación del proyecto de ley.

Los republicanos han criticado la nueva legislación por entender que dificulta la labor de los agentes federales y añade inseguridad en el Estado. El senador estatal John Curran, líder republicano en su cámara, afirmó durante un debate en el pleno que “esta medida será anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos”. El Gobierno ha conseguido el respaldo del Alto Tribunal para varias iniciativas polémicas gracias a que la mayoría de los jueces que lo componen son conservadores y apoya las políticas de Trump.

También el Departamento de Seguridad Nacional declaró en un comunicado que “nada en la Constitución prohíbe arrestar a un infractor de la ley dondequiera que se le encuentre” y que realizar arrestos por motivos de inmigración en los tribunales “es de sentido común”. “Esto permite ahorrar valiosos recursos policiales, ya que las autoridades ya saben dónde se encontrará la persona buscada”, añadió el departamento.

Illionois se suma a otros Estados gobernados por demócratas, como California y Nueva York, que también tienen leyes que restringen los arrestos de migrantes por motivos civiles en los juzgados.