Estados Unidos afirma que organizaciones criminales mexicanas ofrecen recompensas para agredir, secuestrar o matar agentes federales

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha publicado un comunicado en el que afirma que ha obtenido información creíble basada en trabajo de inteligencia que indica que las organizaciones criminales mexicanas, sin especificar cuáles, han comenzado a ofrecer recompensas para agredir, secuestrar o matar agentes federales del ICE o de aduanas (CBP). De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las instrucciones se han dado específicamente en la ciudad de Chicago, donde hace más de un mes el DHS está llevando a cabo la Operación Midway Blitz para buscar y detener migrantes indocumentados en la tercera urbe más grande e importante del país.

Según lo publicado en la corta nota de prensa, las redes criminales mexicanas han dirigido a colaboradores en Estados Unidos para que monitoreen, hostiguen y hasta asesinen agentes federales desplegados. Detallan un sistema estructurado de recompensas para incentivar la violencia contra el personal federal, con pagos que aumentan en función del rango y la acción realizada: 2.000 dólares por recopilar información o divulgar datos personales de los agentes, incluidas fotos y detalles familiares; entre 5.000 y 10.000 dólares por secuestrar o agredir de forma no letal a agentes del ICE o CBP; y hasta 50.000 dólares por el asesinato de altos funcionarios.

En los barrios predominantemente mexicanos de Chicago, Pilsen y el Little Village, supuestamente pandilleros de grupos como los llamados Latin Kings han posicionado a vigías en los techos del vecindario, equipados con armas de fuego y radios, asegura el DHS. Agregan que esta vigilancia ha llevado a emboscadas y disturbios durante operaciones policiales rutinarias y redadas migratorias.

La mayoría de las acusaciones se concentran en Chicago, pero el DHS también señala a grupos supuestamente afiliados a Antifa —recientemente categorizado como grupo terrorista por el Gobierno de Donald Trump, a pesar de que no existen pruebas claras de que exista como un ente organizado— en Portland (Óregon), otra ciudad donde se han desplegado agentes federales en las últimas semanas. Los acusa de dar apoyo logístico a protestas, de revelar información privada de agentes y de interferir directamente en operaciones para proteger individuos supuestamente ligados a los carteles en procesos de deportación.

“Estas redes criminales no solo se resisten al Estado de derecho, sino que están llevando a cabo una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades”, afirmó la secretaria Kristi Noem en el comunicado oficial. “Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo ello por atreverse a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. No vamos a ceder ante estas amenazas, y todos los delincuentes, terroristas y extranjeros ilegales se enfrentarán a la justicia estadounidense”.

Las acusaciones de DHS juntan dos declarados enemigos del trumpismo que en ocasiones se han tocado, aunque en general se han mantenido como objetivos separados: por un lado, los migrantes y quienes los defienden, como las ciudades santuario, y por el otro, los carteles narcotraficantes latinoamericanos. A los primeros la Administración Trump les ha dedicado prácticamente toda la fuerza interna que puede desplegar el Gobierno federal —ha reclutado para tareas migratorias a miles de agentes de cuerpos como la DEA o el FBI y ha enviado tropas de la Guardia Nacional a llamadas ciudades santuario como Chicago o Portland— caldeando el ambiente a pesar de venderse como fuerzas pacificadoras. Y a los segundos los ha categorizado como grupos terroristas, lo cual le permite legalmente atacarlos directamente, incluso en el extranjero, como ha hecho con las supuestas narcolanchas que ha hundido en las aguas del Caribe cercanas a Venezuela en las últimas semanas.

Si en cada caso anterior las declaraciones acusatorias presentadas sin pruebas por el Gobierno fueron el preámbulo de una acción militar —supuestos disturbios dirigidos por Antifa para justificar el despliegue de la Guardia Nacional, por ahora desmentidos por dos jueces que han paralizado la movilización militar interior—, este nuevo escalamiento puede tener consecuencias imprevisibles.